La nueva ley de Inspección Educativa reconoce categorías pero no cierra el nivel retributivo

Según el último texto que el Ministerio de Educación ha enviado a los representantes del sector público y al que ha tenido acceso Efe, el nuevo Real Decreto –que actualizará la primera norma inspectora nacida en 1995– insta a las administraciones educativas competentes a reconocer los complementos retributivos que deben cobrar los inspectores según su consideración. En este sentido, la nueva norma no concreta niveles ni incluye la recomendación del Consejo Escolar del Estado de especificar en el texto que «se garantizará que el nivel de complemento de destino asignado supere en al menos dos niveles al asignado a cualquier cuerpo de catedráticos de la función pública docente no universitaria».

El Consejo Escolar señaló en la fase de alegaciones a la ley que debían revisarse los distintos complementos de nivel de todos los cuerpos docentes, «configurándose el complemento de nivel del cuerpo de inspectores de educación como el más alto de los cuerpos docentes, ya que una de sus funciones es la de supervisión y evaluación del profesorado del resto de cuerpos».

Por otra parte, el nuevo borrador, que analizará la Mesa Sectorial de la Función Pública Docente previsiblemente el próximo martes, 14 de enero, y que podrían ver los directores generales de las consejerías de Educación al día siguiente, señala que para acceder al cuerpo de inspectores educativos por oposición se superarán tres pruebas, que tendrán un enfoque competencial. Serán la contestación por escrito a un cuestionario de entre 20 y 30 preguntas de desarrollo breve, la realización por escrito de una prueba práctica y la exposición oral de un tema.

El presidente de la Unión Sindical de Inspectores Educativos (USIE), Jesús Marrodán, ha lamentado a Efe que el cuestionario de preguntas no sea un test de 200 cuestiones con cuatro opciones a elegir «vinculadas a un temario actualizado» al tiempo que recuerda que la nueva norma establecerá unas prácticas de hasta un año y «no limita la duración a seis meses», como pedían. Marrodán critica que el Gobierno «no haya tenido en cuenta ni nuestras alegaciones ni las del Consejo Escolar del Estado» y el Comité Ejecutivo de USIE ha anunciado en un comunicado que llevará a cabo movilizaciones «si no se atienden las demandas del colectivo».

Las quejas también se centran en el actual sistema de convocatorias de oposiciones. Según el texto del último borrador las administraciones educativas publicarán de forma periódica las convocatorias con el objetivo de reducir el número de plazas vacantes cubiertas con inspectores e inspectoras accidentales en comisión de servicios y en todo caso, cuando el número de vacantes haya alcanzado el 30%, deberán convocar procedimiento selectivo en un plazo no superior a dos años.

En las convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores las administraciones podrán reservar hasta un tercio de las plazas para la provisión mediante concurso de méritos destinado al profesorado que hayan ejercido al menos durante tres mandatos el cargo de director o directora. También establece un porcentaje de reserva correspondiente a las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%. Al respecto, USIE pedía establecer porcentajes diferenciados en las convocatorias según el tamaño de las plantillas (8% para plantillas de al menos 150 inspectores, 10% de 100 a 149, 15 % de 25 a 99, y 20% para plantillas menores de 25).