Principales preocupaciones de profesores, familias y alumnos ante la excepcionalidad

2019-20 será recordado como el curso del coronavirus, cuando a mediados de marzo todas las programaciones, evaluaciones y planes saltaron por los aires por causa de fuerza mayor. A día de hoy muchas son las cuestiones que se plantean sobre cómo afectará al sector educativo.

La Educación sigue a distancia, pero con modalidades y ritmos muy diversos según los centros e incluso los profesores –»No vais a salvar el mundo por acabar el temario», aseveraba en Twitter la semana pasada el director del IES Bovalar de Castellón, Toni Solano–.

Según un estudio llevado a cabo por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en un 7,28% de los centros la «Educación online» consiste en enviar a los alumnos PDF imprimibles con tareas.

Desde la federación de asociaciones de padres y madres de la Pública, Ceapa, su presidenta, Leticia Cardenal, relata: «Las distintas asociaciones de todo el territorio nos trasladan que las tareas son excesivas y que no se hace un seguimiento de si se están haciendo o no. Además, hay disparidad por comunidades, con algunas como Galicia, Baleares, Canarias o Cantabria donde no son evaluables, mientras que en Extremadura, Castilla-La Mancha y Melilla sí lo son».

«Estamos entre los excesos y la nada.  Entre el que simplemente les dice que repasen y el que avanza temario, examina y califica. También en esto las consejerías deberían unificar criterios y aportar unas instrucciones claras», apunta Raimundo de los Reyes, presidente de la federación de directores de instituto Fedadi. «Ahora más que nunca deberíamos tener presente que la evaluación es continua y que las evaluaciones intermedias son momentos en que se facilita a la familia información de cómo va el alumno», recalca De los Reyes, a la espera de cómo se concreta el modelo de EBAU este curso. «Recortar el temario en un porcentaje no es posible, existe otra fórmula, una mayor optatividad dentro de las preguntas para asegurarse de que todos los alumnos puedan obtener la máxima nota», plantea.

«Es una posibilidad, pero deberían ponerse medidas paliativa, considerar la parte de contenidos que no se haya podido impartir más que para penalizar al alumno para modificar la programación del curso próximo», reflexiona Raimundo de los Reyes.

Otro director es partidario además de programas en verano para promover refuerzos conjugados con actividades complementarias y deportivas y medidas de recuperación para los grupos que se hayan quedado más descolgados el curso que viene. A De los Reyes le preocupa el porcentaje de alumnado al que no están logrando llegar desde que se suspendieron las clases, que la ministra Celaá cifró con carácter general en toda España en un 12% la semana pasada.

El director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universitat de València, Ricard Martínez, recomienda atenerse a los principios y criterios de la Consejería de Educación o el centro privado en el que se trabaja, que deberían ser claros y precisos. «No podemos generar mensajerías privadas por WhatsApp si no está permitido por la organización a través de herramientas como WhatsApp Business, nada cambia con el confinamiento. Debe garantizarse la misma confidencialidad, seguridad y tratamiento de la información, con reglas adaptadas por las organizaciones al teletrabajo. Se trata de proteger no solo la privacidad de familias y niños sino también tu propia privacidad. El profesor que realiza videoconferencias debe disponer de un espacio protegido».

Para Martínez, el modo de contacto razonable es a través de las herramientas del aula virtual puestas a disposición del docente. «No es una buena idea realizar clases con nuestro Skype o a través del Hangouts de Google privado, no podemos suplir lo que corresponde hacer a la organización con iniciativas privadas que podrían infringir la normativa de protección de datos, con las consecuencias inmediatas que esto conlleva –apercibimiento en la Pública y sanción en la Privada, pudiendo ser incluso causa de despido al estar vulnerándose un derecho fundamental, con responsabilidades disciplinarias para el infractor–».

En la misma línea se expresa Alicia Piña, coordinadora de la Comisión de Menores de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), que aconseja a los docentes consultar con el centro los canales que se recomiendan para seguir las clases y cómo se garantiza que la información personal que se pueda tratar respeta la normativa de protección de datos, preservando la confidencialidad y minimizando el alcance de los datos personales a compartir. «Con el estado de alarma no se suspende el derecho a la protección de datos personales en el ámbito educativo. Para considerar lícita la comunicación con familias y alumnado debe existir una base legal y finalidad y elegirse los medios que razonablemente garanticen el tratamiento de información personal más seguro posible en el escenario en que nos encontramos», añade.

Por ejemplo, si el alumno no dispone de ordenador y cuenta de correo pero su progenitor, guardador de hecho o representante legal tiene un smartphone, se podrían remitir las tareas a través de una app de mensajería instantánea al número del adulto, explica Piña, «equilibrando el derecho-obligación a preservar la privacidad de los miembros de la comunidad educativa y el deber-derecho a la Educación».

Más información en AseguraTIC.

Con 27.000 plazas convocadas, principalmente en Secundaria, y unos 250.000 candidatos en todo el país, son muchos los que están pendientes de si se alcanza un consenso entre comunidades y, como piden los sindicatos, o todas las aplazan a 2021 o todas las mantienen en 2020.

Para el experto Daniel Turienzo, «el consenso va a ser difícil, aunque la realidad y la evolución de la pandemia puede obligar a ponerse de acuerdo. Es decir, si se alarga la cuarentena y después se ponen medidas transitorias (como evitar aglomeraciones) durante un periodo determinado, no va a quedar otro remedio. Además, los tribunales están compuestos por docentes y les afectan las decisiones en relación al calendario escolar».

Tanto mantener como aplazar tiene consecuencias. Así, en las CCAA que aplazan: «Coincidencia con o desplazamiento de la convocatoria de Maestros, envejecimiento de plantillas, aumento de la temporalidad y efecto tapón, los interinos que entraron en la anterior convocatoria incluso con una mala nota van a seguir trabajando y acumulando puntos. En 2021 habrá un grupo muy elevado de opositores con baremos altos, lo que dificulta el acceso a los aspirantes sin experiencia», especifica Turienzo. Mientras, el precio de convocar oposiciones aunque no lo hagan las demás es el efecto llamada: «Este es real. Los opositores que han estudiado quieren rentabilizar su esfuerzo y se van a presentar allí donde puedan, salvo en las comunidades bilingües, pues la mayoría desconocen la segunda lengua». Esto, a su vez, aumenta el coste del proceso, «pese a lo elevado de las tasas, no cubren su coste íntegro».

No, fue un bulo que circuló la semana pasada. «El Gobierno ha descartado que esté planteándose ese recorte que afectaría a más de tres millones de empleados públicos, que tienen garantizados sus empleos, sus condiciones de trabajo y sus salarios», explican desde el Área Pública de CCOO.

Cualquier persona con nombramiento activo al decretarse el estado de alarma no va a perder su trabajo, pero se han paralizado los nombramientos y no se está sustituyendo al profesorado que enferma, salvo en La Rioja, donde se han reactivado los llamamientos. Para los interinos esta crisis dificulta además que cobren en verano, pues en casi todas se debe haber trabajado entre cinco meses y medio y siete para poder hacer

«En Escuelas Católicas el criterio es que las cuotas voluntarias, al no estar vinculadas a la contraprestación de un servicio, deben seguir funcionando. Pero debemos recordar –siempre, pero ahora más que nunca– que son voluntarias, que las ha de aportar la familia que quiera y pueda. Debemos ser todos comprensivos. Estamos en un momento de dificultades de todo orden para los colegios pero también para las familias. Sería bueno que los colegios abordaran esta cuestión con las familias a través del AMPA», apunta José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.

«Los centros pueden intentar que una extraescolar siga realizándose online, mantener la actividad con otra modalidad de desarrollo, y con ello la cuota. Pero si la familia no está de acuerdo con el desarrollo de la actividad o incluso, aunque valora el esfuerzo del centro por mantener la normalidad, atraviesa una situación económica delicada, puede optar por comunicar que quiere dejar de recibir ese servicio y, como consecuencia, dejar de pagar su cuota. Las actividades extraescolares son voluntarias. Eso sí, si se mantiene inscrito en la actividad y recibe los materiales, el seguimiento y las intervenciones que se hagan, deberá seguir abonando la cuota correspondiente», explica el abogado Jesús Muñoz de Priego Alvear.

¿Tienes más dudas o consultas? Háznoslas llegar a la Redacción del periódico Magisterio y te ayudaremos a resolverlas. 

• A los profesores les preocupa que las plataformas online, habitualmente un recurso complementario, sirvan realmente para impartir la docencia. También, ansían que  los alumnos más vulnerables no se queden atrás, explican desde el sindicato de la concertada FSIE.
• A los alumnos les inquieta que la gran mayoría de las plataformas online dan problemas e incluso no funcionan, la sobrecarga de trabajo y el escaso margen de entrega, la desigualdad de oportunidades y la evaluación. «Está generando mucha incertidumbre no saber si se realizarán exámenes online o cómo se tendrá en cuenta el trabajo desde casa, dado que hay estudiantes que no tienen los medios para hacerlo», explica Andrea González Henry, presidenta de Canae.
• Para los padres y madres, la evaluación en cursos clave en que se da un cambio de ciclo es una fuente de preocupación, explica la presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal.
  Para el presidente de la confederación de la Concertada, Concapa, José Caballero, también lo es la falta de información desde las consejerías y el Ministerio y «el exceso de deberes y el estrés al que se somete a los alumnos y a las familias confinadas, con hasta ocho horas diarias de trabajo, sin tener en cuenta la ansiedad de las familias, que llevan confinadas dos semanas». Concapa ha calculado que el 20% de las familias no tiene acceso a los recursos telemáticos para que sus hijos puedan seguir el curso con las mínimas garantías, lo que les priva del derecho a la Educación.