Más de 30.000 puestos en juego en las oposiciones de 2020

Aunque la foto no es definitiva, a falta de que se cierre el proceso de negociación en la Comunidad de Madrid y Canarias y de que Baleares confirme la distribución de sus plazas, se perfila una oferta de empleo público docente de unas 31.221 plazas en 2020. Todas las comunidades convocan en Secundaria; todas, salvo Ceuta y Melilla, en el Cuerpo de Profesores Técnicos de FP, y Cataluña, Baleares y Galicia convocan además al Cuerpo de Maestros. El resto de la oferta se completa con Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios y Escuelas de Artes Plásticas.

Son datos procedentes del informe del sindicato STEs-i, cuyo secretario confederal, José Ramón Merino, apuntó en su presentación que, en línea con convocatorias anteriores, se esperan, de media, unos ocho aspirantes por plaza o, lo que es lo mismo, cerca de 250.000. No todos son nuevos en el sistema, y la mayoría llevan años ejerciendo en él como interinos, aunque la relación varía mucho en los distintos cuerpos y especialidades. Lo demuestra el hecho de que en 2018 y 2019 un 84,35% de los aprobados (por encima del 90% en FP) tuviera experiencia previa en la enseñanza pública, según datos aportados por CSI-F. Este porcentaje es la consecuencia del aumento de la valoración de la experiencia en el decreto de acceso a los cuerpos docentes de 2018, dado que en convocatorias previas la proporción rondaba un 60% de aprobados interinos.

Para la mayor parte de los sindicatos, sin embargo, el decreto, fruto del acuerdo para la consolidación del empleo –que aspira a reducir la interinidad del 20,5% en 2017 al 8% en 2022–, se queda corto. Todos salvo ANPE han insistido en que las pruebas de la fase de oposición no deberían ser eliminatorias. Todos menos ANPE reclamaron de cara a la convocatoria de 2018 y de 2019 que no fuese necesario aprobar la primera parte, más memorística, para poder demostrar la capacidad docente en la segunda. Para STEs-i, CCOO, UGT y CSIF fue un jarro de agua fría que el primer Gobierno de Pedro Sánchez olvidara la enmienda que el grupo parlamentario de Unidas Podemos y socialista habían presentado en el Congreso en esta línea tan solo medio año antes.

El acuerdo para el futuro Gobierno de coalición PSOE-UP habla de los interinos, pero para mencionar la reducción de su tasa, su homologación con el personal docente y la prohibición de los contratos por curso, con lo que estos profesionales no cobran los meses de verano. Habrá que esperar para saber si, como piden los sindicatos, eso se traduce en un nuevo real decreto que modifique al actual. «Los plazos son justos, debe ponerse en marcha el Ministerio y convocarse una mesa general de negociación, pero creemos que es un tema que debe abordarse con carácter prioritario», expone Merino, que no descarta que los opositores que se presenten en junio puedan hacerlo con pruebas no eliminatorias.

Para la secretaria de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca, también se encuentra entre los temas que el Gobierno debería retomar para que «todos los aspirantes puedan demostrar sus competencias para ser docentes». El secretario general de Enseñanza de CCOO, Francisco García, lamenta que ya haya habido dos convocatorias de opositores sin ese sistema transitorio de acceso. Y el presidente del Sector Nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, defiende que el carácter no eliminatorio dure mientras dura la transitoriedad.

ANPE se opone frontalmente, como explica su responsable de Acción Sindical Ramón Izquierdo: «Seríamos el hazmerreír del resto de la función pública. No tiene sentido que exijamos a nuestros alumnos aprobar y no nos lo apliquemos. Sí, la primera parte es subjetiva y deberíamos replantearla. Hagámoslo, pero no dejemos de pedir un 5». Izquierdo apremia a trabajar cuanto antes en el nuevo sistema de acceso para que los opositores que se presenten desde 2022 puedan saber con tiempo las reglas del juego. Cambiar los epígrafes por temarios con contenido, «para que haya un temario, no uno por academia», y hacer más objetivas las pruebas –de respuesta corta o incluso tipo test– harían más sencilla la preparación y también la corrección y revisión. El proceso sería más rápido y más garantista.

Desde STEs-i critican que actualmente los criterios de calificación se conozcan muchas veces prácticamente el mismo día de la prueba o que «un niño de 1º de ESO tenga más garantías de revisar su ejercicio que un opositor que se está jugando su trabajo». A esto, al carácter memorístico, demasiado elevado y alejado de la realidad de las aulas de hoy –salvo los de Primaria y Especial, de 2007, los temarios son de 1993 o 1996– atribuyen que en ciertas especialidades las plazas se queden desiertas convocatoria tras convocatoria.

Si ANPE aboga por un sistema más objetivo que asegure la estabilidad de las plantillas y la calidad –menciona cómo se realiza la selección de profesores en el exterior, con una prueba tipo test y una entrevista–, STEs-i aspira a largo plazo un acceso diferenciado para el profesorado interino. Aseguran que entre el 80% y el 90% ha aprobado alguna vez la oposición, pero que esta probabilidad se reduce para los más mayores, a los que cada vez lo aprendido en la universidad se les va quedando más lejos y que a su vez disponen de menos tiempo para prepararse.

Para STEs-i también ayudaría a reducir la vulnerabilidad del colectivo un acuerdo de mínimos para que el sistema de regulación de listas y bolsas no difiera tanto según la comunidad. Como buenos ejemplos citan Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y Cantabria, donde no se mueven las listas, pero en otras, señalan, se rebareman tras cada proceso selectivo teniendo en cuenta la nota en la oposición, lo que se traduce en pérdida de puestos y rotación en el empleo.

Esta es la tercera convocatoria desde que en marzo de 2017 UGT, CCOO y CSI-F firmaron el acuerdo para la consolidación del empleo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Faltan dos más, pero en este tiempo se han convocado cerca de 85.000 plazas. «No nos acercamos al 8% de interinidad, pero se ha producido un importante rejuvenecimiento y cambio en las plantillas», valoraba José Ramón Merino, de STES-i. De hecho, hay comunidades como Galicia con un 8% de interinidad, otras que se acercan, como Andalucía o Murcia, con un 11%, otras más cerca del 20% (el País Vasco, Aragón) y otras, como Baleares o Canarias, más cerca del 30%.

Mario Gutiérrez, presidente del Sector Nacional de Educación de CSIF, critica «la falta de liderazgo del Ministerio de Educación para hacer cumplir a todas las comunidades de forma rigurosa». Francisco García (CCOO), por su parte, recuerda que «en lo más duro de la crisis la tasa de interinidad llegó al 30%» y valora que hoy estemos en torno al 15%. «Entre 2011 y 2017 se convocaron 36.000 plazas, y entre 2018 y 2019, 55.200», añade. En 2017 había unos 120.000 profesores interinos y se prometió que cerca de 100.000 se convertirían en funcionarios. Hasta el momento se han ejecutado más de la mitad de las plazas prometidas, la mayor parte de las cuales estaban ocupadas por interinos, pero los sindicatos recuerdan que los cálculos se hicieron sobre las mermadas plantillas del curso 2016-17. Ahora, en un momento en que las comunidades han empezado a revertir los recortes, «a las que se comprometieron se deberían sumar unas 43.000 plazas más para lograr y mantener el 8% de interinidad», calcula García.

Ramón Izquierdo (ANPE) también coincide en este punto: «El acuerdo nació limitado porque impide crecer en efectivos. La tasa de reposición ejerce como un corsé fundamental para las administraciones, que si necesitan más plazas y no las pueden crear en plantilla tendrán que cubrirlas con profesorado interino, con lo que estarán perpetuando la inestabilidad y la precariedad». Desde STEs-i reconocen que comunidades donde los horarios en Secundaria han pasado de 20 a 18 horas, como Asturias o Cantabria, tienen tasas de interinidad de en torno al 30%, «no porque no hayan sacado plazas, sino porque han tenido que contratar a nuevo profesorado». ANPE reclama que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se elimine la tasa de reposición, que, como recuerda Izquierdo, «hasta 2012 no existía en el sector docente y sanitario». Esta petición es la única, de hecho, en la que hay unidad sindical.

Si en el resto de la función pública el plazo del acuerdo concluye este año, en Educación se prorrogó hasta 2022, dando un margen de cinco años y no de tres. Maribel Loranca (UGT) cree que sería interesante ampliarlo aun más: «Como firmantes, somos partidarios de que se prorrogue en el ámbito temporal. Está funcionando demasiado lento y no se acaba de cumplir el objetivo del 8% de interinidad, por lo que abogamos por que se renegocie el plazo».

Dure lo que dure el acuerdo, los representantes del profesorado ven ya más allá de él. Ninguno disimula que el sistema de acceso está obsoleto. En palabras de Loranca, «El gran valor memorístico del sistema de oposición responde a parámetros de cómo se seleccionaba al personal desde finales del siglo XIX». A nadie se le escapa que hace falta darle una vuelta, pero la mayoría prefiere hacerlo dentro de la negociación del Estatuto docente que englobe la formación inicial –hablan de unas prácticas con más peso, con una tutoría más efectiva, pero evitando convertir a quienes se forman en mano de obra barata–; el ingreso –más objetivo y acorde a lo que se requiere de un docente–, el modelo de profesión –debatiendo si ha de ser el mismo en la obligatoria y en la no obligatoria– y la jubilación.