El profesorado está en contra de la promoción de curso generalizada

El pasado sábado 14 de marzo el gobierno anunció el confinamiento de toda la población para evitar la expansión de la pandemia Covid-19. A partir de ese momento el profesorado reaccionó y se puso a trabajar con su alumnado de forma telemática, para intentar salvar el curso escolar. Fue una prueba de fuego en la que se evidenció la profesionalidad de cada uno. La gran mayoría tuvo que dedicar muchísimo tiempo a aprender cómo enseñar a sus alumnos a través de las herramientas telemáticas, como son las videoconferencias, la elaboración y envío por internet de las tareas a realizar, la localización de materiales en la red que los alumnos pudieran consultar para hacer dichas tareas, la corrección periódica de los ejercicios, la realización de exámenes virtuales vigilados a través de teléfonos móviles, la enseñanza del uso de esas técnicas al alumnado y, en muchas ocasiones, a sus padres, a los que se les multiplicó las horas de atención a sus hijos, etc. El profesorado no lo había hecho nunca y tuvo que reinventar su profesión. Merecen un reconocimiento público porque, aunque no han puesto en peligro su vida como sí hizo el personal sanitario, se han visto obligados a un sobreesfuerzo para intentar que sus alumnos no pierdan el curso.

Algunas consejerías de enseñanza primero ordenaron que no se avanzara materia, que no se pusieran notas, que solo se hicieran actividades de desarrollo personal, etc., porque había algunos alumnos que no tenían ordenadores o acceso a internet. Es lo que hizo, por ejemplo, el Departamento de Educación de Cataluña mediante un comunicado publicado el 17 de marzo.  Y así siguieron hasta que a finales de marzo, se dieron cuenta de que si el confinamiento se alargaba mucho, este planteamiento conllevaba a que todos los alumnos  perdieran el curso. Entonces reaccionaron y a principios de marzo aceptaron que el profesorado sí había de evaluar el nivel alcanzado por cada alumno. Se tuvo en cuenta que en los centros había ordenadores disponibles para los alumnos que no tuvieran y que era posible facilitarles un acceso gratuito a internet. De esta forma volvió a tener sentido el esfuerzo realizado hasta ese momento por el profesorado, el alumnado y por sus padres.

Cuando la situación ya había estado encarrilada, intervino la ministra de Educación, la señora Isabel Celaá, proponiendo a los consejeros de Educación, en una reunión celebrada el 15 de abril, que se procediera a la promoción de curso generalizada y que si se trataba del último curso de una etapa, ya fuera ESO, Bachillerato o Formación Profesional, se procediera a dar los correspondientes títulos, sin tener en cuenta el número de materias suspendidas que tuviera el alumnado. A la semana siguiente esta propuesta quedó establecida en el BOE mediante la Orden /365/2020, de 22 de abril y en Cataluña mediante una instrucción del mes de abril.

Se trata de un gran error pedagógico ya que una parte muy importante del alumnado, al saber que hicieran lo que hicieran iban a ser promocionados de curso y que si estaban haciendo el último curso iban a recibir el título, disminuyó mucho su esfuerzo en aprender y al profesorado y a sus padres les resultó imposible conseguir que lo siguieran haciendo.

Esta decisión de la ministra Celaá es también una alegalidad que puede tener repercusiones para ella, ya que la ley establece el número máximo de asignaturas suspendidas con las que se puede pasar de curso y, lo más importante, establece que quien califica a cada alumno es el profesorado reunido en Junta de Evaluación, no la ministra ni el consejero de Educación.

Por otro lado, esta decisión comporta un grave perjuicio a nuestro sistema educativo por dos motivos. El primero es que al promocionar de curso a un alumno que no está preparado para aprovecharlo, se lo está abocando al fracaso y, por otro lado, se le está impidiendo asistir a las clases del curso inferior, que es donde se enseña lo que él no sabe.  El segundo motivo es que al introducir en un curso alumnos que no están suficientemente preparados, el profesorado se ve obligado a rebajar los niveles propios de dicho curso, perjudicando con ello al resto de alumnos.

Para conocer la opinión del profesorado sobre la promoción de curso generalizada que ha establecido la ministra Celaá, se ha hecho una encuesta de seis preguntas, que se podían contestar con un “sí” o con un “no”. De momento la han contestado 181 profesores (80% de ESO y Bachillerato, 20%de FP y 10% de Primaria), mayoritariamente de centros públicos (81% de centro públicos, 18% de concertados y 1% de privados) y básicamente de Cataluña (86% de Cataluña y 14% de otras CC. AA.) Los resultados han sido los siguientes:

1.- El 87,3% del profesorado opina que la promoción de curso generalizada no favorece en nada que los alumnos vayan a seguir esforzándose en aprender, durante los dos meses que quedan hasta el final de curso.  Solo un 3,3% dice que favorecerá el esfuerzo y un 9,4% prefieren no contestar.

2.- El 73,5% del profesorado considera que para los alumnos cuya media de primera y segunda evaluación es de cinco o más, el haber establecido que la tercera evaluación no pueda disminuir dicha media, no es un estímulo para seguir estudiando. Solo un 15,5% dicen que sí es un estímulo y un 11% prefieren no contestar.

3.- El 81,2% del profesorado piensa que promocionar de curso pese a tener muchas materias suspendidas no es compatible ni con que pueda aprovechar el curso siguiente, ni con que pueda recuperar las materias pendientes. Solo un 13,5 % ha dicho que sí es compatible, mientras que el 5,5% ha preferido no contestar.

4.- El 81,8% del profesorado considera que dar el título de la ESO, de la FP y del Bachillerato pese a tener muchas materias suspendidas, va a disminuir  los niveles académicos de la etapa siguiente, incluido el primer curso de Universidad. Solo el 12,2% ha dicho que no lo va a disminuir, mientras que el 6% ha preferido no contestar.

5.- El 84,5% del profesorado es partidario de que a los alumnos con materias pendientes en junio, se les permita poderse presentar a exámenes de recuperación en septiembre, así como que a los que después de dichos exámenes tuvieran más de tres materias suspendidas, se les permitiera repetir curso, en lugar de promocionarlos de curso. Solo un 7,5% del profesorado se ha opuesto a este planteamiento y un 7,5% ha preferido no contestar.

6.- El 78,5% del profesorado piensa que lo mejor para el alumnado, para sus familias y para la sociedad en general es poner las calificaciones reales que cada alumno haya obtenido y luego, en la Junta de Evaluación, decidir la promoción o no de curso en función de los criterios que establece la ley, que son los que siempre se han seguido y los únicos cuyos efectos conocemos, en lugar de aplicar la promoción de curso generalizada. Solo un 6% del profesorado está de acuerdo con aplicar dicha promoción, mientras que un 15,5% ha preferido no contestar.

Estoy completamente de acuerdo con ese 78,5% del profesorado que considera que lo mejor es poner las calificaciones reales y decidir la promoción de curso y la obtención o no del título en función de lo que indica la ley de Educación. Animo a hacer lo mismo al resto del profesorado, me congratulo de que haya consejerías de Educación autonómicas que ya han anunciado que no piensan aplicar la promoción de curso generalizada, les pido que prevean un incremento del número de repetidores para compensar los efectos de la pandemia y recuerdo que los sindicatos poseen servicios jurídicos gratuitos para defender al profesorado ante las posibles presiones que puedan sufrir a favor de promocionar de curso a alumnos que no están preparados  para ello.

Como muestra de los comentarios que ha dejado el profesorado y que pueden servir para conocer mejor la labor docente, se citan los dos siguientes, uno que dice: “Los profesores ya tenemos en cuenta las circunstancias de cada alumno en las evaluaciones. Cuando suspendemos a alguien, es porque realmente no ha asumido los niveles. Si pasamos (de curso) a estos alumnos no favorecemos a nadie.”,  y otro que dice: “La realidad es que virtualmente se repite lo mismo que pasa en el aula, el que quiere trabajar busca la forma de hacerlo y si tiene problemas se comunica con otros y busca una solución o la pide. Y el que no quiere hacer nada, no lo hace o busca excusas. Y decir que se va a aprobar a todos, no ayuda en nada al esfuerzo que venimos haciendo de conectar con nuestros alumnos, con sus familias y con otros profesores. Lo que han hecho es una falta de respeto hacia nuestra labor, como si nosotros no tuviéramos en cuenta los casos problemáticos y un montón de otros aspectos que ellos desde su despacho no tienen ni idea. Lo siento, pero me enfada mucho que nos hayan pedido que trabajemos en la magnitud que lo estamos haciendo, para después decir que les da igual nuestro trabajo”.

La promoción de curso generalizada no es el primer ataque a la enseñanza del PSOE ni el último que quiere realizar este año. La historia viene de lejos, viene de 1990, cuando, con la aprobación de la Logse, estableció su sistema educativo, que podríamos definir como el del “promocionar sin esfuerzo” y el de “todos juntos hasta los 16 años” o, en el caso de los repetidores, hasta los 18 años. Generalmente no se sabe, pero la realidad es que ya llevamos treinta años con ese modelo educativo, ya que de las dos leyes educativas que hizo el PP, una ni se empezó a aplicar y la otra, la actual, no se ha aplicado en sus aspectos fundamentales. El resultado ha sido catastrófico, como lo demuestra el bajísimo resultado de nuestros alumnos en las pruebas PISA, que al ser internacionales no pueden maquillar. En las últimas, las de 2018, los resultados fueron tan bajos que somos el único país del mundo que no salimos en los resultados finales, porque los organizadores así lo decidieron.

Y no será el último ataque a la enseñanza por parte del gobierno, porque aprovechando el estado de alarma quieren sacar una nueva ley educativa en la que no haya una prueba externa al final de la ESO, que fuera la misma para todas las comunidades autónomas y que permitiera garantizar a las familias y a toda la sociedad que las notas que dan los centros reflejan realmente los conocimientos de los alumnos, que no se los está adoctrinando políticamente y que han alcanzado o superado los niveles mínimos establecidos en todas las materias, incluidas la Historia de España y la lengua común, el español. Una ley que no permitirá establecer dos vías en el 4º de ESO según se quiera acceder a la FP o al Bachillerato, que es la mejor estrategia para disminuir el fracaso escolar, y que permitirá que los centros puedan dar el título de la ESO aunque el alumno tenga muchas asignaturas suspendidas, el de Bachillerato, aunque tenga una asignatura suspendida, y que pretende pasar a las aulas ordinarias a los alumnos de educación especial, lo cual solo se puede justificar económicamente ya que evidentemente es mucho más barato. Después de treinta años acumulando fracasos académicos por culpa de este modelo educativo y sin que sus defensores quieran cambiar nada, sería absurdo por mi parte pedir que lo rectifiquen, porque lo que en realidad pasa es que no se trata de un plan diseñado para mejorar la enseñanza, sino de un plan para evitar problemas a los responsables de los servicios educativos.