Valores civiles y éticos

Lo anunció el presidente en funciones Pedro Sánchez la noche del debate electoral. Carecemos de más datos. No sabemos si se trata de una asignatura similar a la vigente alternativa a la Religión –en tal caso suponemos que pasaría a ser obligatoria para todos– o si, por contra, tendría una estructura curricular y unos objetivos y contenidos diferentes.

A mí el anuncio me recordó aquella polémica sobre Educación para la Ciudadanía (EpC), asignatura aprobada en la LOE (2006) por el gobierno de Rodríguez Zapatero y suprimida –tras largos y enconados debates y controversias– cuando accedió al poder el PP de Mariano Rajoy (Lomce, 2013).

Por aquel entonces escribí un largo trabajo al respecto de todo ello del que rescato hoy algunos apuntes que bien me gustaría fueran disuasorios y evitaran renovadas torpezas de estéril confrontación.

Hay –por una parte– quienes piensan que son los padres los únicos encargados de determinar el tipo de formación ética de los hijos y que el Estado no puede inmiscuirse e imponer en este sentido legítimamente ninguna formación al respecto. Es más, parecen tener suficientemente claro que los criterios que guían asignaturas como EpC son los propios  del relativismo y la llamada ideología de género. En su defensa citan el articulo 27.3 de la Constitución, el mismo que la ministra Celaá sacó a colación la semana pasada para argumentar más o menos lo contrario aunque referido en este caso y sobre todo a la libertad de elección de centro: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Surge, por otro lado, la sempiterna pregunta: ¿Son los padres los únicos responsables de la educación de sus hijos?

La asignatura objeto de este debate comenzó a impartirse en EEUU cuando se dieron cuenta de que los jóvenes aprendían ideologías racistas en su entorno familiar. Para Fernando Savater es absolutamente falso que la moral sea un asunto estrictamente familiar. No puede serlo porque nadie vive solamente dentro de su familia sino en la amplia interacción social, y no serán sólo los parientes quienes tengan que soportar su comportamiento. “Hace tiempo escribí que las democracias deben educar en defensa propia.” (Savater, En defensa propia, El País, 12-08-06).

“En España –escribe José Antonio Marina– hay padres musulmanes que prohíben a sus hijas ir a clase de gimnasia; ¿debemos hacerles caso? Otros pueden ir en contra de la Educación mixta. En algunos lugares de EEUU los padres no quieren que se les enseñe a sus hijos la teoría de la evolución (…). El Estado –continúa Marina– no tiene ningún poder absoluto, por supuesto, pero tiene algunas obligaciones”. (J. A. Marina, ¿Quién tiene derecho a educar? Iglesia y Vida, 2006).

Una cosa parece cierta: el tiempo de los aprendices de brujo –los paraísos tras el final de la Historia y el pensamiento único– caducó. La ingeniería social no ha lugar en las afueras, época ésta de complejas incertidumbres que requiere de soluciones consensuadas donde la libertad y la tolerancia ahormen una mirada alegre e irónica (inteligente, bondadosa)  sobre la realidad.

Adela Cortina se pregunta si todavía alguien piensa en serio que una hora semanal, aunque se distribuya en distintos cursos, va a tener unas consecuencias tan demoledoras o tan constructivas. “Por nuestra buena salud mental, confío en que no, en que nadie cifre su esperanza de futuro en una materia impartida en las aulas. Entre otras razones porque lo esencial es no aislar el aula, no separarla del patio de juegos ni tampoco de la casa”. (Adela Cortina, Educar ciudadanos en la sociedad de la diversión, El País, 10-08-07).

Entre el poder absoluto y las obligaciones del Estado hay terreno amplio y fértil para el entendimiento. Conviene de nuevo recordar el proverbio africano: para educar a un niño hace falta la tribu entera. No seamos, entonces, estrictamente tribales.