El 53,4% del alumnado de ESO y el 36,5% de Bachillerato será evaluado sin respetar la norma básica

La Orden EFP/365/2020, de 22 de abril por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-20 y el inicio del curso 2020-21, ante la situación de crisis ocasionada por el Covid-19, va a generar «un mayor escenario de desigualdad y además provocará falta de tratamiento común al alumnado», denuncia la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE).

Esta es la principal conclusión del estudio que este sindicato ha hecho público. De las 17 comunidades autónomas, 12 han regulado criterios de promoción y titulación en la ESO distintos a los tipificados en la norma básica. A esas 12 hay que sumarles las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Eso demuestra que, de casi dos millones de alumnos matriculados en ESO en toda España, cerca de un millón (los de Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, País Vasco y Murcia, es decir, el 46,6%) han sido calificados respetando lo fijado por la normativa básica; mientras que el resto (53,4%), lo han sido con criterios dispares y no comunes.

Por otro lado, de las 17 comunidades autónomas, 11 han regulado criterios de promoción y titulación en Bachillerato distintos a los tipificados en la norma básica. A esas 11, hay que sumarles las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En esta etapa, de aproximadamente 610.586 alumnos matriculados en régimen ordinario (excluyendo tanto a la modalidad de Educación de Adultos como a distancia) en todo el Estado, el 63,5% (los de las mismas comunidades que en el caso de la ESO más Cataluña) han sido calificados respetando lo tipificado por la normativa básica; mientras que el resto, el 36,5%, lo han sido con criterios dispares, no homologados y no comunes.

En definitiva, señala la USIE en su estiudio, la orden ministerial «certifica la desigualdad administrativa, académica y educativa, así como ahonda la fractura ya de por sí existente en el sistema educativo». Es cierto que la «personalísima cultura de la evaluación en una gran parte de los profesores en España tiene como efecto un tratamiento dispar y no homologado en los alumnos, lo que conlleva numerosas reclamaciones ante la Administración; lo grave es que este curso, además, la asimetría se perpetra con certificado de legalidad», dice el sindicato.

Otros dos rasgos que han demostrado una «enorme desemejanza son el desacompasado calendario en el que se han ido publicando las normas, así como la naturaleza jurídica de esas mismas normas», dice USIE. En el primero de los supuestos hay una diferencia temporal de 32 días entre la primera Administración autonómica que publica su norma, Islas Baleares (16 de abril) y la última en hacerlo, que es La Rioja (18 de mayo). En lo relativo al carácter de la norma el abanico de técnicas abarca un espectro amplio que recorre el rango normativo siguiente: acuerdo de Consejo de Gobierno con rango de Decreto, órdenes, resoluciones e instrucciones.

Por último, también se produce una «falla» en cuanto a la «participación y la transparencia» ante la comunidad educativa, puesto que son muy pocas las administraciones que establecen la obligatoriedad de informar a los consejos escolares de los cambios metodológicos y de las modificaciones establecidas en los procedimientos, criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación.

Obtener el mismo título o acceder a unos estudios con exigencias distintas dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida, es un «agravio» para miles de estudiantes a la hora de continuar su formación o acceder al mundo laboral, puesto que «el disfrute de todos los derechos y el cumplimiento de todos los deberes deben tener los mismos requisitos», dice el estudio. «En parte, en eso reside la equidad y el tratamiento común al administrado en un estado social y derecho», señala el informe.

El artículo 14 de la Constitución fija un principio rector que ningún responsable político puede eludir ni ningún ciudadano debe dejar de exigir, ya que en ese artículo se cimenta el concepto de ciudadanía: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», recuerda USIE.

«La preservación del principio constitucional de igualdad debería hacer necesario, en un Estado descentralizado como el nuestro y tratándose de un derecho fundamental como es la Educación regulado en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, que las administraciones educativas dieran una respuesta coordinada para afrontar el funcionamiento del sistema en una situación tan imprevista y traumática como la que se atravesó y aun atravesamos», concluye el sindicato de inspectores.