Solo el 21% de los encuestados opina que el Estado debe ser el principal decisor educativo
En las últimas semanas hemos asistido a un encarnizado debate sobre la propuesta de Vox en Murcia para la aplicación del llamado ‘pin parental’ en las escuelas públicas. Numerosos expertos en Educación, políticos y tertulianos de todo tipo han vertido sus opiniones sobre este controvertido tema en redes sociales y medios de comunicación, tanto a favor como en contra de este veto. Pero ¿qué opinan los ciudadanos sobre esto?
La empresa demoscópica Ipsos ha realizado una consulta a más de 500 adultos españoles desde los 18 años. Ante la cuestión sobre quién deberían asumir las principales decisiones sobre los contenidos de la Educación de los menores, un 49% se muestra a favor de que sean los padres los que sean más decisivos en este aspecto, mientras que un 21% cree que debería ser el Estado, y un 30% se sitúa en un lugar intermedio o todavía no tiene una opinión formada al respecto.
Sin embargo, cuando se trata de cuestiones concretas, los encuestados muestran un mayor consenso a la hora de otorgar un papel protagonista al Gobierno en la Educación. Así, el 93% cree que el Estado «debe garantizar que la Educación refleje la pluralidad de opiniones de la sociedad». Otro 93% está de acuerdo con que el Estado «promueva la igualdad, la tolerancia, la democracia y la integración de todos los colectivos (inmigrantes, homosexuales, etc)».
Un 76% de los encuestados también cree que el Estado «debe garantizar la libertad de elección sobre los contenidos que reciben sus hijos y otro 87% se muestra a favor de que el Estado fije unos contenidos éticos y morales mínimos en la Educación».
Por otro lado, el 90% cree que el Estado «debe asegurar que todas las comunidades autónomas impartan los mismos contenidos». Y un 98% está convencido de que el Estado «debe asegurar que todos los niños tengan acceso a una Educación pública de calidad».
El papel de los centros
Sobre el rol que deben jugar los colegios también se observa bastante acuerdo entre los encuestados. El 95% piensa que los centros «deben asegurar el mismo contenido para todos». Un 90% también cree que «deben ceñirse al programa docente», así como su obligación de «informar a los padres sobre los contenidos de toda actividad en el centro» (93%).
Un 89% afirma sin embargo que los colegios «deben planificar las actividades del centro de acuerdo a la opinión de la comunidad educativa», así como su deber de «ofrecer una Educación amplia y diversa incluyendo todos los puntos de vista, aunque no esté de acuerdo con la opinión de los padres» (81%).
Otro 73% cree que los colegios deben «determinar con los padres qué contenidos adicionales se deben impartir».
Violencia de género y sexo
Sobre las distintas temáticas que protagonizan este debate hay diferencias claras entre los que votan a uno u otro partido. Mientras que los votantes de Unidas Podemos están más a favor de la impartición de contenidos sobre violencia de género, sexualidad y autodeterminación, los de Vox son más partidarios de incluir temas sobre la defensa nacional y la religión católica.
Por su parte, los simpatizantes de Ciudadanos son los que más reclaman contenidos relacionados con el terrorismo.
Como conclusión, esta consulta pone de relieve –según Ipsos– que «la mayor responsabilidad sobre la Educación de los niños recae en los padres, pero que el Estado debe crear un marco de referencia que sea adaptado por cada colegio». Y, en cuanto al veto parental, se percibe como una «medida innecesaria y muy mediatizada», aunque hay unanimidad a la hora de valorar como «normal» que los padres quieran tener información sobre las materias y charlas que se van a impartir en el centro, independientemente de la temática.
El debate en redes sociales
Ipsos también ha rastredo la repercusión del ‘pin parental’ en redes sociales, que se se inician justo antes de las elecciones del 10 de noviembre. En enero es cuando sin embargo eclosiona y se multiplican por 10 las publicaciones. Los picos más altos se sitúan entre el 17 y 18 de enero, con más de 6.500 menciones al día, tras aprobarse la medida en Murcia propuesta por Vox.
