José María Alvira: “Al Gobierno le da miedo que muchas familias pidan un centro concertado”

José María Alvira nos recibe en la sede de Escuelas Católicas en pleno barrio madrileño de Moratalaz. Alvira es marianista y tal vez por eso estila clase y maneras educadas. Refleja esa sabia mezcla entre la cercanía y la gravedad de quien se sabe representante de 2.000 centros, 1,2 millones de alumnos pero, sobre todo, de un legado educativo de siglos, el que representa la Educación católica en nuestro país. Desde su reelección, ha mostrado un claro compromiso con los centros católicos, la libertad de enseñanza y el modelo de concertación… y no son buenos tiempos. En referencia a la situación de acoso que padece su sector, en el reciente congreso de Esuelas Católicas de Madrid citó aquello de San Pablo de «estamos atribulados en todo, más no angustiados; en apuros, más no desesperados; perseguidos, más no desamparados; derribados, pero no destruidos…». Le duele la desconfianza que muestra hacia su sector la reforma que prepara el Gobierno Sánchez, aunque se muestra crítico con las malas prácticas de la llamada «nueva concertada».

Pregunta. ¿Podría hacer una valoración general de este anteproyecto?
Respuesta. — El procedimiento que se está siguiendo me parece que no es serio porque se está haciendo de manera precipitada. El Ministerio tiene intención de alcanzar un consenso pero resulta difícil con este calendario y con estas formas. Respecto al contenido, es una vuelta al pasado.

Vayamos por partes. ¿Qué opina de que el Consejo Escolar pase a tener más atribuciones en detrimento del director?
—El Consejo Escolar estaba concebido como un órgano de participación de padres, porfesores y alumnos que nos parecía muy bien, pero lo quieren convertir en un órgano de gobierno y no tiene sentido. Que se pretenda que el Consejo Escolar intervenga en la gestión nos parece que es entrar en un terreno que no le corresponde.

Todo esto suena a que volvemos al viejo paradigma de democracia en las aulas, ¿verdad?
—Hay que dar al profesor la autoridad que debe tener. A veces parece que estamos hablando de autoritarismo o de un profesor dictatorial, pero no se trata de eso. Se trata de contar con la opinión de los alumnos, pero que quede claro que el profesor es el que educa. El igualitarismo llevado a los extremos es antieducativo.

¿También parece que volvemos las evaluaciones LOE?
—Que tengan un carácter diagnóstico está bien para mejorar, pero que pierdan el valor de cara a la certificación no lo veo del todo justificado.

¿Qué opinión le merece que se pretenda universalizar el 0-3?
—Aquí hay una cuestión de fondo. En algunas comunidades autónomas la pretensión por parte de la Administración es la de crear centros públicos para esos niños, de tal manera que después se oriente la elección de los padres para las etapas siguientes hacia la enseñanza pública. Es, por ejemplo, lo que se está haciendo en la Comunidad Valenciana.

¿Cree que la Concertada sigue apareciendo bajo sospecha?
— Sin duda. No sé por qué siempre que se menciona a la Concertada se dice que hay que controlarla para que no se cometan excesos. Nosotros hacemos una contribución positiva a la Educación, merecemos un respeto y que se valore lo que hacemos.

Bueno, la ministra va contra determinado tipo de Concertada…
—Sí, incluso además lo dice explícitamente. Con la llamada «nueva concertada» se refiere a los que hacen negocio desde la escuela concertada. Utilizar un centro para hacer negocio es legítimo, pero no lo es hacerlo aprovechando las facilidades de la concertación. Esa «nueva concertada» perjudica nuestra imagen y da argumentos a algunos para atacarnos.

¿Habría que actualizar el modelo?
—Cualquier otro modelo puede tener más inconvenientes que ventajas. Si empezamos a establecer niveles de concierto, podemos correr el riesgo de mantener colegios para una clase social más elevada y, precisamente, el valor del concierto es que todos somos iguales al solicitar centro.

Entonces, ¿cuál sería la solución para esa «nueva concertada»?
—Les diría que no pidan la concertación y que cobren la cantidad que quieran como privados. Que comiencen así y una vez hayan conseguido recuperar la inversión, pidan la concertación. Otra posibilidad es que los conciertos contemplen, entre los gastos, las inversiones que hasta ahora están excluidas.

¿Por qué no les gusta la figura del concejal en los consejos escolares?
—Porque un centro concertado es un centro privado y la dirección y la orientación le corresponde al titular. El hecho de que reciba fondos públicos no significa que tenga que intervenir en su gobierno, y menos el ayuntamiento, que no proporciona ningún fondo. Nosotros lo llamamos «comisario político» porque en el fondo lo que se pretende es vigilar desde la Administración pública.

También ha generado polémica respecto a la eliminación del concepto de «demanda social».
— Les da mido que haya muchas familias que pidan un centro concertado. En alguna Consejería del PSOE, esa demanda social les obligaría a tener que concertar más unidades de centros con lista de espera y, en consecuencia, cerrar alguno público. Eso, desde el punto de vista de la planificación, según ellos sería un desastre.

¿Por qué el Anteproyecto no mencione la Religión?
—Que no se hable de Religión en la ley orgánica supone que se tenga que reglamentar con un real decreto. Eso quiere decir que se deja manos libres al Gobierno para que después lo reglamente como quiera. Tal vez lo que quieren es quitar el foco y contentar a una parte de la sociedad.

¿Habéis planteado que la Religión no se de en todos los cursos?
—Sería una posibilidad, si queremos que tenga seriedad académica, pero que cuando se imparta sea con una intensidad horaria semejante al resto de asignaturas. La Religión es importante si queremos contribuir al pleno desarrollo del alumno.