CCOO reclama una mayor inversión en educación pública
El sindicato CCOO ha reclamado una mayor inversión en educación pública tras conocerse, en la última edición del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, que la cantidad destinada por el Estado a la Educación se ha incrementado en un 4,6% entre 2007 y 2017, pero con un reparto dispar entre la Pública (que mejora un 1,4% su financiación) y la Concertada (que la mejora un 25%).
En este mismo periodo, advierte el sindicato, la cantidad aportada por las familias ha aumentado en un 41%. Si el gasto de los hogares en Educación se situaba en los 8.753 millones de euros en 2007 ha pasado a los 12.356 millones de euros en 2017. El gasto público destinado por las Administraciones a Educación, si bien parece haberse recuperado tras el bajón experimentado en 2012, 2013 y 2014 todavía no ha recuperado el nivel de 2009. Si en 2017 el gasto de las Administraciones era cuatro veces el de las familias, en 2009 era casi seis veces más que el de los hogares.
su financiación entre 2007 y 2017. En el mismo periodo, la Pública mejora tan solo un 1,4%.
El incremento de la financiación para la red pública fue una de las principales reclamaciones que el sindicato expuso ante el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en su reunión de principios de agosto con diferentes colectivos en defensa de la escuela pública.
En 2016, último año con datos disponibles, la enseñanza concertada representaba un 12,7% del gasto público en Educación y un 14,5% del gasto de las Administraciones Educativas. Por comunidades, son el País Vasco (24,9%), la Comunidad Foral de Navarra (20,5%) y la Comunidad de Madrid (24,9%) las que destinan un mayor porcentaje del gasto público en Educación a conciertos, y Canarias (8,2%), Extremadura (8,4%) y Castilla-La Mancha (9,3%), las que menos.
El gasto en Concertada va del 8% en Canarias al 25% en el País Vasco.
Junto con la mejora de la financiación, el sindicato CCOO reclama una nueva ley que flexibilice el sistema y apueste por la escuela pública como eje.
La situación de bloqueo político ha provocado que la ley Celaá, cuyo proyecto fue aprobado en febrero, en Consejo de Ministros, siga sin ser tramitada, continuando en vigor la Lomce. Un texto por el que Celaá volvió a apostar en su encuentro de principios de agosto con distintos representantes de la comunidad educativa.
Entre otras novedades, la ley Celaá menciona un incremento del gasto público educativo hasta un mínimo del 5% del PIB y da prioridad al mantener y obtener unidades concertadas a aquellos centros que promueven la coeducación y no separan a su alumnado por género. El porcentaje del PIB para Educación llegó a rozar el 5% en 2009, cuando se situó en el 4,99%. Desde entonces no ha hecho sino descender hasta el 4,24% en 2017. El 3,54% del PIB para Educación procede de las comunidade autónomas, y solo el 0,21% al Ministerio de Educación.