Steilas recurrirá la orden del Gobierno vasco sobre el reparto del alumnado vulnerable
Fuentes del sindicato han señalado que trabajan con los servicios jurídicos de la central para interponer el recurso al considerar que el cambio en el criterio establecido no logra el objetivo que se afirma perseguir de la distribución de manera equitativa de ese alumnado con el fin de evitar la segregación. Para el nuevo curso, los centros educativos sólo tendrán que reservar dos plazas para estudiantes desfavorecidos si reciben menos que los planificados inicialmente. Para Steilas, «puesto que a día de hoy apenas hay centros concertados que no reciban dos estudiantes vulnerables, este supuesto intento de reparto del alumnado ha quedado totalmente desactivado».
El sindicato ha lamentado que «el departamento de Educación ha necesitado tres cursos –desde que se creó el llamado índice de vulnerabilidad con el fin de identificar al alumnado vulnerable y definir el porcentaje de plazas a reservar en cada centro– para anular esta orden que no gusta a la patronal». El anunciado no es el primer recurso promovido por Steilas contra actuaciones del Departamento de Educación. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJPV) estimó un recurso interpuesto por el sindicato y la confederación Ehige (asociación de padres y madres de la escuela pública vasca) y anuló, por carecer de una memoria justificativa, el decreto del Gobierno Vasco que modifica los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria.
El sindicato Steilas denuncia, en plena campaña de matriculación en la escuela pública, que el Departamento de Educación ha venido actuando con el objetivo de «rescatar» a los centros privados concertados ante la caída de la natalidad. «Parece que el Gobierno vasco lo tiene claro, y es por eso que el 21 de diciembre de 2023 aprobó una ley educativa que equipara red pública y privada» y «junto con esta ley modificó dos decretos, el de admisión y planificación, que inciden de forma directa en la supervivencia de la escuela pública vasca y que activan un rescate a la privada», señala el informe, que lleva por título «La educación no está en venta».
El sindicato analiza las medidas adoptadas por el Gobierno que han provocado que, a día de hoy, «las dos redes se ven avocadas a pelear por el alumnado en una lógica de libre mercado donde la mercancía es el alumnado y la financiación es pública en ambos casos». Steilas defiende que ante el descenso de la natalidad, «sería necesario limitar la oferta educativa de los centros privados» para que la escuela pública «fuera el elemento vertebrador» del sistema educativo.
Critica que, por el contrario, existe una «sobreoferta» de los centros privados, que excede en ocasiones el índice de natalidad de los municipios y que solo puede cubrirse transportando alumnos. Pone como ejemplo el caso de Loiu, municipio vizcaíno al que llegan «135 autobuses al día» porque en él se ofertan 318 plazas mientras en la localidad «nacen al año 11 niños». Según Steilas, «huelga explicar qué motiva a esas familias a desplazarse a los centros elitistas de Loiu donde sus descendientes pueden jugar tan solo con quienes se les parezcan».
El sindicato añade: «Lo que nadie parece entender es que el futuro de nuestra comunidad será mucho más diverso de lo que a algunos les gustaría, ya que el 30% de las criaturas que nacen al año en la comunidad autónoma tienen progenitores migrados». Entre otras medidas adoptadas por el Gobierno vasco, según Steilas, para asegurar la supervivencia de los centros concertados, la central menciona que en el curso 2022-23 «les bajaron las ratios mínimas para recibir el concierto de 17 a 13 estudiantes» y que «entre 2022 y 2024 se han incrementado los módulos económicos en torno al 13%». Además, denuncia el sindicato, «se han concertado aulas de 2 años, para lo que el Departamento de Educación ha tenido que invertir 15,4 millones más en la privada».
Todas estas medidas han supuesto en los últimos dos años «un incremento de 124 millones de euros en la red concertada», asegura. Steilas también denuncia en su informe «las medidas ineficaces» adoptadas por el Departamento de Educación, como las dirigidas a la distribución de alumnado vulnerable, entre otras razones, porque «no funciona meter en el mismo saco al alumnado socioeconómicamente vulnerable y al alumnado que no tiene problemas socioeconómicos» y por la posibilidad «de cometer fraude en los diagnósticos».
Para Steilas, se trata de una medida «estéril» para hacer frente a la segregación, pero que sirve al Departamento de Educación «para dar la impresión de que se está haciendo algo». En su opinión, «hay que tomar medidas contra la segregación, pero que sean eficaces, como limitar la oferta de los centros concertados».