La Junta de Andalucía aprueba un decreto para "salvaguardar" 10.000 empleos

El Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó el viernes 20 de marzo un decreto ley de medidas urgentes con el que se pretende «salvaguardar» el empleo de entre 9.000 y 10.000 trabajadores del sector de la Educación, al mantener las subvenciones a las más de 1.800 escuelas infantiles de 0-3 y a las 26 escuelas-hogar de la comunidad autónoma para que la red de centros pueda mantenerse mientras dura la crisis del coronavirus.

En el caso de las escuelas infantiles, estas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con una cantidad total que coincidirá con la cantidad que se dejará de abonar a las familias en concepto de ayudas para recibir este servicio como consecuencia del cierre de centros.

Para recibirlas, se debe garantizar que se mantendrá la plantilla de trabajadores en las mismas condiciones laborales, con el correspondiente abono de los salarios y de los seguros sociales. También en el caso de las escuelas-hogar es imprescindible que se mantengan las plantillas para poder recibir la subvención de la Consejería de Educación y Deporte.

Con la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo la amenaza del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se cernió sobre el sector de las escuelas infantiles privadas. No solo en Andalucía, en toda España, donde el sindicato FeSP-UGT calcula que 8.000 trabajadoras podrían perder su empleo y un 20% de los centros, sobre todo los más pequeños, podrían echar el cierre.

Desde la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) se recuerda que este cierre ya se estaba dando antes de la crisis del Covid-19, a un ritmo de dos por semana, y que si no se toman medidas que protejan al sector su situación será mucho más dramática a partir de ahora.

La supervivencia de los 5.100 centros privados de Educación Infantil que existen en España está en juego, advierte, como lo está la permanencia de más de 30.000 empleos de profesionales generalmente jóvenes y en un 90% mujeres.

Ante esta situación, solicita a las consejerías y ayuntamientos el mantenimiento íntegro de las ayudas y bonos para la escolarización mientras los centros permanezcan cerrados y los 205.000 alumnos de 0-3 que atienden, en sus casas. Recuerda, además, que la Educación Pública sería incapaz de asumir a este alumnado, pues, para hacerlo, se tendría que incrementar el gasto en Educación en 1.160 millones de euros al año, o lo que es lo mismo, una décima del PIB actual.

Desde el PSOE-A se ha solicitado también al Gobierno andaluz que garantice el empleo de los trabajadores que se ocupan de las actividades extraescolares de los centros educativos, suspendidas de igual modo hasta nuevo aviso.