La Comunidad de Madrid no permitirá trabajar de forma individual con dispositivos digitales en Infantil y Primaria

DOCUMENTOS: Borrador de Decreto por el que se regula y limita el uso de dispositivos digitales (PDF)

La Comunidad de Madrid ha decidido sumarse la resto de comunidades que limitan o prohíben el uso de dispositivos digitales (incluidos los móviles) en los centros escolares. En concreto y según el borrador de proyecto de Decreto al que ha tenido acceso MAGISTERIO, la CAM pretende regular y limitar el uso de dispositivos digitales (ordenadores, tabletas o similares y teléfonos móviles) de forma individual en los centros educativos sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de Infantil, Primaria y Secundaria obligatoria en su ámbito territorial. Además, se evitará que los alumnos tengan que hacer sus tareas en casa utilizando dispositivos digitales.

En Infantil y Primaria no se permitirá trabajar de forma individual con dispositivos digitales. Asimismo, no se permitirá que los docentes programen la realización de tareas académicas fuera del horario escolar que exijan la ejecución de las mismas a través de dispositivos digitales. En la ESO los centros «delimitarán el uso individual de dispositivos digitales según las características de las enseñanzas impartidas, la edad y el grado de madurez de los alumnos».

Los centros garantizarán que aquellos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que lo requieran, conforme a lo dispuesto en su informe psicopedagógico o médico, puedan utilizar dispositivos digitales de uso individual en cualquier etapa educativa y siempre que lo necesiten, sin que les afecten las limitaciones anteriores.

Por otro lado, en la enseñanza de saberes básicos, en toda la enseñanza primaria y secundaria, se «primará el uso de los libros en papel, de la escritura a mano, la caligrafía, del dibujo, de la memorización, y la exposición oral, limitando al máximo la enseñanza de estos saberes básicos a través de medios digitales».

El borrador también señala que en aquellas materias optativas, áreas, proyectos integrados o programas institucionales implementados por la Consejería con competencias en materia de educación que completen la oferta formativa de los centros, cuando sea necesaria la utilización de dispositivos digitales para la adquisición de las competencias específicas, se permitirá el uso individual de dispositivos digitales, según la carga horaria semanal establecida en la normativa correspondiente.

En el caso de los centros docentes que a la entrada en vigor del presente decreto tengan implantado un Proyecto Educativo que requiera el uso individual de dispositivos digitales para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, dispondrán hasta el 31 de agosto de 2026, para adaptarse al citado decreto.

De modo general, el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos digitales de uso individual no estará permitido a los alumnos en los centros docentes durante la jornada escolar, entendida como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados a las actividades complementarias y extraescolares. Se permitirá –en cambio– el uso de estos dispositivos a los alumnos que lo requieran por razones de
necesidad y excepcionalidad, conforme a lo dispuesto en la normativa de convivencia del centro.

El Gobierno pretende que el nuevo decreto esté en vigor a partir del curso 2025-26, pero su aplicación se podrá retrasar al curso 2026-27 en aquellos centros que ya tengan implantado un programa docente que incluya un dispositivo individual por alumno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García, ha afirmado que Madrid es «la primera comunidad autónoma» en establecer esta regulación». «Lo que queremos es volver a la esencia de la educación tradicional, pero, eso sí, adaptada al presente (…), la vuelta a los dictados, la vuelta a la atención, a la caligrafía, a la ortografía, al libro de texto, a los cuadernos…», ha afirmado García. Así, aunque los currículos de Infantil y Primaria seguirán abordando «las competencias digitales» (sí se contempla el uso de dispositivos en materias optativas y proyectos donde sean «imprescindibles»), se establecerán limitaciones «para que se haga un uso equilibrado de las nuevas tecnologías».

«Consideramos –añaden– que el debate debe centrarse en cómo integrar la tecnología de manera adecuada en el aprendizaje, sin restringir la autonomía de los centros ni la capacidad de las familias para elegir el modelo educativo que mejor se adapte a sus valores y necesidades». Por ello, piden un «espacio de diálogo y participación del sector educativo en el proceso de redacción del decreto, asegurando que todas las voces del sector educativo sean escuchadas». Es «fundamental seguir construyendo espacios de encuentro, reflexión y consenso para abordar juntos los desafíos educativos del presente y del futuro», concluye el comunicado.

Por su parte, Escuelas Católicas de Madrid (ECM) ha denunciado la «ausencia de diálogo» ante una medida «radical» que afecta a la «autonomía educativa y pedagógica» de los colegios y a la libertad de elección de las familias.

En un comunicado considera que la prohibición del uso individual de pantallas en Infantil y Primaria a partir del próximo curso es «una medida taxativa que se contradice con los principios de libertad, pluralidad y calidad de enseñanza postulados por la Comunidad de Madrid y que, sin duda, preocupa enormemente a los 340 centros que conforman la red de ECM, al ver vulnerado su derecho a desarrollar un proyecto educativo propio y, sobre todo, elegido libremente por las familias».

Para ECM, el uso de dispositivos digitales requiere de un debate profundo «que incluso debiera liderar la escuela», «pero en ningún caso podemos hacerlo obviando el derecho de los titulares a establecer los proyectos educativos de sus centros». Al tiempo, hacen mención al artículo 121 de la LOE, que establece que el proyecto educativo del centro es competencia de su titularidad, lo que supone que la acción educativa, y con ella la orientación pedagógica, las metodologías implantadas, los recursos didácticos y, en su caso, la digitalización, forman parte de este proyecto educativo. Por otro lado, añaden, el artículo 111 de la LOMLOE señala que las titularidades de los centros están obligadas legalmente a implementar estos procesos de digitalización.

«Desde ECM defendemos la autonomía de los centros y el trabajo emprendido durante muchos años en sintonía con una sociedad digital, para la cual tenemos la obligación de “alfabetizar” a nuestros alumnos. Y por supuesto, nos ponemos a disposición de la Administración y del resto de los agentes sociales para hablar sobre este asunto, de modo que la normativa resultante sea coherente con el entorno y respetuosa con el proyecto educativo, siempre en pro de una educación de calidad, plural y libre», concluye el comunicado.

Desde CICAE consideran que prohibir el uso de dispositivos digitales en los centros educativos supone «un retroceso en la modernización del sistema educativo y en la preparación de los alumnos para el siglo XXI». «La educación debe avanzar al ritmo de la sociedad y formar a estudiantes con las competencias necesarias para un futuro cada vez más digitalizado», afirma esta organización en un comunicado. «Porque la tecnología no reemplazará a los trabajadores, pero los trabajadores que sepan usar la tecnología reemplazarán a quienes no sepan hacerlo», afirman.

Los  colegios privados llevan años apostando por una «integración pedagógica de la tecnología en el aula, con excelentes resultados académicos, avalados con las evaluaciones de pruebas internacionales, como PISA», recuerdan. «Defendemos un uso responsable de los dispositivos digitales, con metodologías que fomentan el aprendizaje, el pensamiento crítico y el bienestar del alumnado». «La clave no es eliminar la tecnología, sino educar en su buen uso», señalan.

Por su parte, FSIE Madrid considera fundamental que “cualquier normativa en materia educativa se elabore desde el diálogo y con la participación de todos los agentes implicados”. Así lo ha explicado en un comunicado el sindicato que representa a los profesionales de la enseñanza privada y concertada, donde ha asegurado que defienden “la libertad de elección de centro y el respeto a los proyectos educativos de cada institución, garantizando así una educación plural y adaptada a las necesidades del alumnado”.

FSIE ha afirmado que estará «atento al desarrollo de esta normativa y velará porque se tenga en cuenta la opinión y experiencia de los docentes», tanto de la enseñanza pública como de la concertada y privada. “Creemos que cualquier regulación en este ámbito debe contemplar la diversidad de metodologías y realidades educativas de nuestros centros”, aseguran desde el sindicato.

Tras consultar con sus delegados y afiliados sobre esta medida, FSIE ha explicado que, como no podía ser de otra manera, “su respuesta es de calma y prudencia, a la espera de cómo se desarrolle el proyecto normativo”, al mismo tiempo que han asegurado que confían en que el proceso “se lleve a cabo con el diálogo necesario y con la participación de todos los sectores implicados en la educación”.

Finalmente, el sindicato madrileño ha instado a la Administración a “mantener un diálogo abierto y transparente con los profesionales de la educación antes de la aprobación definitiva de la norma”. FSIE Madrid ha explicado que seguirá trabajando para que “las decisiones en materia educativa respondan siempre al interés de los alumnos y respeten la autonomía de los centros y la labor docente”.