El 48% de los universitarios de Baleares cursan sus estudios fuera de las islas
El conseller se ha reunido en Madrid con el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual.
El sindicato alerta en su informe del deterioro de la universidad pública ante una financiación mermada y que depende fundamentalmente de las tasas de matrícula que pagan las familias, cuyo gasto medio por estudiante es de unos 1.400 euros al año. En un informe sobre el gasto en educación superior elaborado por la Fundación 1º de Mayo, CCOO denuncia que existe una infrafinanciación que está afectando a la calidad del sistema público en beneficio de la universidad privada, que sigue creciendo. En el curso 2023-24 existían 50 universidades públicas y 41 privadas y las matrículas en estos centros han crecido un 368% desde 1999.
Las negociaciones para actualizar el real decreto de 2021 sobre creación de nuevas universidades lleva ya 11 meses estancado y el sindicato se suma a la petición del Congreso de endurecer los criterios para crear nuevos centros universitarios privados. CCOO pide regular por ley un mayor nivel de exigencia y una «moratoria en la creación y reconocimiento de nuevos centros». Se queja en su informe de que el gasto público en educación superior en España sigue siendo más bajo que el de la media de la UE y de la OCDE, con unos 14.432 euros por universitario frente a los 18.900 de los países más desarrollados.
La financiación de las comunidades autónomas es insuficiente y aunque la ley de Universidades (LOSU) está limitando los precios de las matrículas, los ingresos de las universidades públicas han caído un 14% en 2022 «lo que afecta a la calidad y al acceso». Además, señala que las tasas universitarias se han convertido en la principal fuente de ingresos de los centros públicos, siendo las más altas las de Madrid, Navarra y Cataluña. Cerca del 22% de los ingresos de las universidades públicas de Madrid y del 20 % de las de Cataluña provienen de las aportaciones del alumnado, indica el estudio. «Los hogares ven como una inversión el acceso a la universidad de sus jóvenes, un reto al que se enfrentan de manera desigual ante los recursos necesarios» recalca el documento presentado por el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
Otra de las críticas es que la universidad pública oferta un número de plazas inferior al número de solicitudes de primera opción en todas las ramas de grado, lo que obliga al alumno a buscar en centros privados o a tener que estudiar en otro territorio. «La imposibilidad de ofertar un mayor número de plazas está vinculada directamente con la falta de recursos presupuestarios (para disponer de más profesorado, personal, instalaciones, recursos) y de la voluntad política de la comunidad autónoma que debe autorizar dicho incremento en la oferta pública de plazas», señala CCOO, que calcula en unos 1.344 euros el coste por estudiante en un centro público, contando las matrículas, la residencia, el material y el transporte. Y las becas y ayudas «son insuficientes».
¿Dónde poner el foco?
Avanzar en el diseño de un mapa de titulaciones en el que el catálogo de titulaciones ofertadas por las universidades privadas y los centros adscritos a universidades públicas sea preferentemente complementario y no reiterativo o en competencia respecto a las titulaciones preexistentes en las públicas, es clave para CCOO. También abordar la «concentración de la oferta universitaria en lugares donde el coste de la vida es muy elevado» y cumplir con la inversión del 1% del PIB en educación como marca la LOSU.
Rebajar las tasas universitarias para facilitar el acceso y reducir la segmentación de clase existente en los distintos niveles de estudios y las distintas comunidades autónomas, es otra de las propuestas sindicales.
El gasto de los hogares, desigual en el Estado
Madrid se encuentra a la cabeza entre las comunidades con hogares que destinan más recursos a la educación superior (en 2023 el gasto fue de 449,4 euros anuales por hogar) mientras que Extremadura se encuentra a la cola (88,9 euros anuales). Y este gasto ha ido creciendo; desde 2006 a 2023 ha pasado de suponer el 0,40% de media de los gastos de los hogares al 0,68%. Los mayores incrementos se han registrado en Madrid (subida del 140%) y en Cataluña (un 117,4% más).
Vera pide al Ministerio de Educación más profesores y mejor financiamiento para la UIB
El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha reclamado al secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, más financiación del Estado para la contratación de nuevo personal docente e investigador para la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Así lo ha solicitado Vera en una reunión acompañado por Jaume Carot, rector de la UIB, y el director general Sebastià Massanet, en el marco de la Comisión de Seguimiento del convenio María Goyri, ha informado la Conselleria en una nota.
Vera ha precisado que la UIB requiere 238 nuevos profesores ayudantes doctores para aplicar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), debido a que esta ley conlleva la reducción de la dedicación docente de algunas figuras del profesorado, y es necesario suplir esta reducción para mantener el buen funcionamiento de la actividad universitaria. Tanto el conseller como el director general han puesto sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno de España asuma el impacto económico que tiene la LOSU, tal como determina la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.
La aplicación de la LOSU ha reducido la capacidad docente de la UIB en 42.840 horas, equivalente a la docencia de todas las ingenierías, el grado de Matemáticas y el grado de Medicina, han explicado desde la Conselleria. Por eso, el responsable autonómico de Educación ha insistido en la necesidad de que haya “un mejor financiamiento”, porque existe un déficit de 210 profesores que Baleares debe asumir.