La comunidad educativa, polarizada en relación a la nueva ley de Educación

Una vez aprobado el proyecto por el Gobierno, la comunidad educativa se ha pronunciado al igual que llevan haciéndolo desde que se conoció que la «ley Celaá» llegaría al Consejo de Ministros.

UGT ha celebrado en un comunicado la aprobación de un proyecto de ley de educación que quiere «reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema». No obstante, se ha mostrado crítico respecto al gasto público incluido en el proyecto, que fija el incremento del mismo hasta un mínimo del 5% del PIB cuando lo consideran «insuficiente» porque debería llegar hasta el 7%.

Desde CCOO se valora que se vaya a derogar la Lomce con la «ley Celaá», pero se ha pedido mejorar aspectos de la propuesta ya conocida y otorgar protagonismo al profesorado, recuperar la inversión en el sector y restablecer el carácter compensatorio de las becas y ayudas.

La CSIF considera que para empezar a «negociar» la nueva reforma educativa que plantea ahora el Gobierno, por encima de criterios ideológicos, hay que plantearse una estrategia que vaya a los problemas estructurales de nuestro modelo». De entrada reclama la contratación de 26.600 docentes y una inversión de 7.000 millones para revertir el déficit que se arrastra durante los últimos diez años.

Para STES, se debe asegurar una «estabilidad a largo plazo» gracias a un acuerdo amplio de la comunidad educativa y se debe defender la escuela pública «como garantía del derecho a la Educación». Asimismo, quieren que la Educación afectivo-sexual sea uno de los pilares fundamentales del sistema educativo para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y potenciar la orientación escolar en todas las etapas, especialmente en Primaria para actuar sobre su paso a Secundaria.

La FSIE, mayoritaria en la Concertada y Privada, ha manifestado su decepción al considerar que esta nueva ley no tendrá el respaldo de la mayoría social y política y que «durará lo que dure este Gobierno». «Es una ley que vuelve a recrearse en polemizar respecto a temas como la enseñanza concertada, la libertad de elección de los padres, la asignatura de Religión o la enseñanza diferenciada, como si estos fueran en algún caso los problemas que tiene el sistema educativo», ha criticado FSIE.

Escuelas Católicas ha mostrado su «preocupación» ante una ley que «nace sin consenso y limita los derechos de centros y familias». Además, consideran «un error tratar a la Concertada como subsidiaria de la Pública».

Para USO la Lomloe debe incluir la reducción de la carga lectiva «como factor de calidad esencial en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos».

La Canae ha valorado que la reforma de la ley educativa sea una prioridad para el nuevo Ejecutivo pero plantea que las reformas deben ser más profundas para asentar las bases de un sistema «más estable». Ha solicitado a los partidos que «no realicen juego político» y tengan «altura de miras» en la tramitación de la ley.

El Sindicato de Inspectores de Educación se ha mostrado «bastante sorprendido» por la no inclusión en la Lomloe de medidas relativas al cuerpo de inspectores. «Esperamos que la nueva ley afronte de manera decidida y de una vez por todas las necesarias modificaciones que necesita la Inspección», ha comentado.

ONG como Save The Children han pedido «mayor ambición» en la reforma educativa «para evitar escuelas gueto y acabar con el cobro de cuotas ilegales» mientras que la Plataforma de Infancia ha aplaudido «la perspectiva» de infancia de la nueva ley educativa y ha pedido «más valentía» en temas de equidad educativa.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha negado «rotundamente» que el proyecto de ley educativo aprobado  en el Consejo de Ministros ataque a la escuela concertada, como se ha quejado el PP, al que ha pedido que haga sus enmiendas para «enriquecer» el texto. «Este proyecto de ley de ninguna de las maneras ataca a la Concertada ni la restringe», ha señalado Celaá.

La ministra ha instado a que las fuerzas políticas se sienten «de una vez», se dejen de «excusas y de barreras artificiales», como afirmar esas cuestiones «tan inútiles», y se busque un pacto. «Se encuentra mejor el pacto sobre un proyecto que no sobre una lámina vacía», ha argumentado Celaá para comentar que la Subcomisión para el Pacto educativo, mesa de la cual se levantó el PSOE al exigir al PP un incremento del PIB, estuvo año y medio trabajando y contó con 83 ponencias de expertos y de ella «no salió nada».