Los deberes del futuro Gobierno en materia educativa

Una vez constituido el futuro Gobierno, estos son los principales desafíos que deberá afrontar en lo que respecta a Educación.

Una década después, sigue siendo un reto alcanzar el nivel de inversión de 2009, cuando se llegó al 4,99% del PIB para Educación. Revertir los recortes en esta partida que acompañaron a la crisis –y que situaron la inversión en un 4,09% en 2015 y en un 3,81% en 2018, según los datos de los Ministerios de Economía y Hacienda– debe ser una prioridad. Imposible mirarse en el espejo de otros países del entorno mientras no nos acerquemos a la media de inversión de la UE (4,9%) y la OCDE (5,3%) en una nación, además, en que la partida educativa apenas alcanza el 0,7% de los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años.

En gasto por alumno, con 6.527 euros, España dedica un 25,1% del PIB por habitante. La mayoría de los países destinan entre el 20% y el 30%, pero hay naciones claramente por encima, como el Reino Unido (32,4%) y Malta (30,9%). Por debajo del 20% se encuentran por ejemplo Rumanía (16%) o Irlanda (13,7%).

El gasto por alumno en centros públicos no universitarios se redujo en un 7,5% entre 2011 y 2016, disminución que se produjo en todas las comunidades salvo Canarias y Extremadura. Mientras, el gasto de las familias en Educación pasó de 8.723 millones de euros en 2008 a 12.356 millones de euros en 2007 (un 1,06% del PIB y un 30% más).

En abandono educativo temprano la evolución ha sido positiva, pues del 28% de jóvenes que no estudiaban más allá de la ESO en 2010 se ha pasado al 17,9% según la EPA del tercer trimestre de 2019. España está lejos de la media europea (10,6%) y obtiene desde 2018 la peor tasa de todos los países. La horquilla entre comunidades es abismal, del 29,5% de Melilla o el 24,4% de Baleares al 9,8% de Cantabria y el 6,9% del País Vasco.

España es también uno de los países con mayor tasa de repetición –casi un 40% de los alumnos de 15 años ha repetido al menos un curso– y donde el nivel socioeconómico de la familia más influye en la probabilidad de ser repetidor –en familias desfavorecidas la tasa se eleva al 53,5%– y, por tanto, abandonar.
Por otra parte, un 35% de los alumnos que comienzan un ciclo de FP de Grado Medio o Bachillerato no finaliza sus estudios.

Todos los actores coinciden en la necesidad de una nueva ley de consenso que dote de estabilidad al sistema. Sin embargo, desde 2009 los intentos de pacto han fracasado, con Ángel Gabilondo como ministro primero (2010) y con Íñigo Méndez de Vigo después (2018). En este periodo, países como Polonia o Portugal han emprendido reformas que han logrado recabar buenos resultados en un breve plazo de tiempo. La Lomce (2013) fue criticada por la falta de diálogo con la comunidad educativa que acompañó su elaboración, pero la intentona socialista, la Lomloe, aprobada in extremis en Consejo de Ministros antes de las pasadas elecciones del 28 de abril, tampoco fue fruto de un proceso participativo.

Se trata de una cuestión eternamente aplazada, una reivindicación histórica de los sindicatos y un punto clave según todas las investigaciones internacionales, que consideran la calidad de la docencia un factor determinante. Sin embargo, España no cuenta aun con una Ley de la Profesión Docente y un Estatuto para la Función Docente. Mientras, Portugal, que dispone ya de un Estatuto Docente, continúa avanzando en la autorregulación de la profesión. En España sigue pendiente la revisión de la regulación de un acceso de ámbito nacional que logre atraer, seleccionar y formar a los mejores así como el diseño de una carrera profesional atractiva y flexible que reconozca económica y profesionalmente el trabajo docente.

La convivencia en los centros educativos y la prevención del acoso escolar y la violencia ha adquirido cada vez más peso en la agenda. También ha surgido un nuevo desafío en las relaciones familia-escuela con la iniciativa del PIN parental o el consentimiento expreso de Vox para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales o con la lucha de las familias con hijos con discapacidad para que no se decida por ellas el centro más idóneo para sus hijos.

La universidad lleva años observando cómo los intentos de llegar a una nueva ley se quedan en un cajón. Esta es necesaria para garantizar su calidad, su agilidad para adaptarse y su sostenibilidad, su eficiencia y equidad, con especial incidencia en su financiación, pero también para lidiar con la precariedad laboral y el envejecimiento del profesorado, y con la autonomía, transparencia o internacionalización como frentes abiertos.

1. De un currículum rígido y extenso, demasiado academicista en la ESO, lo que incide en la repetición y el abandono, se impone la evolución a otro más flexible y que logre que se adquieran menos contenidos pero con mayor profundidad.
2. En un mundo digital es fundamental estimular la capacidad de los alumnos de resolver problemas apoyándose en la tecnología. Para ello es fundamental incorporar la programación y la robótica desde las primeras etapas en todas las comunidades autónomas.
3. La atención a las nuevas metodologías que han demostrado su eficacia viene de la mano de un énfasis cada vez mayor en los espacios de aprendizaje que se adaptan a estas nuevas formas de trabajar en el aula. Estos, además, deben garantizar una adecuada conectividad independientemente de su contexto para evitar así brechas digitales por nivel socioeconómico o urbano-rural.