El Gobierno plantea revocar las autorizaciones a universidades que no tengan 4.500 alumnos

En el borrador del decreto al que ha tenido acceso Efe y que recibirá enmiendas de la comunidad educativa, el Ejecutivo avisa de que estas medidas «lógicamente afectan por igual a las nuevas propuestas para crear o reconocer una universidad y a las universidades que ya están en funcionamiento». Además, recalca que serán vinculantes para la creación de un centro universitario los informes de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca), en el caso de una universidad de ámbito estatal, de la agencia de evaluación autonómica en caso de ámbito regional, y el de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) donde está presente el ministerio y las comunidades autónomas.

El decreto pide al promotor de una universidad un aval bancario depositado en la Caja de Depósitos o instrumento legal similar y detallar si detrás de la universidad hay un fondo de inversión español o extranjero, una multinacional o forma parte de un grupo de universidades ya existente. La universidad también deberá garantizar en el tercer año de actividad académica el alojamiento a estudiantes equivalente al 10 % de las plazas de enseñanzas de grado, y lo podrá hacer a través de convenios con fundaciones y empresas.

Por otra parte, deberá captar en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), incluidas las cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2 % de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años y, en caso de incumplimiento y tras una moratoria de dos años más, «será motivo de revocación de la autorización de actividad de la universidad». «Buena parte de las universidades privadas reconocidas en los últimos años están demostrando un desarrollo muy limitado de las actividades de investigación y de transferencia», incide el Gobierno en la exposición de motivos del decreto.

Otras medidas que contempla el decreto ley que reforma el de 2021 y que apuesta por mayor transparencia en las universidades privadas son:

• Una Memoria que incluya una oferta de enseñanzas como mínimo de diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado en tres ramas de conocimiento distintas. Si los grados cambian a lo largo de los años deberán ser autorizados de nuevo con informes vinculantes.
• Estarán representadas como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura).
• Un programa plurianual detallado de la actividad investigadora del personal docente e investigador.
• Un 50% de doctores y doctoras para el conjunto de enseñanzas sobre la totalidad de la plantilla de profesorado.
• El profesorado con contrato laboral temporal (asociados, visitantes, colaboradores, entre otras figuras) no podrá superar el 8% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador.
• Las universidades con sede en España y con docencia de más del 80% virtual deberán garantizar que, por lo menos, el 75% del personal reside en este país.
• Deberá tener un comité ético de comportamiento del personal docente e investigador en materia de investigación y transferencia en cada universidad, con objeto de establecer criterios de buenas prácticas.
• Después de cinco años del inicio de la actividad, el estudiantado de Grado (y dobles Grados) deberá suponer como mínimo el 50% del total matriculado en enseñanzas oficiales de dicho centro.
• Si la oferta universitaria es mayoritariamente virtual se deberá especificar para cada título oficial cómo serán las clases, grabadas o en directo, las evaluaciones o las tecnologías utilizadas.
• El número de estudiantes matriculados en una universidad en títulos propios de formación permanente no podrán superar en dos veces el número de alumnos matriculados en títulos oficiales en las nuevas universidades a los cinco años de iniciar su actividad.

Las nuevas exigencias que planteará el Gobierno en el decreto sobre creación de universidades y que este miércoles está previsto que salga en audiencia pública podrían repercutir en los expedientes que se encuentran en trámite y que actualmente afectan a nueve universidades, cuatro de ellas en Extremadura. Una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de la reforma del decreto de 2021 para endurecer los criterios, tanto académicos como financieros, la intención del Ejecutivo es que el nuevo decreto se apruebe entre mayo y junio, para que los expedientes en trámite estén sujetos a la nueva normativa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó esta semana que la cuestión «es de urgencia» y que el decreto debe entrar en vigor «lo antes posible». Advirtió del avance de los centros privados frente a los públicos, con la creación de 26 universidades privadas desde 1998, fecha en la que se abrió la última universidad pública. El objetivo del nuevo decreto es garantizar que no se abren nuevas universidades con informes académicos desfavorables porque no cumplen con la calidad requerida.

Desde la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), donde están representadas públicas y privadas, su presidenta, Eva Alcón, también rectora de la Universitat Jaume I, ve «imprescindible apostar por la calidad» de estas instituciones, si bien avanza a Efe que el texto legal que propone el Ejecutivo será sometido a un «profundo análisis». «Vamos a seguir trabajando. Independientemente de ese análisis, la postura de CRUE no ha cambiado y seguimos manteniendo la necesidad de apostar por la calidad de las universidades como instituciones de educación superior y de investigación», incide.

En esta última década se han autorizado 10 universidades privadas y 9 más esperan la evaluación de su expediente de apertura, señalaba el presidente del Gobierno tras recalcar que a partir de ahora tendrán que cumplir con un mínimo de 4.500 alumnos durante los cinco primeros años de ejercicio y con un mayor porcentaje de dinero destinado a la investigación. Pero la principal novedad es que los informes de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) -donde está el Ministerio y las comunidades autónomas-, así como los que emite la Aneca y las agencias autonómicas equivalentes en las comunidades autónomas serán vinculantes.

También se pedirá una mayor solidez económica de los promotores de universidades y que garanticen un 10% de sus plazas a alojamientos de estudiantes. Desde el Ministerio de Universidades se recalca que el nuevo decreto es fruto de las aportaciones de la Comisión de trabajo de la CRUE, de la que han formado parte expertos, académicos y el propio Ejecutivo desde hace un año.

Será a partir de hoy cuando el nuevo texto reciba en un plazo de siete días las enmiendas de instituciones académicas, organizaciones de estudiantes y de sindicatos, entre otros, con el fin de ser valoradas posteriormente por el Gobierno antes de recabar los informes de los órganos consultivos, como el del Consejo de Estado. Los sindicatos de la enseñanza pública se muestran abiertos a endurecer los criterios de creación y evaluación de apertura de nuevos centros pero advierten de que igual de importante es incrementar la financiación a las universidades públicas. La CSIF avisa de que estas universidades han perdido un 20% de financiación en los últimos 10 años e insisten en un Pacto de Estado que resuelva qué administraciones y en qué porcentaje se deben aportar fondos que garanticen una financiación suficiente, además de incidir en la necesidad de empezar a negociar el nuevo Estatuto de Personal Docente e Investigador universitario.