Celaá vuelve a saltarse la ley para generalizar el aprobado este curso

El Real Decreto aprobado con urgencia por el Gobierno la semana pasada prevé que este curso la decisión de titular en ESO y Bachillerato se adoptará «garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa», de manera que permitan al alumno «continuar su itinerario académico» y, en consecuencia, [dicha titulación] «no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones”. “En todo caso –continúa el Real Decreto– para la obtención del título de Bachiller será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia”.

Además, la repetición se considerará, como hasta ahora, “una medida de carácter excepcional que se adoptará de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la ESO y en el Bachillerato”.

En manos de las comunidades autónomas

Por otra parte, el real decreto prevé que, en todo caso, las administraciones educativas de las comunidades autónomas “podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, y en el caso del Bachillerato, para aplicar los métodos de investigación apropiados”.

Y los centros docentes, de acuerdo con las administraciones educativas, “podrán modificar, de manera excepcional los criterios de promoción en todos los cursos de Primaria, y de ESO, así como en la correspondiente promoción de primero a segundo de Bachillerato”.

Además, el Real Decreto añade que, con el objeto de «facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la LOE, tendrán carácter orientativo para los centros».

Aragón se desmarca

Al menos tres comunidades han criticado la decisión unilateral del Gobierno, no consensuada en la Conferencia Sectorial, y Aragón (del PSOE) ya ha anunciado que no modificará este curso los criterios de evaluación o titulación. Su consejero de Educación, Felipe Faci, aseguró la semana pasada que mantendría «los mismos criterios que se producen en un escenario normal porque en este momento no se dan las circunstancias para cambiarlos».

El titular de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, recordó, por su parte, que su comunidad ya se opuso durante el confinamiento al “aprobado general” propuesto por el Ministerio y ha lamentado que para el nuevo real decreto no haya habido voluntad de diálogo. “Pediremos una explicación a la ministra para intentar entender por qué ha dado este paso sin el diálogo y el consenso de todas las comunidades autónomas”, ha señalado Imbroda, que ha añadido que esta flexibilización puede generar desigualdades entre regiones.

De la misma manera, el Gobierno gallego lamenta que esta decisión se haya tomado sin informar a las comunidades autónomas. De hecho, el conselleiro, Román Rodríguez, ha elevado una queja formal a la ministra Celaá, a través de una misiva en la que afea la falta de información “en un asunto de tanta trascendencia”.

“Posibilitar que un alumno pase de curso sin importar el número de suspensos desprestigia la propia Educación y el trabajo de docentes y familias, va en contra de la cultura del esfuerzo y es profundamente antiequitativo”, subrayó Rodríguez.

Dejación de funciones

Diversos sindicatos también han criticado la decisión. ANPE ha denunciado la “dejación de funciones por parte del Ministerio” y ha pedido que el Congreso derogue los artículos relativos a la promoción de curso. “Es competencia del Estado –dice– la expedición de títulos (artículo 149.1 de la Constitución)» y añade que «los criterios de promoción y titulación deberían ser comunes para todo el territorio nacional. No solo se quiebra el principio de inseguridad jurídica, sino que también se vulnera el de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas. Esta decisión agravaría la brecha ya existente entre las comunidades”, añade ANPE.

1. El sindicato CSIF ha ido más allá y ha pedido la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, por «ocultar al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores la nueva norma que permitirá obtener titulaciones con suspensos». “Esta norma culmina una gestión marcada por la incapacidad de la ministra como gestora, su desconocimiento de la negociación colectiva y la alarma constante que siembra con sus declaraciones, difundiendo inquietud entre toda la comunidad educativa y la sociedad”, según CSIF.
2. Este sindicato «exige que se concrete el número de materias suspensas para promocionar, tal y como se ha venido estableciendo en todas las leyes educativas, y que no se deje a criterio de cada comunidad y centro, lo que provocará más desigualdades».
3. También STEs ha criticado la «desconsideración» del Ministerio hacia el profesorado y sus representantes. Habiendo tenido una Mesa de negociación el lunes, día 28 –el día previo al anuncio de este nuevo Real Decreto– es impresentable que no se dijese nada», dice este sindicato.
4. Respecto al fondo de las medidas, STEs asegura que «el problema está en que el Ministerio, haciendo otra vez gala de su falta de liderazgo, traslada a las comunidades una competencia que, en lo que tiene que ver con la promoción y la titulación, es suya».