'Pin parental', la primera batalla ideológica de la nueva era Celaá

El Ministerio de Educación y Formación Profesional de Isabel Celaá ha querido evidenciar con su primera medida que está mucho más próximo a Navarra –cuyo programa de coeducación Skolae ha sido llevado a los tribunales este curso– que a Murcia, que también este curso ha puesto en marcha en sus instrucciones la obligación de informar previamente a las familias de las actividades complementarias impartidas por personas ajenas a los centros. La región murciana tiene un mes para retirar esta medida, conocida como ‘pin parental’. Si no, el Ministerio la llevará a los tribunales.

El ‘pin parental’ era la condición de Vox para aprobar los presupuestos en Murcia y la formación de Santiago Abascal advierte de que también lo será en la Comunidad de Madrid. Precisamente el día que se aprobaban las cuentas murcianas, el golpe de efecto del Ministerio sirvió para dejar perfectamente definidos los frentes. Tras la comparecencia de la ministra en el último Consejo de Ministros de los viernes –»Los hijos no pertenecen a los padres»– y un fin de semana en que ‘pin parental’ ha sido trending topic, los consejeros socialistas de Educación han cerrado filas declarándose contra este «veto parental».

Los servicios jurídicos de la Consejería de Educación de Murcia están analizando el requerimiento. Para el Ministerio, la comunidad se está saltando la LOE de 2006, la Ley contra la Violencia de Género de 2004, la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su propio decreto autonómico de currículum, pues las actividades complementarias dentro del horario escolar son evaluables y obligatorias siempre que no supongan un coste económico para el alumnado.

Aquí se da el primer choque con la Consejería murciana, pues esta define en las instrucciones dirigidas a los centros de Infantil y Primaria como no curricular el contenido de estas actividades. En cambio, en las que se dirigen a los centros de Secundaria y Bachillerato lo hace extensivo a las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular y otras incluidas en los planes de actuación que integran el proyecto educativo si van a ser impartidas por personas ajenas al claustro.

El abogado especialista en Derecho educativo Jesús Muñoz de Priego no ve vulneración de derechos fundamentales este curso en Murcia. «Existe cierta tendencia del Ministerio a establecer que es el hijo el único sujeto del derecho a la Educación y que eso se puede aplicar incluso frente a los padres, cuando solo en un supuesto excepcional donde se ponga de manifiesto un perjuicio a los hijos el Estado puede intervenir excepcionando el principio de patria potestad», empieza.

En lo que respecta al ‘pin parental’, no cree que esta medida tenga sentido en centros con un ideario que los padres han elegido explícitamente, esto es, en la concertada, pero plantea que la escuela pública no es en realidad neutral y que desde que se adorna de adjetivos como «laicista» o «feminista» también hay un ideario y «debe establecerse algún mecanismo coherente con el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde a sus convicciones recogido en el artículo 27.3 de la Constitución«.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Ignacio García Vitoria expone que «la Constitución no reconoce un derecho a los padres a controlar las actividades escolares complementarias ni un derecho a la objeción de conciencia en materia educativa, pero no impide que el legislador atribuya mayores facultades a los padres». Considera que el legislador estatal remite la regulación en términos muy amplios a las consejerías de Educación y menciona como clave el artículo 51.4 de la LODE de 1985. Este alude a las actividades «escolares complementarias extraescolares» en los centros concertados como voluntarias. También las instrucciones del Ministerio de 1994 sobre el funcionamiento de los centros de Infantil y Primaria, en este caso públicos, hablan de las actividades «complementarias y extraescolares» como voluntarias para alumnos y profesores.

Sin embargo, los decretos autonómicos de currículum, tanto de Primaria como de Secundaria, de la Región de Murcia, hablan de las actividades complementarias como «las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área,
aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización» y las considera «evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los maestros, como para los alumnos». «No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas».

García Vitoria explica que si el Gobierno central interpone un conflicto de competencias contra el nuevo decreto que apruebe Murcia puede forzar la suspensión inmediata de la norma autonómica durante un plazo máximo de cinco meses.

No es la primera vez que este debate está sobre la mesa. En 2012, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid envió un comunicado a los centros instándoles a informar a los padres de la impartición de «actividades complementarias relativas a la Educación afectivo sexual por personas u organizaciones externas a los centros». Lo hizo a instancias del Defensor del Menor tras una campaña de la marca de preservativos Durex y una ONG sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual.

En Murcia el revuelo data de mayo de 2018, cuando la asociación LGTB No te prives recibió una subvención a través de los presupuestos participativos de 5.000 euros para charlas, lo que sublevó al Foro de la Familia. La anterior consejera, Adela Martínez-Cachá, pasó de hacerse fotos en estas charlas a garantizar que las familias tendrían información previa de ellas. A esto la actual consejera, Esperanza Moreno, ha añadido el consentimiento expreso.

La Consejería no ha remitido a los centros un modelo de autorización, pero ha hecho extensiva esta obligación a todas las actividades complementarias impartidas por colectivos ajenos al centro, sea un policía para hablarles de ciberbullying dentro del Plan Director, una víctima de ETA para transmitir su testimonio dentro de otro plan del Ministerio del Interior, sea un escritor para hablar del placer de la lectura, una charla sobre primeros auxilios o una sobre seguridad vial.

Mariola Sanz, presidenta de la asociación de directores de colegios Adeip, explica que hasta ahora estas cuestiones se resolvían de forma natural: «Si unos padres testigos de Jehová me pedían que su hijo no participara en las actividades de Navidad les hacía firmar un documento aclarando que por sus creencias lo preferían así», ejemplifica, «pero pedir autorizaciones para todo es un disparate». «Son actividades que constan en la programación general, aprobada por el director del centro con el visto bueno y las aportaciones del claustro de profesores y profesoras y el consejo escolar, donde están los padres y madres… No llegarían a la PGA si concitaran oposición. Todos los documentos institucionales del centro son públicos», añade.

En la federación de directores de instituto de la región ADES no les consta ninguna actividad complementaria que no se haya autorizado este curso por motivos ideológicos, pero sí muchas por despistes y olvidos. Su presidente, Raimundo de los Reyes, que habla de «matar moscas a cañonazos», ve absurda la condición para pedir autorización: que intervengan personas que no son profesores del centro: «¿Y si tengo en mi claustro un profesor de Historia que es miembro de No te prives, sí puede dar la charla?».

Desde la Consejería de Educación de la Región de Murcia aseguran que no tienen datos de actividades no complementarias no autorizadas por los padres este curso por motivos ideológicos: «No existe registro. Son actividades que programa cada centro a su gusto». Tampoco desde la Federación España Educa en Libertad cuentan con cifras. El consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, del PP, ha informado de una única queja por escrito y dos on line. En Andalucía una familia denunció a un profesor de instituto el trimestre pasado por emitir en clase un vídeo sobre Ana Orantes coincidiendo con el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde No te prives aseguran que en su última charla, de las nueve que han impartido este curso, se quedaron fuera unos ocho alumnos de una clase de 30. Este colectivo visita a los centros en dos sesiones de 55 minutos dos semanas consecutivas para hablar de la orientación afectivo-sexualy el acoso homofóbico. El año 2018 el programa Red Educación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, del que estas charlas forman parte, llegó a más de 273 centros educativos de toda España.

Comunidades como la de Madrid, Galicia o Castilla y León, gobernadas por el PP solo o en compañía, se manifiestan contrarias a un ‘pin parental’. La consejera de Educación de Castilla y León la consejera de Castilla y León, Rocío Lucas, del PP, lo negó rotunda y personalmente tras escuchar la petición de HazteOír. También el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, de C’s, haya negado que en Andalucía se vaya a implantar.

Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso asegura que «ni es cierto lo que Vox dice que se está haciendo y diciendo en estas charlas en los colegios ni hay nada recurrible en las instrucciones que el Ministerio va a recurrir. Son solo Vox y el PSOE jugando a ser Pimpinela«.

Lo cierto es que el Ministerio se ha posicionado contra Murcia por unas instrucciones que a Vox no le gustan. Para ellos, el ‘pin parental’ es otra cosa, es el consentimiento expreso solo cuando las actividades complementarias atañen a la moral. «Estamos hablando de colectivos sin ningún control que están recibiendo subvenciones, y no sabemos la titulación de esas personas ni los contenidos que imparten», aclara Joaquín Robles, su portavoz de Educación en el Congreso. «Son contenidos no científicos, como la ideología de género o LGTB, que son respetables, pero que no implica que todos vayamos a comulgar con sus ruedas de molino. El PSOE quiere el poder en Educación para transmitir su ideología, que es parcial y no compartida, no el summun, como ellos plantean. La religión también es curricular y evaluable, pero cuenta con una alternativa, ¿por qué si la ideología es de izquierda sí es obligatoria?», zanja Robles.

Por su parte, los primeros precursores del consentimiento informado de las familias para cuestiones que atañen a la moral, asociaciones como Educación y Persona, tampoco se ven representados en el ‘pin parental’ de Vox. «Nosotros llevamos 10 años difundiendo este modelo, que adopta Vox en 2018 haciéndose eco de una campaña de HazteOír. No compartimos la dialéctica actual, ni el término: «Solo si pongo el pin mi hijo entra». Para nosotros lo primero debe ser hablar con los profesores, con el director… Es lo que recomendamos en los 20, 30 casos que nos han pedido consejo. Las posiciones de Vox y del Gobierno buscan la confrontación, excitar las vísceras de sus votantes», asevera Fernando López Luengos, su presidente.

• En Brasil, Bolsonaro empleó en campaña una estrategia similar a la de Vox ahora. En su caso en lugar de ‘pin parental’ se llama ‘Escuela sin partido’. Lo ha contado el periodista Bruno Bimbi en este hilo de Twitter.
• En California los demócratas acaban de bloquear la iniciativa de miles de familias y un senador republicano para que los padres tengan que firmar para que sus hijos asistan a clases de Educación sexual en la escuela. Esta es obligatoria y desde 2016 cuenta con un temario ampliado, con una perspectiva inclusiva LGTB y el abordaje de la identidad y expresión de género.
• En Inglaterra se ha ampliado el programa de Educación sexual, obligatorio en todos los centros, y que aspira a que los alumnos tengan relaciones sanas. Hasta los 14 años, los padres pueden dejar fuera a sus hijos de los contenidos más explícitos. Desde los 15 lo decide el estudiante.
• En Italia ha habido padres que han ganado batallas a pequeña escala (que se pida la autorización en su centro). Han promovido esta campaña asociaciones como «Non si tocca la famiglia» («La familia no se toca»).
• En Alemania se condena –incluso a prisión en un caso en 2011– a aquellos padres que se niegan a llevar a sus hijos a las clases de Educación sexual.
• En los países nórdicos la Educación sexual es obligatoria. Suecia fue pionera en incluirla en el currículum en 1955. Si algún padre a título individual prefiere que su hijo o hija no acuda a una determinada sesión puede ponerlo en conocimiento del centro. Si los colectivos LGTB advierten del riesgo de bullying por causa de una determinada orientación sexual, un estudio llevado a cabo en Finlandia recoge el caso de un alumno que lo sufrió, entre otras cosas, por manifestar que sus padres no querían que abordase esas cuestiones en clase.