Madrid ha abierto un solo procedimiento sancionador por cuotas voluntarias irregulares desde 2015

Fuentes de la Consejería de Educación han indicado que los datos del estudio de la FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) en relación con irregularidades en las cuotas que los centros concertados cobran a las familias «no coinciden» con los que tiene la Comunidad, cuyos inspectores han remitido más de 300 informes de subsanación de errores a estos centros desde 2015, de los cuales sólo cuatro generaron comisiones de conciliación y sólo uno dio pie a un procedimiento sancionador.

«No tenemos constancia de que ningún alumno haya sido expulsado por no haber pagado la cuota voluntaria», agregan las mismas fuentes, que recalcan que «las cuotas voluntarias que pagan las familias son una relación directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos, y la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa».

Según la Consejería, cuando los inspectores detectan alguna irregularidad, solicitan al centro la corrección, y en caso de no hacerse puede motivar una apertura de expediente.

Según el citado estudio de la FAPA Giner de los Ríos y Cicae, el 90% de los colegios concertados madrileños cobraría a las familias cuotas obligatorias irregulares. El informe sostiene que los concertados excluyen a los alumnos que no pagan las cuotas «obligatorias». La Consejería de Educación no está de acuerdo con las conclusiones del informe y asegura que la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa y que estas cuotas son siempre de carácter voluntario.

El estudio asegura que las cuotas no voluntarias en estos centros tienen, de media, un coste mensual de 153 euros, y que las familias desembolsan anualmente «más de 3.000 euros por cada hijo que curse la enseñanza obligatoria en estos colegios, entre gastos de cuota fija, complementaria y comedor». Estas cuotas, denuncian la FAPA y Cicae, «aumentan los casos de discriminación», dado que el impago de las mismas implica «apartar al niño de las actividades que se producen en horario escolar».

«Los colegios concertados analizados ofrecen una estructura de precios que no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan carácter voluntario», recalca el informe, que censura, asimismo, que el 64% de los centros no informe de que «la cuota tiene un carácter no lucrativo».

La FAPA Giner de los Ríos y Cicae exigen a la Comunidad que cese las «cesiones de suelo público para la construcción de colegios concertados, que nacen con un modelo de copago y no gratuidad para las familias», y que se prohíba realizar «actividades complementarias que no sean gratuitas para todos los alumnos dentro de la jornada escolar». También piden que se controlen los costes y la «ausencia de lucro» en todas estas actividades.

Por su parte, la patronal Escuelas Católicas «lamenta que constantemente se ponga en tela de juicio a la enseñanza concertada, bien por no reconocer la fundamentación jurídica de su existencia, bien por condenarla falsamente por contravenir determinados aspectos de la ley».

«Es imprescindible –añade EC– para nuestro sistema educativo dejar de alimentar este falso debate y permitir trabajar a nuestras escuelas, católicas y concertadas, escuelas que, tal y como señalaba públicamente en el mes de noviembre Quentin Wodon, economista del Banco Mundial, ‘contribuyen al menos con 12 billones de dólares en capital humano a la riqueza de las naciones'». Y es que, por encima de los derechos legales y de la contribución económica, «está su compromiso social, fruto de su motivación evangélica», añade esta patronal.