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La OCB pide a los equipos directivos de los centros que no apliquen el plan Vera

La Obra Cultural Balear (OCB) ha hecho este miércoles un llamamiento a los equipos directivos de los centros de Primaria y Secundaria de Baleares a rechazar el programa piloto de libre elección de lengua que denominan 'Plan Vera de segregación lingüística'.
EfeJueves, 10 de abril de 2025
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En una carta dirigida a todos los equipos directivos de docentes, de centros públicos y concertados, la OCB pide que no se acojan al plan, ante la nueva convocatoria impulsada por la Conselleria de Educación «a pesar del fracaso de la convocatoria anterior a la que sólo se acogieron 11 centros». La OCB insiste en que la iniciativa «es un despropósito» que constituye «una estrategia segregadora, sin fundamento pedagógico ni legal, que pone en riesgo la cohesión social de los centros educativos y que pretende separar a los alumnos únicamente por razón de lengua».

La entidad mantiene que este plan «sólo persigue arrinconar al mínimo la presencia de la lengua catalana» en los centros educativos de Baleares y exige «su retirada inmediata» y que vuelva «el sentido común y el consenso con la comunidad educativa». En un decálogo de motivos para rechazarlo que acompaña la carta, la OCB describe el plan de elección de lengua como incoherente, ilegal, inequitativo, segregador, ineficaz, atentatorio contra la autonomía de centro, arbitrario en la selección, conflictivo, inseguro jurídicamente y desequilibrador entre el sector público y el privado-concertado.

En la carta, el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, expresa su plena confianza en la responsabilidad pedagógica de los equipos docentes y recuerda que “los docentes son quienes mejor conocen la realidad sociolingüística del territorio entre niños y jóvenes, y saben perfectamente que la competencia en castellano está más que garantizada y que el único elemento corrector de la desigualdad lingüística es el sistema educativo”. Llabrés también recuerda que hay varios recursos contra el Plan Piloto que están pendientes de resolución judicial, y que se basan en que plantea desmantelar de forma no fundamentada la aplicación de los principios derivados de la normativa vigente en Baleares como la Ley de Normalización Lingüística, el decret de mínims y Ley de Educación.

La entidad considera un despropósito que se destinen importantes recursos a este plan, cuando los centros presentan otras necesidades «mucho más acuciantes».

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