Investigan si hubo agresiones previas a la del menor con discapacidad en IES en Santander

Los cuatro menores involucrados en la agresión a otro con discapacidad en este IES de Santander, que han sido expulsados de forma cautelar cinco días por este hecho, podrían tener que cambiar de centro como sanción más grave dentro del procedimiento administrativo. Además, la Fiscalía de Cantabria ha informado a Efe que ha abierto diligencias contra los cuatro menores que supuestamente acosaron a a su compañero en este instituto.

El consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, ha garantizado que no hay interacción entre el menor con discapacidad agredido y los cuatro participantes en los hechos. Silva ha vuelto a condenar lo sucedido y ha mostrado su repulsa, ya que, a su juicio, «revuelve el estómago» ver las imágenes difundidas en redes sociales. «Es muy triste que alumnos menores de edad se vean involucrados en esa situación», ha dicho.

A preguntas de los periodistas, en su visita a un colegio del municipio de Colindres, Silva ha mostrado su «máxima protección y acompañamiento» al menor y a toda su familia, ya que están viviendo una situación «bastante complicada». Ha explicado que desde que el instituto fue conocedor de los hechos se activó un procedimiento disciplinario que, actualmente, se encuentra paralizado porque hay unas diligencias abiertas en la Fiscalía.

Cuando acabe el procedimiento judicial, el expediente administrativo disciplinario terminará «con las sanciones que tenga que acabar». La más grave es el cambio de centro, ha apuntado. También se ha activado un procedimiento de acoso escolar para determinar si se trata de un acto de acoso, «no tanto por el episodio en sí, sino por lo que haya podido suceder anteriormente». «Estamos en una situación en la que hay un control permanente sobre la víctima para que no esté en ningún momento solo, tanto en el aula como fuera. Equipo docente, profesores de apoyo, orientadora y técnico socio-sanitaria que acompañan a este menor por sus especiales características hacen que en ningún momento se encuentre solo», ha reiterado el consejero.  Y ha destacado que lo más importante es que fuera del aula esté vigilado y supervisado para que no vuelva a ocurrir. «Eso es lo que garantizamos. No hay interacción entre ellos porque esa supervisión permanente del menor va a hacer que nunca esté solo tanto en el aula como fuera», ha apostillado.

Se ha hablado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que atiendan «no solo la situación del menor, sino el entorno que se está generando».

Atención emocional

El consejero ha insistido en la importancia de la atención emocional de la víctima, de sus compañeros en el aula y de la comunidad del centro educativo, porque están «en el foco mediático» y hay que «intentar controlar que todo eso sea asimilado» de una manera «lo más normalizada posible». El instituto donde se han producido los hechos no tiene «una especial conflictividad», ha asegurado Silva. «Lo que hemos visto es una situación límite, una agresión en toda regla, pero en la comunidad educativa de Cantabria no estamos acostumbrados a estas situaciones», ha abundado.

«Insisto en que estamos hablando de menores de edad y es un asunto que ha saltado a medios, está circulando un montón de información en todos los sentidos, y creo que hay cuestiones de seguridad y de proteger a menores de edad que debemos de tener todos muy presentes», ha añadido.

En los procedimientos con menores investigados, es la Fiscalía la que se encarga de la instrucción, a diferencia de los casos en los que hay mayores de edad involucrados como presuntos autores, en los cuales es el juez de instrucción el que investiga los hechos. Así, en un procedimiento con menores como investigados, el Juzgado no interviene salvo que se quiera adoptar una medida cautelar o que afecte a derechos fundamentales, como puede ser si requiere el volcado del contenido de un teléfono móvil, o la entrada en un domicilio, por ejemplo. En esos casos, es la Fiscalía la que pide que se practique esa medida y resuelve, en una pieza separada, el juez de Menores (en el caso de Cantabria jueza).

Pero la instrucción, en el caso de los menores que tienen la condición de investigados, la hace la Fiscalía, que toma declaración a los perjudicados, a los testigos, y a los denunciados y, además, se encarga de pedir las pruebas periciales (de tasación de daños, médicas, o de la índole que sean). En la instrucción por parte de la Fiscalía hay una primera parte, en la cual se incoan unas diligencias preliminares, que son reservadas y que solo conoce el fiscal. Si avanzada la instrucción el fiscal decide continuar con el procedimiento se incoa ya un expediente de reforma.

Equipo psicosocial

En los procedimientos con menores investigados es crucial el papel del equipo psicosocial adscrito a la Fiscalía y al Juzgado. Lo integran perfiles técnicos, de educador y trabajador social y psicólogo. El menor investigado hace una entrevista con esee equipo técnico, que también suele entrevistarse con la familia para conocer las circunstancias del entorno, y también psicológicas, sociales y educativas de estas personas involucradas en el procedimiento. Estos técnicos completan con los datos recabados un informe en el que, en función de las circunstancias del menor, valoran qué medida o intervención socioeducativa es la más adecuada para el caso. Es decir, este equipo propone qué medida se puede aplicar y en un alto porcentaje de casos la Fiscalía sigue ese criterio.

Los juicios en los casos de menores son a puerta cerrada y es habitual que víctimas especialmente vulnerables acudan acompañadas de personas de confianza, y que se evite que denunciantes y denunciados coincidan de forma directa o se encuentren. A diferencia del sistema penal para adultos, el enfoque en los expedientes de reforma de menores es la rehabilitación y la reintegración social.