Nuevos modelos de aprendizaje y financiación en la Economía Digital

La educación ya no es un ciclo que comienza en la infancia y concluye con la obtención de un título universitario. En las últimas décadas, el aprendizaje se ha transformado en un proceso que se prolonga durante toda la carrera profesional. Este cambio es fruto de múltiples factores, pero, sin duda, el desarrollo tecnológico ha sido el gran catalizador de esta nueva realidad. Un informe del Foro Económico Mundial ya vaticinaba en 2023 que el 50% de los trabajadores necesitaría reciclarse o mejorar sus competencias en los cinco años siguientes para mantenerse competitivos, y en ese mismo desafió seguimos instalados.

En este nuevo paradigma, la formación ya no es un gasto inicial que se amortiza con el tiempo, sino una inversión recurrente y estratégica que impacta en la competitividad de las empresas y en la empleabilidad de los individuos. Este nuevo enfoque ha propiciado una modificación de la estructura del sector educativo. Junto a las universidades tradicionales han hecho su aparición en los últimos años plataformas de aprendizaje online, bootcamps o programas de certificación adaptados a las necesidades del mercado.

Ahora bien, esta transformación experimentada por el sector, que enfatiza en la consideración de la formación como una inversión, trae inevitablemente al primer plano  otro concepto estrechamente asociado, el de la financiación.

A este respecto, hay que recordar que los modelos de financiación de la formación vigentes en el mundo han sido muy diferentes en función del país en cuestión. Mientras que, en el mundo anglosajón, particularmente en Estados Unidos y el Reino Unido, el acceso a préstamos estudiantiles para estudios superiores, bien otorgados por bancos privados o por el propio Estado, ha sido un pilar fundamental del sistema, en España la financiación de este ciclo formativo ha seguido una lógica distinta.

El esquema que tradicionalmente ha prevalecido en nuestro país es aquel en el que el Estado subsidia una parte significativa de la educación universitaria, representada por una extensa oferta de centros públicos, manteniendo las matrículas a precios relativamente asequibles en comparación con otros países. Este modelo, complementado con becas y ayudas directas, ha permitido a muchos jóvenes acceder a la universidad sin necesidad de endeudarse, pero también ha generado ciertos desafíos, como una limitación del acceso de los jóvenes a estudios privados, especialmente a ciclos de postgrado o a programas especializados.

Las nuevas necesidades de formación, muy condicionadas por el extraordinario desarrollo de la digitalización, que prescribe nuevas capacidades y destrezas en unas empresas que experimentan una constante transformación de sus procesos, han disparado extraordinariamente la demanda formativa y con ella la oferta disponible. Y lo mismo ocurre con la mayor presión que perciben los jóvenes de cara a mejorar su preparación y competencias para acceder al mercado laboral. Baste mencionar como ejemplos de este nuevo paradigma que el alumnado matriculado en Formación Profesional ha aumentado en España un 33% en los últimos cinco años, y que las matriculaciones en títulos de postgrado, en idéntico periodo, lo han hecho en un 42%, según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Paralelamente a este extraordinario incremento de la demanda formativa se ha producido un enorme desarrollo de alternativas innovadoras en el campo de la financiación. Entre estos nuevos modelos, mediante los cuales los estudiantes sufragan sus estudios, figuran, por ejemplo, la financiación flexible, inspirada en las fórmulas aplicadas al comercio electrónico, que permite a los estudiantes acceder a formación sin necesidad de desembolsar el coste por adelantado. En lugar de pagar de inmediato, los alumnos pueden fraccionar el pago en cuotas y empezar a abonar la formación una vez empiezan a estudiar, y a lo largo de todo el curso.

Otro modelo innovador es el representado por la financiación ISA (Income Shared Agreement), que en español se ha traducido como “Acuerdo de Ingresos Compartidos”, que vincula el coste de la educación a la empleabilidad del estudiante. En lugar de pagar una matrícula fija, el estudiante se compromete a destinar un porcentaje de sus ingresos futuros durante un periodo determinado de tiempo.

Estas nuevas fórmulas de financiación presentan interesantes ventajas, algunas de ellas relacionadas con la motivación o el compromiso de los estudiantes con los estudios que eligen. Por ejemplo, el hecho de tener que asumir el coste de sus estudios hace que su elección no sea el resultado de modas o inercias académicas, sino de decisiones bien maduradas que se inclinan prioritariamente por programas que realmente facilitan la entrada en el mercado laboral. De ello, además, se deriva una menor tasa de abandono y, en general, un mayor aprovechamiento de los estudios.

Tampoco hay que perder de vista que estas nuevas soluciones de financiación han traído una suerte de democratización de la enseñanza especializada, en la medida en que permiten a estudiantes con una capacidad financiera limitada poder acceder a una formación que no podrían permitirse en caso de verse obligados a desembolsar, de una sola vez, su importe íntegro.

Por otra parte, esta transformación del mercado formativo está forzando también a las instituciones educativas a ser más competitivas, transparentes y orientadas a resultados. Si la educación se convierte en una inversión con retorno medible, los centros educativos deben garantizar que su oferta es relevante, actualizada y capaz de generar valor en el mercado laboral. Ello ha dado lugar a que los centros sientan la necesidad de actualizar sus programas con más frecuencia para alinearse con las demandas del mercado laboral y, adicionalmente, desarrollar relaciones estratégicas con empresas para mejorar la inserción laboral de los estudiantes.

En definitiva, este nuevo paradigma puede llevar, en el largo plazo, a un sistema educativo más eficiente, donde la financiación esté alineada con los resultados y donde la formación sea más flexible, accesible y adaptada a las necesidades del mercado. Todo ello dibuja un panorama en el que, a buen seguro, convivirán los nuevos modelos de financiación con otros más tradicionales. Ahora bien, el principal reto a afrontar por las instituciones educativas y financieras consistirá en asegurarse de que los esquemas de financiación sean sostenibles y justos para los estudiantes, y que no se genere una brecha de acceso a la formación entre aquellos que pueden asumir una deuda futura y los que no. Sin duda, son aspectos en los que deberá seguir avanzando la regulación del sector.

Petar Popov, director de Crecimiento de Aplazame