Canarias acreditó en 2024 a 3.493 personas en competencias profesionales, un 59% más que en 2023

En 2024, la Consejería de Educación acreditó en competencias profesionales a 3.493 personas, lo que supone un 59% más que en 2023 y algo más del triple que en 2021. Estas cifras, según el director general de Cualificaciones Profesionales, Alfredo Espinosa, se deben al cambio en el procedimiento y a la incorporación de hasta 1.500 docentes de Formación Profesional (FP) y asesores, al mismo tiempo que se mantienen tribunales permanentes durante todo el año.

“El procedimiento de acreditación de competencias, es un conjunto de actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o de vías no formales de formación; esto permite completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título de formación profesional o de un certificado profesional. Muchos se incorporaron al mercado laboral sin titulación oficial. Además, hay que recordar que en Canarias el abandono escolar es uno de los más altos del país”, explica Espinosa.

“La nueva ley Orgánica de 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional, reconoce que no se han cumplido los objetivos que se habían marcado en materia de acreditación”, recuerda Espinosa. Entre 2009 y 2019, en España se habían acreditado 300.000 personas frente a los más de 11 millones de potenciales usuarios, señala el director general. En Canarias, en ese mismo periodo, en torno a 15.000 personas obtuvieron la acreditación de sus competencias profesionales; sin embargo, los usuarios potenciales del procedimiento superan las 548.000 personas, atendiendo a las estadísticas del Observatorio Canario de Empleo (Obecan), de la población activa de entre 25 y 64 años, con un nivel de estudios desde “sin formación” hasta “Bachillerato”.

Espinosa reconoce que “el procedimiento, tal como estaba antes, era muy dogmático. Estaba muy orientado a la evaluación académica de las competencias”. La nueva ley ha introducido elementos de flexibilidad en varios órdenes, con el fin de hacer accesible este procedimiento a la ciudadanía y que sea entendido como un derecho permanente que abre oportunidades de mejora en los ámbitos formativo y laboral, explica.

Además, la normativa que desarrolla la mencionada ley ha permitido incorporar a funciones de asesoramiento y evaluación a más profesorado de FP, pasando de 300 a más de 1.500. Antes se realizaban “convocatorias anuales, y en cada una de ellas se tenían que montar las comisiones para designar al profesorado evaluador. Ahora, las comisiones de evaluación son permanentes y los asesores –para aquellas áreas en las que no hay docentes de FP porque en las islas faltan dos ramas profesionales– están registrados. En Canarias hemos aprovechado las posibilidades que nos da la ley para aplicarlas, y desde el año pasado, las comisiones son permanentes”.

Tras analizar la documentación aportada por la persona solicitante, incluyendo los contratos de trabajo y su vida laboral, “se le realiza una entrevista, que no es un examen oral”, matiza Espinosa. “Se trata de dilucidar qué es lo que ha hecho en su vida profesional, porque a veces los contratos y las funciones no se alinean. Por ejemplo, una camarera de piso que trabaja en un hotel, y como confían en ella porque lleva muchos años, le asignan la responsabilidad de coordinar un grupo. En ese caso, ya no estamos hablando de una camarera de piso, sino de una gobernanta”, advierte.

Espinosa pone énfasis en que la entrevista “es lo más alejado a un examen” porque trata de acoger a personas que se desvincularon del sistema educativo. “Nos encontramos con situaciones de personas que por las circunstancias que fueran abandonaron el sistema educativo y pasados los años, casi al borde de la jubilación, descubren un procedimiento administrativo que les reconoce su experiencia y que la certifica, ofreciendo la posibilidad de obtener título oficial por primera vez en su vida”, explica.

Pero el procedimiento va más allá de la acreditación de competencias. A la persona asesorada se le proporciona en función de su perfil un informe que con la identificación de itinerarios formativos que faciliten el aprendizaje a lo largo de la vida, de manera que se incentiva la inserción de los trabajadores en procesos de reciclaje formativo (reskiling y upskiling), el incremento de su cualificación profesional y favoreciendo la empleabilidad, la movilidad de los trabajadores en coherencia con las necesidades y dinámica del mercado laboral, la promoción dentro de la empresa o un mejor encuadre dentro de las categorías profesionales de los convenios colectivos (mejoras salariales), lo que implica para las empresas mejoras en la gestión de recursos humanos, resalta Espinosa, quien recuerda que en España se prevé un “notable desajuste en los niveles de cualificación para el año 2030 en comparación con la media de la Unión Europea”. Mientras que en el conjunto de la UE se espera que el porcentaje de personas con un bajo nivel de cualificación sea del 15%, en España llegará al 30%.

En 2023, se acreditaron 7.190 unidades, lo que equivale a una media de 3,2 unidades por cada una de las 2.199 personas que culminaron el proceso, una cifra similar a la de 2024, cuando 3.493 personas certificaron 10.683 unidades competenciales en Canarias.

La Dirección General, recuerda Espinosa, está implementando los objetivos fijados en un plan estratégico que se redefine anualmente con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con el propósito de difundir y promocionar la acreditación de competencias profesionales y contribuir a un mercado laboral más cualificado, competitivo e inclusivo, que sea de general conocimiento de trabajadores y empresas como herramienta de mejora de la competitividad.