Las seis universidades públicas de Madrid han recibido denuncias de acoso sexual

Todas ellas cuentan con una Unidad de Igualdad y con protocolos de prevención y detección de la violencia sexual, como obliga la legislación, aunque admiten que no todos los casos se denuncian y abogan por hacer campañas de visibilización. El desconocimiento de los protocolos, el miedo a represalias o la impresión de que el proceso será largo son razones que disuaden de denunciar, por lo que las unidades de Igualdad consultadas por EFE ven márgenes de mejora, por ejemplo, en la difusión y agilización de estos protocolos siempre y cuando se mantengan «garantistas».

Cifras de acoso

En la Complutense (UCM) se han registrado 27 denuncias desde la aprobación de su Protocolo de Actuación frente al Acoso sexual y/o sexista, de ellas cuatro en 2022, catorce en 2023, seis en 2024 y tres en lo que va de año. Por casuística, del total de denuncias 10 son de estudiante a profesor, 9 de estudiante a estudiante, 3 de estudiante a personal técnico de administración y servicios (PTGAS), 3 de profesor a profesor, una de PTGAS a PTGAS, además de una estudiante que denunció a un paciente de clínica universitaria. En cuatro casos los denunciantes eran «personas conocedoras» de un presunto acoso, y en un caso en 2024 los denunciados eran «un grupo de unos estudiantes», según datos de la Unidad de Igualdad de la UCM.

En la Autónoma madrileña (UAM), en el curso 2021-22, la Delegación para la Prevención de Violencias Sexuales recibió 17 denuncias, 9 de ellas «procedentes», mientras que de las 24 recibidas en el curso siguiente solo 16 entraban dentro del protocolo contra la violencia sexual, según la Unidad de Igualdad de esta universidad. En el curso 2023-24, de veinte denuncias, 13 fueron de acoso sexual, sexista o por orientación sexual. En cuatro casos el agresor era externo a la UAM; en tres no hubo expediente disciplinario «por voluntad de la víctima», mientras que en otros tres casos se abrió procedimiento penal, dos por acoso entre estudiantes y uno de Personal docente e investigador (PDI) a estudiante.

La Rey Juan Carlos (URJC) reporta ocho expedientes de acoso en 2021-2024, con siete mujeres denunciantes. Tres casos se tipifican como acoso sexual con relación jerárquica, tres como acoso sexual entre estudiantes y uno como acoso de PDI a estudiante. En la Carlos III (UC3M) en el último año han llegado a procedimiento tres denuncias relativas a dos acosadores, «uno de los cuales terminó con sanción mientras que el otro tuvo medida cautelar y luego se resolvió internamente».

La Universidad de Alcalá (UAH) registró entre 2017-2019 cinco denuncias, ninguna en el bienio siguiente, tres en 2022-2024 y una este año, según su Unidad de Igualdad. En la Politécnica (UPM) ha habido de media cinco denuncias anuales por acoso entre 2015-2022, con un pico de ocho casos en 2018. En todos hubo medidas cautelares y en un caso se dictó sanción.

Encuesta de la Complutense

La Complutense (UCM), tras la polémica por la reciente denuncia de una alumna de la Facultad de Ciencias Políticas al profesor Juan Carlos Monedero, ha abierto una encuesta para conocer si alguien ha sido víctima o testigo de acoso sexual o sexista en los últimos tres años y que se valore su gestión en esa materia. La UCM es la única que cuenta con un Punto Violeta atendido por voluntarias, mientras que las demás están en proceso de crear Espacios Violeta en sus facultades con paneles, cartelería y códigos QR informando a la comunidad universitaria de los protocolos.

Posibles mejoras

Todas las universidades incluyen el apoyo psicológico en sus protocolos y coinciden en su voluntad de «avanzar en la prevención, detección y abordaje integral» de los derechos de las víctimas, junto con medidas de concienciación y sensibilización en aras de una política de «tolerancia cero». La Autónoma aboga por acabar con los obstáculos que hacen que las víctimas afronten esa situación sin denunciar y evitar así la cultura del silencio, haciendo que las denunciantes se sientan «arropadas».

Para la URJC, los protocolos deberían ser «más ágiles» porque posibles denuncias «se pierden por el camino», pero manteniendo «el punto equilibrio entre seguridad jurídica, presunción de inocencia y protección a la víctima». La UAH destaca la «agilidad» de su protocolo y de la puesta en marcha de medidas cautelares, y cómo sus campañas informativas han incrementado las denuncias. También la UC3M considera que muchos «no conocen el procedimiento. Hay que moverlo en redes, enviar de vez en cuando correos electrónicos para recordar», entre otros.