Titulaciones virales

El enorme impacto que el Covid-19 está teniendo en nuestro país ha conducido al cierre de los colegios. Ello implica que los alumnos continúan aprendiendo desde sus casas, fundamentalmente a través de la educación online. Todos somos conscientes de que esta situación es difícil para profesores, alumnos y padres. A todos nos preocupa que esta situación suponga desventajas para alumnos de entornos socioeconómicos vulnerables o rurales, que no dispongan de ordenadores o de acceso a Internet. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Porque cuando se habla de equidad, la respuesta facilona ya la conocemos todos también.

Ante esta situación inédita, que requeriría de soluciones complejas, la propuesta del Ministerio consiste en una no-solución. En resumidas cuentas: no se van a pedir cuentas.

La propuesta incluye renunciar a las evaluaciones académicas, que se sustituyen por otras “diagnósticas y formativas”; evitar a toda costa la repetición de curso, que pasa a ser una medida “muy excepcional”; y permitir que las comunidades autónomas y los equipos docentes flexibilicen los criterios para la obtención de títulos (ESO, Bachillerato y Formación Profesional) de forma que sea posible con el número de suspensos que consideren adecuado. Y todo ello en aras de la equidad, un concepto que se reinterpreta a la vista de la excepcionalidad de la situación

Me voy a permitir discrepar en un asunto tan sensible.

La equidad tiene dos componentes. Por una parte, la justicia social (“fairness”) que supone evitar que el entorno familiar y las condiciones personales interfieran en el desarrollo del potencial académico de los alumnos. Y por otra, la inclusión social (“inclusion”) que se refiere a unos mínimos estándares de conocimientos y competencias que el sistema educativo debe asegurar para todos los alumnos, independientemente de su entorno socioeconómico y de la zona geográfica donde residan. Para conseguir la equidad en sus dos dimensiones el sistema educativo debe diseñarse en su conjunto de forma que existan medidas compensatorias para los alumnos de entornos más desfavorecidos y medidas de refuerzo para los alumnos rezagados desde edades muy tempranas.

Pero también está la interpretación equivocada de la equidad. Aquella que supone que la equidad implica que todos los alumnos deben de obtener resultados parecidos, independientemente de su esfuerzo y de su nivel de rendimiento real. Y otra más nociva para los alumnos: aquella que entiende que la única forma de conseguir resultados equitativos es la que vacía a las evaluaciones y a las titulaciones de valor, otorgando el título a aquellos alumnos que no han alcanzado unos mínimos estándares e impidiendo evaluaciones con un mismo nivel de exigencia.

El sistema educativo en España se ha basado desde la Logse en este concepto equivocado de equidad. Y la demostración de que es equivocado, está en los resultados que ha tenido la aplicación de este modelo durante más de dos décadas: una de las tasas de repetición más elevadas y una de las tasas de abandono temprano más elevadas de Europa y de la OCDE. No hay mayor inequidad que un sistema educativo que abandona a sus alumnos.

La secuencia comienza en Primaria, donde la falta de evaluaciones tempranas hace difícil el identificar y apoyar a los alumnos rezagados; ello supone que al comenzar Secundaria la diversidad de rendimiento de los alumnos es elevada. Esta diversidad en el nivel de rendimiento aumenta a lo largo de la ESO, porque la falta de evaluaciones externas y estandarizadas implica que no hay objetivos compartidos a nivel nacional que orienten a alumnos y profesores. Pero la rigidez del sistema implica que todos los alumnos siguen las mismas clases, independientemente de sus necesidades. Ante esta rigidez, la única opción es la repetición de curso, una estrategia ineficaz y costosa. Ergo el sistema educativo español heredero de la Logse ha generado una elevadísima tasa de repetición de curso, que es el mejor proxy para predecir el abandono educativo temprano.

Pero la solución a la repetición de curso no pasa por restringirla a situaciones excepcionales. La solución supone poner en marcha alternativas. Otros sistemas educativos han encontrado muchas fórmulas con resultados mucho más satisfactorios, pero no me quiero extender hoy con las comparativas internacionales que son de sobra conocidas.

Por otra parte, transferir a las comunidades autónomas y a los equipos docentes los criterios para la obtención de títulos, equivale a renunciar a la principal competencia del Gobierno central: asegurar que los títulos representan el mismo nivel de conocimientos y competencias en todo el país, puesto que los títulos los otorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es la responsabilidad más importante que tiene el Gobierno en el ámbito de la equidad: asegurar a los alumnos que un título estatal representa lo mismo en todas las comunidades autónomas.

Sabemos por los resultados de PISA (única evaluación externa y estandarizada que se realiza en España) que las diferencias en el rendimiento de los alumnos de 15 años de diferentes comunidades autónomas son enormes, equivalentes a más de un año de escolarización. Este nivel de rendimiento real tiene un impacto enorme sobre las tasas de desempleo juvenil y sobre las tasas de ‘ninis’. Dicho de otra forma, en aquellas comunidades autónomas donde el título se da con niveles bajos de exigencia, se hace un flaco favor a los estudiantes que, título en mano, se enfrentan a niveles de desempleo elevados.

Ante la crisis que vivimos, el Ministerio da un paso más en la dirección equivocada y pretende permitir que haya una disparidad aún mayor de criterios, permitiendo que las comunidades autónomas y los docentes decidan si alumnos con más suspensos que los que contempla la ley pueden titular. Ello supone no asumir la responsabilidad que el Ministerio tiene a la hora de asegurar que se ponen los medios necesarios para que los estudiantes desfavorecidos no sufran en mayor medida las consecuencias de no ir a clase, ni la responsabilidad de asegurar que todos los alumnos alcanzan unos mínimos aceptables.

El Ministerio deberá rendir cuentas por no haber asumido sus responsabilidades en el momento más difícil.