Un nuevo borrador de la Ley de Universidades suscita duras críticas de los sindicatos
El borrador, de 58 folios, ha llegado recientemente a los rectorados desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, según han confirmado a Efe fuentes de equipos rectorales que ya están trabajando en el texto. Según la CGT, el borrador supone «una revolución profundamente dañina del sistema de financiación, que obliga a que 1/3 de los ingresos de las universidades públicas provenga de captación de recursos privados, vía concurrencia en el mercado, mecenazgo o donaciones privadas».
Se contempla que las universidades «constituyan fondos de inversión, lo que implica ‘financiariazación’ de las universidades públicas, quedando así convertidas en entidades especulativas y destinadas al lucro privado», indica en un comunicado. Hay un «riesgo evidente» de cierre de títulos formativos (de grado o posgrado) y clausura de líneas de investigación que «no resulten rentables para el mercado», añade la CGT que subraya la «ausencia o infrarrepresentación del estudiantado en casi todos los órganos de gobierno del sistema universitario y de enseñanzas superiores».
Se prevé una «hiper-representación de las organizaciones empresariales» en dichos órganos, así como una «infrarrepresentación correlativa de los sindicatos, cuya presencia es capital» en la defensa de los trabajadores. Además de facilitar «que los centros privados se conviertan en centros universitarios, capitalizando la infraestructura y prestigio de estos», se potencia «el poder de control económico de los Consejos Sociales sobre el presupuesto de las universidades», y hay una «pérdida correlativa de autonomía docente e investigadora, y también de libertad ideológica».
Para UGT, la valoración del nuevo borrador «no es positiva, ya que busca legitimar una privatización del modelo universitario, incluso de las propias universidades públicas existentes». Según el borrador, para participar en concursos de profesor permanente laboral y «dar clases en figuras estables en la universidad será válida cualquier acreditación de agencias autonómicas, además de la propia Aneca, sin que exista un acuerdo de reciprocidad», añade UGT. Así, «alguien acreditado por la agencia vasca podrá concursar a una plaza de Madrid, pero no al revés. Y no se deja claro que vaya a existir una agencia de acreditación del profesorado madrileño». Pero lo «más grave» del borrador, además de no referirse a que la financiación pública deberá alcanzar el 1% del PIB autonómico», es que las universidades recurran «a financiación externa para cubrir el 30% de su presupuesto», concluye UGT.
Comisiones Obreras (CCOO) pide que la consejería aclare si el documento filtrado «es legítimo» y que sea difundido en su totalidad y abierto a la participación de la comunidad educativa. Según el borrador, la Comunidad financiaría «como mucho el 70% de los gastos corrientes» de las universidades, cuya privatización se impulsa «con la creación de fondos de inversión», y facilitando la apertura de universidades privadas «sin asegurar controles de calidad». Se incrementa «el control de los Consejos Sociales por el gobierno autonómico», según CCOO que expresa su «rechazo absoluto» al borrador.
Consultada por Efe, la Consejería de Educación se ha limitado a decir que «cuando el texto del anteproyecto esté terminado, lo presentarán para su aprobación en Consejo de Gobierno y posterior remisión a la Asamblea de Madrid».