El PSOE defiende ahora una moción en el Senado para "reforzar la implementación de la IA en la educación"

El Grupo Socialista defenderá en la Comisión de Educación, FP y Deportes del Senado una moción para reforzar la formación del profesorado en materia de inteligencia artificial en el ámbito educativo. Los socialistas explican que «los retos asociados a la implementación de la inteligencia artificial en la educación son múltiples y complejos, abarcando desde cuestiones éticas y de privacidad hasta la necesidad de adaptar las metodologías de la enseñanza y el aprendizaje a un entorno digital cada vez más sofisticado» e instan al Gobierno en esta iniciativa a «continuar con la formación abierta, masiva y gratuita para el profesorado de los distintos cursos en materia de Inteligencia Artificial organizados por el ministerio». También proponen la colaboración con las administraciones educativas, en el marco de la Conferencia Sectorial, para la mejora en la implementación de la inteligencia artificial en la educación.

El portavoz del PSOE de Educación, Manel de la Vega, será el encargado de defender la moción en Comisión. De la Vega, senador por Tarragona, ha explicado que “abordar la implementación de la inteligencia artificial en la educación formal será uno de los retos más importantes para toda la comunidad educativa”. También ha señalado que “hay aspectos curriculares, pero también en los modelos metodológicos, que cambiaran con la IA, y eso supone que nuestros docentes tendrán que adquirir habilidades nuevas en su formación continuada”. De la Vega ha concluido explicando que “como la IA reviste de mucha complejidad, es muy importante que las administraciones educativas tengan espacios de colaboración e intercambio de experiencias en el marco de la Conferencia Sectorial para afrontar este gran desafío”.

La semana pasada, el Grupo 9 de Universidades (G-9) denunció la reciente cancelación por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de la convocatoria de ayudas a la investigación sobre inteligencia artificial, a la que tenía previsto destinar 31 millones de euros procedentes de fondos europeos. Lo hizo en una rueda de prensa posterior a la asamblea general que el G-9 –conformado por aquellas universidades públicas que son las únicas de titularidad estatal en sus respectivas comunidades autónomas– celebrada el viernes pasado en la Universidad de Oviedo.

El grupo lo calificó de situación “insólita, que menosprecia el intenso trabajo de diversos grupos de investigación”, por lo que, según afirmó, están estudiando las «vías legales oportunas» para la impugnación de dicha resolución.

El G-9 está conformado por la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Extremadura, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Oviedo, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia como entidad colaboradora.