Cinco universidades privadas no alcanzan el mínimo de alumnos fijado en el nuevo decreto

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la tramitación urgente de la reforma del decreto de 2021 sobre creación y autorización de universidades, cuyo borrador ya está abierto a audiencia pública pudiendo sufrir modificaciones. Las trece universidades privadas, con 112.000 estudiantes, representan ya el 51,4% del total de alumnos de la región, frente a los 217.671 de las seis públicas (Complutense, Rey Juan Carlos, Autónoma, Carlos III, Politécnica y Alcalá), según cifras de la Comunidad de Madrid del curso 2023-24. De ellas, las últimas cinco universidades creadas en la región se verán obligadas a captar miles de alumnos en los tres años siguientes a la entrada en vigor de la nueva ley, ya que según los nuevos estándares se les podría «incoar un expediente de revocación de la autorización de actividad universitaria» al no alcanzar el mínimo de matrículas para mantenerse abiertas.

En esta situación se encuentran Cunef Universidad Madrid, con 2.569 alumnos; ESIC Universidad con 2.539; Universidad Internacional de la Empresa (UNIE) con 2.248; Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) con 2.033, y la Internacional Villanueva con 2.001 alumnos, según cifras de la base de datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Nuevas solicitudes en trámite

Según el último informe de Comisiones Obreras (CCOO) sobre financiación universitaria, el Gobierno regional estaría tramitando actualmente cuatro nuevas solicitudes de universidades privadas: tres de nueva creación –Universidad Felipe II, Universidad TAI y Universidad Abierta de Europa–, además de la IE University que opera en Madrid pero tiene su sede fundacional en Segovia. La primera de ellas correspondería al Centro de Estudios Superiores Felipe II (CES Felipe II), ubicado en Aranjuez y adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, al igual que la Escuela Universitaria de Artes TAI, con sede en Madrid y dependiente de la misma universidad, mientras que la Universidad Abierta de Europa sería la única virtual, con ubicación prevista en Alcobendas.

Fuentes sindicales indican que, «de lo que se sabe sobre los espacios que han alquilado o que tienen previsto, no hay espacio para tantos alumnos. No parece que vayan a cumplir los requisitos de alumnado». Además, una universidad «no es una academia, ni es un centro para recuperar estudios. Tiene que haber docencia, investigación, y eso en muchos casos no se da», explican.

El nuevo borrador del Gobierno prevé que los procedimientos iniciados antes de entrar en vigor el decreto, aquellos en los que ya se hubiera llegado al trámite de audiencia de los interesados, seguirán rigiéndose por la normativa anterior. En ese caso, «dispondrán de hasta tres años desde dicha fecha para adaptarse a los nuevos requisitos», señala la disposición transitoria segunda que versa sobre la adaptación de universidades y centros universitarios ya existentes al nuevo decreto. El texto actual, que está abierto a audiencia pública, podría ser modificado con las enmiendas presentadas tanto por la comunidad educativa como por los sindicatos, organizaciones universitarias o entidades afectadas.

En toda España, en el curso 2023-24 existían 50 universidades públicas y 41 privadas y las matrículas en estos centros han crecido un 368% desde 1999. En Madrid, las matrículas de máster en la universidad privada superan ya las de la pública, mientras que en grados solo un 32,5% del alumnado estudia en la privada, según el informe ‘La financiación de la educación universitaria en España’, presentado por CCOO en marzo y que sitúa Madrid como la región que peor financia sus universidades públicas.

Las universidades públicas madrileñas reciben de la Comunidad 6.734 euros por estudiante matriculado, la cifra más baja de España, frente a 7.460 de Cataluña y 10.851 de Navarra. Aunque Madrid concentra el 18% de todo el estudiantado nacional de grados, sin embargo abarca un 27% del total de matrículas de grado en universidades privadas de España. Una situación que podría verse favorecida por la nueva ley de Enseñanzas Superiores que prepara el Gobierno de Díaz Ayuso, cuyo borrador «favorece la creación de universidades privadas», además de consolidar una financiación autonómica que «no supere el 70% del presupuesto de sus universidades públicas», aseguran los sindicatos y redes de profesores.

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Emilio Viciana, ha defendido que la financiación de las universidades públicas «no ha dejado de incrementarse» desde que la presidenta Isabel Díaz Ayuso llegó al poder, en concreto «se ha incrementado en un 20%». Así lo ha expresado el consejero, al ser preguntado por el encierro de 400 estudiantes anoche en la Complutense en protesta por la reducción de la financiación, tras entregar este martes los Premios Fermina Orduña de innovación empresarial.

Recientemente, en los Presupuestos regionales para 2025, la financiación universitaria se «incrementa en 43 millones de euros y alcanza el 4% del presupuesto regional. Hay muy pocas regiones en el mundo entero, no ya en España, que alcancen ese porcentaje del presupuesto en financiación de las universidades públicas», ha dicho. «Estamos sentándonos con los rectores», diseñando un nuevo modelo de financiación que «hasta ahora no existía», que apuesta por las universidades públicas y que va a «asegurar que esa financiación es correcta, responsable, y se hace con un carácter muy finalista» que permita alcanzar «todos los objetivos que se planteen, tanto las universidades como la Comunidad», según Viciana que además ha expresado su «pleno respeto» al encierro.

«Estamos preparando la nueva ley de universidades, enseñanzas superiores y ciencia (LESUC), en la que vamos a garantizar todo aquello que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha puesto en cuestión», como la «rebaja en la exigencia de calidad». Desde la Comunidad de Madrid, «queremos apostar por la universidad pública, también por la privada, también por las escuelas de negocios, por la investigación». Ha recordado que el 70% de la investigación que se hace en España se realiza en las universidades públicas, por lo que «es necesario que todas las enseñanzas superiores estén bajo un mismo paraguas, unificando la FP de grado superior, la Universidad, las enseñanzas artísticas también, todo ello».