Escuelas Católicas de Madrid se rebela contra la nueva tasa de basuras del Ayuntamiento de la capital
El secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, Emilio Díaz.
La nueva la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Servicios y Actividades relacionados con el Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Madrid publicada en el BOAM del 27 de diciembre de 2024, no recoge ningún tipo de reducción para los centros de enseñanza concertada, ni para las entidades sin ánimo de lucro, como sí lo hacía hasta la fecha. Además, los importes de las nuevas tasas son más elevados que las precedentes.
El Ayuntamiento de Madrid calcula la tasa basándose en los metros cuadrados de los que dispone cada centro educativo, estableciendo como tope de la tasa –al estar incluidos en la calificación catastral de “actividad cultural”–, un montante máximo de 20.000 euros. Sin embargo, en otros municipios de la Comunidad de Madrid, esa tasa podría incrementarse significativamente. Dadas las dimensiones de los centros, la cuantía de las tasas resulta «inasumible para la mayoría», dice la patronal ECM.
Por este motivo, Escuelas Católicas de Madrid considera «indispensable» que la cuantificación de la tasa se realice «con arreglo a criterios sensatos y realistas, aplicando parámetros acordes a la capacidad de generación de residuos del centro educativo».
Por toto ello, y con el objetivo de que lleve a cabo una «impugnación de la Ordenanza, para intentar que sea anulada», Escuelas Católicas va a presentar un recurso contencioso-administrativo «contra las distintas ordenanzas que resulten lesivas y, muy especialmente dado su impacto, contra la del Ayuntamiento de Madrid». Asimismo, se ha solicitado a la Consejería de Educación la ampliación del módulo de conciertos para hacer frente a la tasa.
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que entiende la decisión de Escuelas Católicas de presentar un recurso, porque «es una tasa que va a generar una notabilísima inseguridad jurídica».
El Gobierno de Pedro Sánchez se había escudado en la Directiva comunitaria para defender este “tasazo” y aprobaron una ley por la cual a partir del 10 de abril del 2025 será obligatoria para todos los municipios españoles la implantación de esta “tasa de basuras” o la “prestación patrimonial de carácter público no tributaria” por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos.