La zona única madrileña no ha generado un aumento de la segregación escolar

Un estudio con datos facilitados por la Consejería de Educación de Madrid de las solicitudes de centro de las familias entre 2010 y 2016 permite comprobar el impacto de las medidas tomadas en dos cursos sucesivos en la comunidad: 2012-13 y 2013-14. En esta época, con Lucía Figar como consejera, los alumnos de rentas más bajas perdieron su prioridad (2 puntos, para los que se pasó a tener en cuenta la Renta Mínima de Inserción –que apenas cubre a un 2% de la población– en vez del IPREM –que alcanza a más del 20%–); los hijos de antiguos alumnos la ganaron (1,5 puntos), y se instauró, de facto, la zona única (de 4 puntos por acudir a un centro del distrito se pasó a 0,5).

La investigación, bajo el título School Choice Priorities and School Segregation: Evidence from Madrid, de Lucas Gortazar, David Mayor y José Montalbán, analiza cómo influyó esa reforma en las decisiones de las familias al escolarizar por primera vez a sus hijos y, en última instancia, en la composición de los centros.

Para Gortazar y Montalbán, si bien no se aprecian efectos de la zona única sobre la segregación, es claro que las dos primeras medidas “incrementaron la segregación socioeconómica y por origen nacional”.

En el paper hay hallazgos interesantes, como el hecho de que la segregación residencial explique como mucho el 50% de la escolar. Al tiempo, se confirma con datos oficiales que las familias más vulnerables disponen de menos información al elegir centro. “Se da en particular con las familias inmigrantes, que ya sabemos que se mueven mucho menos para ir a la escuela, pero vemos que con la zona única no parecen moverse más, hasta los tres años, cuando aumenta su movilidad en la misma proporción que la de las familias con hijos nacidos en España. Esto podría sugerir diferencias de información que se corrigen con el tiempo”, analizan Gortazar y Montalbán.

La zona única no ha tenido apenas efectos en la segregación escolar en el caso de Madrid. No la ha incrementado, como sucedió en reformas similares en Suecia, Nueva Zelanda o Chile, explican los autores, ni la ha reducido, como pronosticaron quienes la achacan a la segregación territorial de partida.

Se puede decir que a raíz de los cambios en los baremos de admisión los alumnos madrileños estudian más lejos de sus casas pero no en centros más heterogéneos. Para los autores esto puede deberse a la alta segregación de partida del sistema madrileño y a que intervienen otros elementos de la arquitectura institucional.

“No necesariamente a más libertad de elección más segregación. Y, por otro lado, la zona es solo una de las dimensiones de la elección y no debemos entronizarla como la única política de libertad de elección. Hay otras más importantes y visibles, como las barreras económicas a la escuela (las cuotas voluntarias de la Concertada) y otras invisibles, como la gestión y planificación de la oferta, la gestión de la matrícula viva o el algoritmo de asignación de Boston, que sabemos que perpetúa la desigualdad de oportunidades”.

Según un estudio de Save the Children sobre el caso de la Comunidad de Madrid, un 20% de la segregación se debe a la escuela concertada, y su expansión coincidió con un aumento de la segregación, una tendencia eminentemente urbana –“los fenómenos de aglomeración dinámica la generan de forma casi natural”– pero que se puede revertir. Para ello, los autores proponen (además de acabar con los puntos para hijos de antiguos alumnos y volver al IPREM en vez de la RMI) eliminar el mecanismo de Boston o establecer decretos de porcentajes máximos y mínimos de alumnos vulnerables.

Esto es importante porque, si las diferencias de rendimiento a los 15 años se deben en un 10% a la política educativa del país, en un 30% al centro y en un 60% a la familia, la influencia del centro es mayor cuanto más vulnerable es el alumno.

Como expone el sociólogo Mariano Fernández Enguita, “en general la clase media o media-alta se ve menos afectada por el tipo de escuela, aunque sea la que más empeño pone en elegir bien, mientras la clase baja o media-baja se ve mucho más afectada, aunque se preocupa menos por la elección. Cuenta la suma o producto del capital cultural familiar y escolar. Hay familias capaces de salvarte de la peor escuela; deberíamos tener escuelas capaces de salvar al alumno de la peor familia”.

El experto es partidario de los mínimos y máximos de alumnos con necesidades especiales para que los centros tengan “una composición suficientemente plural, sean un microcosmos de la sociedad, nunca un gueto ni una burbuja”. Y deja la pelota más en el tejado de la Administración que de las familias: “No son malvadas, pero tampoco mártires. Tienen principios y quieren una escuela igualitaria, pero no están dispuestas a pagar cualquier precio, menos en la persona de sus hijos. No pasaría si los poderes públicos fuesen capaces de asegurar un alto grado de igualdad entre centros (incluidos los privados, o al menos los concertados), hasta el punto de que las posibles ventajas de un centro sobre otro no superasen la desventaja del alejamiento o el precio (expreso u oculto)”.

Para el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Javier Murillo, la discrepancia entre lo que los padres defienden –escuelas inclusivas– y su elección de centro (que hace que aumente la segregación) se debe a la mezcla entre el extendido imaginario social que dice que la escuela privada es mejor que la pública, el prejuicio contra “los diferentes”, bien sea por tener otra cultura, religión o simplemente haber nacido en otro país que genera una predilección por escolarizar a los hijos «con gente como ellos» y el juego de la publicidad y el marketing, que deja a la escuela pública a veces sin el apoyo de la misma Administración.

«El mecanismo para lograr una mayor segregación es sencillo. Se trata de aplicar las lógicas de mercado a la Educación, con el principio de que es la competencia entre centros lo que hará que mejore la Educación, y con la libertad de elección como una pieza indispensable para ello. De esta forma, se justifica que son los padres y madres los que han elegido y, por tanto, la segregación se ve legitimada. Pero no olvidemos que la libertad de elección solo es realmente usada por los padres y madres de mayor nivel socioeconómico: esta libertad es solo para algunos«, expone el experto, que alude a otros elementos implicados, como el cambio climático: «Desde el punto de vista medioambiental, la solución óptima sería que todos los niños, niñas y adolescentes pudieran ir a la escuela o instituto andando». 

En la lucha contra la segregación, Murillo es partidario de combinar «soluciones a más a largo plazo de fondo político con medidas urgentes de carácter más técnico». Entre las primeras cita la apuesta decisiva por la educación pública, dotándola de más recursos económicos (más especialistas, bajada de ratios, mejores infraestructuras), desarrollando un trabajo de valoración y apoyo decidido de la escuela pública y de sus docentes, una política de construcción escolar que garantice que todo alumno tiene acceso a un centro público cerca de casa, replanteándose los conciertos… «de tal forma que dicha libertad de elección haga que las familias lleven a sus hijos a alguno de los colegios cercanos a casa porque son “los mejores” que hay (igual que en sanidad)».

Entre las segundas menciona una política de redistribución de recursos a través un apoyo claro en términos de financiación, formación de profesorado o bajada de ratios hacia los centros de alta complejidad.

• Mecanismo alternativo al algoritmo de Boston. Este hace que las familias vayan a lo seguro y pongan como primera opción la escuela que creen que tienen más probabilidades de conseguir. Beneficia a las familias con más información o más dispuestas a arriesgar porque cuentan con la Privada como plan B. Amsterdam lo eliminó en 2015. El sociólogo de la Universitat Autònoma Xavier Bonal apuesta por la evaluar, mediante simulaciones, si cambiaría el funcionamiento de la demanda eliminando el algoritmo de Boston, «que en principio favorece a las clases medias, cuyo comportamiento estratégico es superior (sabe cuánto arriesga poniendo una escuela en primer lugar)». «De todas formas, este deja de tener sentido si se elimina la zonificación, como en la Comunidad de Madrid. Está más pensado para contextos en que las elecciones escolares están más limitadas», añade.
• Erradicar puntos como los “dinásticos”. Hace cinco años, eran 11 las comunidades autónomas con puntos para hijos de antiguos alumnos. Hoy son siete. La última en eliminar este punto ha sido la Comunidad Valenciana. Los expertos lo hacen extensivo a los puntos discrecionales (por ejemplo, por acudir a una determinada escuela infantil). «Deberíamos volver a los criterios objetivables para dar puntos ya definidos en la LOE. En caso de exceso de demanda, deben primar la conciliación (hermanos o en el mismo centro), la proximidad, por su valor también para crear comunidad, y la renta. Los criterios complementarios también han de ser en función de aspectos lo más objetivables posibles, y con una perspectiva social (familias monoparentales, etc.). Que tu madre o padre haya ido al mismo centro es lo más inequitativo que puede haber, y que se den puntos por trastornos digestivos, como se hacía en Cataluña para facilitar que se pudiera ir a comer a casa, acaba convirtiéndose en un coladero también. El punto adicional a discreción de la escuela acaba siendo un meanismo de selección del alumnado, y un punto por acudir a un determinado centro de Educación Infantil, otorga una ventaja injustificada».
• Cuotas mínimas. Se hace una reserva mínima de plazas en cada colegio o grupo de alumnos con dificultades socioeconómicas o necesidades educativas especiales. Paradigmático es el caso de EEUU en los 70, acompañado del busing para trasladar a los alumnos fuera de sus barrios.»Deben establecerse unos criterios bien elaborados y objetivos, se debe detectar muy bien al alumnado con necesidades especiales, y establecerse una reserva de plazas proporcional según el territorio», especifica Bonal.

Para el experto, el hecho de que la zona única no reduzca la segregación se debe a que «dos fuerzas se contraponen: la segregación residencial, que se reproducirá en la escolar, y la estrategia de elección de las familias y las escuelas en sentido contrario». «Al final, se trata de qué pesa más y casi siempre lo hace la capacidad de elección de unas familias sobre otras y de selección de las escuelas, frente a la segregación residencial». «Hay diferentes informes, el último de la OCDE, que nos demuestran que todos aquellos sistemas con asignación más basada en la proximidad generan menos segregación que los que se caracterizan por una mayor libertad. En territorios donde se da una segregación territorial muy fuerte es más interesante la zona única que la zonificación, pero en general por lo que conocemos el criterio de proximidad reduce la segregación».

Si Gortazar y Montalbán citan comunidades como Navarra o Cataluña por sus esfuerzos por revertir la segregación escolar, y, a escala europea, Bélgica o París (decretos de porcentajes máximos y mínimos de alumunos vulnerables por centro) o Ámsterdam (sustitución del algoritmo de Boston por el de Gale Shapley), Bonal menciona el caso de Cataluña y su Pacto contra la Segregación impulsado por el Síndic de Greuges y ahora «sobre la mesa política» y el futuro decreto de admisión de alumnos que la Generalitat prepara (con la Concertada presentando numerosas alegaciones).

Para el experto, además de los criterios de baremación, son importantes las lógicas de planificación educativa, y, aparte de los esfuerzos de cada comunidad, el compromiso de los entes locales (con la complicidad de las consejerías). «En Cataluña tenemos municipios como Tarrasa que en 2012 salían mal en la foto y se han puesto las pilas y están trabajando mucho. Otros, como Mataró, han aflojado el ritmo. Están Granollers u Olot como referentes en la lucha contra la segregación. Hay varios municipios de escolarización equilibrada de bastante importancia».