El Defensor del Pueblo confía en que se tomen medidas para un inicio de curso seguro y homogéneo

El Defensor del Pueblo en funciones Francisco Fernández Marugán confía en que las autoridades educativas y sanitarias alcancen esta semana un pacto para establecer unas medidas comunes que sirvan para garantizar un inicio de curso escolar “seguro y homogéneo” en todo el territorio.

En su opinión, “las niñas y niños de este país necesitan volver a la escuela y las administraciones tienen que hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar que este regreso se realice en condiciones de seguridad para alumnos y docentes”.

Consciente del difícil contexto en el que tiene que iniciarse el nuevo curso escolar, Fernández Marugán insiste en la necesidad de garantizar el derecho a la salud y a la educación de todos los niños y niñas y dotar de seguridad a los docentes para que puedan desarrollar su “imprescindible” labor pedagógica. Así, ha asegurado que confía “plenamente en que Gobierno y Comunidades Autónomas llegarán al mejor acuerdo para arrancar de la forma más segura y homogénea un curso que obviamente no va a ser igual que el de años anteriores”.

También ha pedido pautas claras para los padres y madres y recuerda que muchas familias no podrán retomar sus trabajos con normalidad si no se garantiza la apertura de los centros educativos.

Ya en junio el Defensor pidió conocer los planes y protocolos autonómicos de cara al nuevo curso escolar y, en concreto, información sobre posibles obras de ampliación o reforma de las instalaciones escolares, propuestas para la distribución de los alumnos en centros y aulas y medidas relativas a la dotación de personal docente y no docente para la atención educativa.

Por otra parte, se interesó por las previsiones para, en caso de necesidad, poder asegurar el acceso a la enseñanza no presencial de todos los alumnos y dotar a los docentes de la formación y los medios necesarios para realizar su labor pedagógica a través de medios tecnológicos.

En esta actuación de oficio el Defensor les trasladó tanto al Ministerio como a las comunidades autónomas las quejas de padres y madres que durante los meses que duró el estado de alarma le habían expuesto las dificultades que supuso a los alumnos y a sus familias el cierre de los centros educativos en marzo.

Seis meses después, considera “inexcusable” que las autoridades educativas alcancen acuerdos y coordinen sus actuaciones con las autoridades sanitarias para posibilitar el inicio y desarrollo del curso 2020-21 en el modo más favorable para alumnos y alumnas, titulares del derecho a la Educación.