Mari Luz Martínez Seijo: “Queremos tramitar la nueva ley educativa lo más rápido posible”

Fue la cara visible de la espantada del PSOE en la última intentona para lograr un pacto educativo en el Congreso, un pacto que el PSOE espera que prospere en esta legislatura a través del recambio de la Lomce que llega al Congreso, la Lomloe.

Hay en el Congreso una propuesta de subcomisión para un pacto educativo.
—La hace Ciudadanos. La Comisión de Educación decidirá si se admite. Yo lo veo un sinsentido cuando vamos a tener un texto registrado y sobre él van a debatir los grupos parlamentarios. Con él se pone sobre la mesa la posibilidad de sumarse a un pacto que viene con un pacto previo de 13 grupos con el compromiso de derogar la Lomce lo antes posible. Ciudadanos quiere distraer la atención. Con 10 diputados, marcar la hoja de ruta del Gobierno. Pero este tiene muy claro que la posibilidad de pacto va a existir en torno a la ley que se va a debatir aquí. Ya hemos tenido un año y medio de debate en esta Cámara, por la que pasaron más de 80 comparecientes. Sus aportaciones se han tenido en cuenta, junto con las que hubo a través de la web y del Consejo Escolar. Todos tenemos muy claro por dónde hay que ir.

Ustedes abandonaron el anterior por una inversión insuficiente. Ahora hablan del 5% del PIB para Educación en 2025.
—Todo va a depender mucho de la financiación autonómica, el 95% de los recursos destinados a Educación. Tenemos que impulsar sobre todo medidas que reviertan los recortes, como la ley del año pasado para reducir horas lectivas, ratios, etc., incompatible con una política de contención de la inversión en Educación. Tenemos que tratar de que la mejora de la Educación sea una prioridad para las comunidades, como lo es para el Estado. No se puede imponer una política educativa. Eso fue lo que generó muchísimo rechazo a la Lomce. Sí se tienen que buscar líneas de cofinanciación, programas de cooperación territorial que tan buen resultado dieron en la época de Gabilondo.

Pero en la reversión de los recortes hay distintas velocidades.
—Volvemos exactamente a lo anterior al RD 14/2012. Entiendo que los profesores pueden estar disgustados, sobre todo en comunidades donde gobierna la derecha. El PP es muy coherente con sus políticas y mantiene los recortes. En Castilla y León no quieren negociar las 35 horas. Luego presumen de sistema gracias al esfuerzo de la comunidad educativa, fundamentalmente. En Castilla-La Mancha se redujeron más de un 27% los recursos destinados a la parte social en cuatro años, con Cospedal. Lo que había costado décadas fue completamente eliminado. La Consejería ha ido revirtiendo recortes, incrementó casi 15% la inversión en Educación la última legislatura, pero aquello era un erial. Se ha demostrado que hay maneras de entender la gestión educativa. Unos apostamos por más inversión y otros por cosas que están muy lejos de mejorar la calidad, equidad e igualdad de oportunidades.

¿Qué tipo de cosas?
—En Andalucía hay una contradicción clara del consejero Imbroda, que dice que el 97% de las familias escolariza en los centros de preferencia y, aunque no hay una demanda de los padres, modifica los criterios de escolarización por una cuestión ideológica, la de priorizar a la Concertada. Tampoco hay necesidad de ampliación de la concertación a Bachillerato o FP, pero se opta por esa vía. Otra diferencia entre unos y otros.

La demanda social desaparece.
—Hay personas muy interesadas en hacer un problema de esto, pero no es un problema real. De las administraciones educativas, que gestionan los recursos, depende la planificación de la oferta educativa con centros públicos y plazas concertadas, y a partir de ahí las familias eligen. La Pública está presente en todo el territorio y es la que verdaderamente garantiza a todos los padres y madres esa libertad, porque donde nunca va a llegar la Concertada siempre va a llegar la Pública. No se puede hacer una oferta a la carta. No hay recursos para garantizar una libertad absoluta y sería un disparate. Ese derecho chocaría con la libertad de planificación de las comunidades en función de la demanda educativa de un pueblo o un barrio de nueva creación que necesita plazas públicas, pero no de un padre. Es el equilibrio de la LODE, la que sigue en vigor. ¿Dónde llega la Concertada? Donde no llega la Pública. No al revés. La introducción del término demanda social y de la cesión de suelo público para centros concertados, como en Madrid, rompió ese equilibrio.

¿Cree que la Lomloe puede estar en vigor el curso que viene?
—Esperemos que esté aprobada. Hay una parte que se puede aplicar con carácter inmediato, cuestiones que no exigen reforma curricular, como la participación (consejos escolares), la autonomía de los centros, la organización de las asignaturas, aunque los contenidos aun no, pero empezar a trabajar ya con otro tipo de competencias y objetivos, PMAR/diversificación, acabar definitivamente con las reválidas, orientar la Educación Infantil 0-3… Luego vendrán los desarrollos para una reforma profunda del sistema. Necesitamos una parte común que todos tenemos que respetar absolutamente y que debe ser del gusto de todos.

¿Puede virar a la izquierda?
—El texto que llega al Congreso es el que se registró en febrero pasado. Es un trabajo hecho que viene con mucho consenso. Somos 10 grupos parlamentarios, lo que puede complicar el debate. Tendremos que buscar el método más ágil. Queremos tramitar la nueva ley lo más rápido posible porque hay una urgencia en el sistema: se ha incrementado el fracaso escolar, se ha reducido la titulación en Bachillerato, los resultados en PISA no han sido los esperados, la repetición se ha disparado… Son datos objetivos de la urgencia de una reforma que haga aumentar las tasas de titulación, de motivación, de éxito escolar,que reduzca el abandono.

Mantienen la FPB y los itinerarios en 4º de ESO.
—La denominación de FPB se mantiene porque está vinculada a un programa que ha contado con cierta financiación de fondos europeos. Sobre los itinerarios, la Lomce, que no llegó a aplicarse en ese sentido, daba la opción a distintas titulaciones por las distintas reválidas. Nosotros vamos a la garantía de una única titulación y una certificación de competencias. Que todos salgan con un mínimo para poder seguir avanzando y con una titulación común. No queremos que antes de tener lo básico, la ESO, haya segregación. Tal y como está planteada la Lomce hay chavales que ya en 2º de ESO tienen que elegir, irse a un PMAR. La decisión es irreversible, porque llegan a 4º de la ESO en la vía ordinaria y difícilmente van a poder titular. Nosotros volvemos a la diversificación en 3º y 4º vinculada a una posible titulación por ámbitos.

Para la reforma de la profesión docente se dan un año, ¿la del currículum también va para largo?
—En teoría se irá trabajando paralelamente. No se puede hacer de un día para otro. Puede que haya personas que viven un poco instaladas quizá aun en la comodidad de su aula, pero como responsables de la Educación tenemos que escuchar las demandas de las empresas, a los profesores, y trabajar con ellos y darles la formación para trabajar con metodologías mucho más activas. Hay que ver qué competencias son necesarias, buscar métodos de evaluación no solo basados en la memorística. Hay que temporalizar muy bien los contenidos a lo largo de la escolarización obligatoria y ser muy permeables a lo que nos viene del mundo de la sociedad para poder incluirlo en el currículum.

¿Cómo van a conseguir que no sea vista como la ley del PSOE y Unidas Podemos, que se vea como un pacto educativo?
–Espero que escuchen un poquito más aquellos grupos parlamentarios que se arriesgaron a lanzar de manera unilateral y de espaldas a la comunidad educativa una ley que ellos mismos han criticado y no han sido capaces de aplicar al 100%, que hayan aprendido del error y se sumen a escuchar a la comunidad educativa y eso les lleve a intentar generar puentes. Porque podemos intentar llegar a acuerdos en la mayoría de las cuestiones esenciales: abordar el 0-3, la autonomía de los centros, la formación del profesorado, la reforma curricular, igualdad de oportunidades, equidad, calidad educativa, una mayor digitalización en las aulas, más recursos en atención a la diversidad… Yo he oído a los compañeros del PP multitud de veces hablar de estas cosas, y espero que un partido que se considera de Estado priorice los intereses de los niños y niñas de este país frente a sus intereses partidistas.

Pero los últimos debates educativos han estado muy polarizados.
–Sí, se han generado debates que han dado lugar a confusión entre las familias. Se ha utilizado a las familias de niños en centros de Educación Especial. En ningún momento el PSOE ha hablado de cierre de estos centros. No se puede seguir utilizando a las familias ni a los niños para los propios intereses. No se puede seguir en la confrontación permanente entre la red pública y la concertada, volver a un debate caduco, del que llevamos 40 años hablando. Dejemos de repartir mociones y proposiciones no de ley, de crear problemas inexistentes, como el veto parental, de fomentar falta de confianza en los profesionales, y hablemos de Educación. La Religión no es un problema. Será de oferta obligatoria y asunción voluntaria y sin asignatura espejo. Así se cumplen los acuerdos con la Santa Sede, pero no obligas a los alumnos que no la elijan a tener parchís esa hora. Tendrán una asignatura con contenido, los centros verán cómo organizan los horarios, pero está muy claro que el derecho de unos no puede perjudicar al derecho de otros. Ese es un principio básico que tenemos que respetar.