Condena al anterior Gobierno de Aragón por infringir derechos de alumnos de Educación Especial
En su sentencia, hecha pública hoy por el TSJA, la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal estima la demanda conjunta interpuesta por padres de 13 alumnos de un grupo de centros educativos por la falta de actuaciones concretas para estos alumnos, retrasos en la dotación de medios, insuficiente previsión de recursos, o bien a la necesaria presencia, en algún caso, de uno de los progenitores. «Falta de previsión, falta de dotación de apoyos necesarios es la conclusión que se desprende de la narrativa descrita antes y que no se ha visto contradicha en momento alguno por la Administración», señala la resolución judicial, que rechaza los argumentos del letrado del Gobierno aragonés de circunscribir los hechos a un problema de legalidad por falta de recursos económicos suficientes.
A juicio de los magistrados, «nos hallamos ante un problema eminentemente prestacional, lo cual, en supuestos tan especialmente cualificados y significados como los que presentan los alumnos de las familias demandantes, no significa, contra lo que pretende la Administración, que nos encontremos ante un problema de mera legalidad ordinaria sino, antes bien, a un problema de vulneración de derecho fundamental». «Un problema, ciertamente, prestacional, que afecta a alumnos, a niños con serios problemas y trastornos de espectro autista en unos casos, en otros, con parálisis cerebral, epilepsia, problemas de desarrollo motriz severos, pero que no afectan sin embargo a su desarrollo cognitivo», subraya la sentencia.
En aras de esta argumentación, la sala condena al Gobierno aragonés a adoptar los medios necesarios en los centros de los padres denunciantes (Centro Alborada, CPI Espartidero y los CEIP Mariano Gaspar, Parque Europa y Reino de Aragón) para que se puedan cumplir los objetivos de atención a estos alumnos con necesidades especiales, así como al pago de las costas generadas, hasta un máximo de 1.500 euros.