Los sindicatos que firmaron el pacto educativo con la Xunta en 2023 exigen que se cumpla

Tras meses denunciando los incumplimientos y el retraso de la Xunta en la aplicación de las medidas, los sindicalistas Borja Campos Seijo (CCOO), Julio Díaz (ANPE) y Sandra Montero Nogareda (UGT) han comparecido en conferencia de prensa para censurar la actuación del Gobierno gallego. «Cada asunto que hay que aplicar la Consellería racanea y de lo único que se preocupa es de cuánto profesorado tiene que poner adicionalmente y de cuánto le va a costar», ha resumido Díaz, del sindicato ANPE. «Sin embargo, todos los que firmamos este acuerdo sabíamos que tenía un coste económico y de personal y queremos que se cumpla», ha continuado Díaz.

El acuerdo firmado en octubre de 2023 por estos sindicatos, del que se desmarcó CIG, sindicato mayoritario entre los trabajadores del sistema educativo público en Galicia, establecía, entre otras cuestiones, mejoras en la proporción de alumnos por aula; en la atención a la diversidad, en el horario lectivo y en la carrera profesional docente; así como otras burocráticas y de gestión. Según han explicado este viernes en conferencia de prensa los representantes de los tres sindicatos firmantes del acuerdo, su «denuncia principal» es que la ley 5/2024 de medidas fiscales y administrativas no garantiza la ejecución del acuerdo. «En cambio, se está utilizando como herramienta para entorpecer la aplicación de compromisos firmados —como la dotación de profesorado de apoyo— y para dilatar en el tiempo otros aspectos fundamentales, como la reducción progresiva de ratios», indican en un comunicado.

Entre otras cuestiones, además, han reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como firmante del acuerdo en 2023, que dé explicaciones y que acceda a sus peticiones de reunión, hasta ahora desatendida, sostienen. En octubre pasado, un año después de la firma del pacto y apenas un mes de iniciado el curso escolar, estos mismos representante sindicales denunciaron el incumplimiento del acuerdo y anunciaron que llevarían el caso a la Valedora do Pobo e incluso ante la justicia ordinaria.

En la reunión de este viernes los representantes sindicales han indicado que están «agotando los plazos legales de la vía administrativa para dar el paso a la vía judicial con garantías». CCOO, UGT y ANPE, además, animan a los sindicatos que no firmaron este acuerdo en su día, al que calificaron de «miseria», y que ahora piden «vehementemente» su aplicación a que se sumen y ayuden a construir la unidad sindical que demandan en otros ámbitos. «La diferencia entre quien se limita a protestar y quien trabaja con rigor por avances concretos es que sólo las organizaciones que firmamos y defendemos el acuerdo (2023) estamos consiguiendo constantemente conquistas reales para el profesorado gallego», concluyen.

Por su parte, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha defendido que la Xunta está cumpliendo el pacto firmado con los sindicatos CCOO, UGT y ANPE y ha reducido a «matices» sus críticas sobre el grado de cumplimiento, ya que su departamento «siempre» ha planteado que se hará «de modo progresivo». El conselleiro ha insistido en que la Xunta está cumpliendo este pacto y ha achacado a «matices» las discrepancias en la interpretación del acuerdo. De hecho, según Rodríguez, la Xunta ha convertido «en ley» muchas de las cuestiones reflejadas en el acuerdo y ha agradecido a estos tres sindicatos su «altura de miras» para mejorar el sistema educativo gallego.

Preguntado por las críticas de colegios y familias al sistema de libro digital empleado por la Xunta (Edixgal), el conselleiro ha indicado que se trata de un método «voluntario» para los centros y que es «una pata más» de la política educativa del Gobierno autonómico. De hecho, ha anunciado que su departamento está haciendo un «análisis» para introducir mejoras y poner en marcha «un nuevo modelo avanzado» del Edixgal, y ha mostrado su confianza en que antes de finalizar el presente curso puedan presentar las primeras conclusiones. Este sistema, ha insistido, tiene como objetivo atender tanto el bienestar digital de los alumnos como ayudarles a adquirir competencias. «Es un sistema democratizador, ya que pretende que todos los alumnos consigan estas destrezas en este ámbito, no sólo los de determinados barrios o determinadas familias», ha indicado.

Al hilo de esta cuestión, además, ha hecho hincapié en las noticias recurrentes sobre uso y abuso de móviles en los centros escolares, un problema que en Galicia no existe, ha asegurado, porque es la única autonomía que ha limitado su uso «en el conjunto del recinto de los centros educativos» y no solamente en las aulas. «Y además lo hemos pasado a ley para que no haya duda», ha añadido el conselleiro, que ha mostrado su acuerdo con las medidas puestas en marcha además por las familias de varios centros en distintas localidades para no proveer de un terminal móvil a sus hijos hasta una edad determinada.

«Si un niño usa un (teléfono) móvil es porque tiene un móvil y si lo tiene es porque alguien se lo ha comprado», ha razonado el conselleiro, y ha insistido en que le parecen bien estas iniciativas de las familias y que la Xunta está cumpliendo y haciendo su trabajo.