Así es la alternativa del Partido Popular a la ley Celaá

Las diferentes visiones del PSOE y PP sobre la Educación y lo que debe ser el sistema educativo español quedan reflejadas en la Lomloe, que sigue su tramitación parlamentaria en el Congreso, y las 156 enmiendas presentadas por el grupo popular, a las que ha tenido acceso Magisterio. Y son patentes desde el primer artículo, en que, al hacer referencia a los principios de la Educación, la Lomloe introduce en primer lugar el cumplimiento de los derechos de la infancia, derecho que también recogen las enmiendas del PP, pero después del reconocimiento del papel de los padres como primeros responsables de la Educación de los hijos. Hay otros puntos con un orden inverso de prioridades. Por ejemplo, la Lomloe habla antes de flexibilidad y el PP, de esfuerzo y, en lo relativo al currículo, este introduce antes los contenidos que las competencias. Y otros que directamente desaparecen en la versión de los populares. Es el caso del papel que atribuye la Lomloe a los docentes en la atención al desarrollo afectivo de los alumnos, ausente en las enmiendas del PP.

Más allá de los detalles, lo que propone el PP son cuatro grandes grupos de enmiendas con los que pretende “defender las libertades educativas constitucionales, fortalecer las competencias del Estado y modernizar y transformar el sistema educativo , para lo cual la evaluación resulta fundamental”.

En la programación de la oferta, donde la Lomloe habla de la necesidad de garantizar suficientes plazas públicas, en la versión del PP son “suficientes plazas en fondos sostenidos con fondos públicos”, pero esta va más lejos e introduce un artículo sobre el derecho a la escolarización y la elección del centro docente. Además, incluye por primera vez la necesidad de realizar un estudio sobre el coste real del puesto escolar en la Pública y la Concertada “con representantes de las administraciones, sectores implicados y expertos independientes” cuyos resultados serán públicos.

Añade un artículo por el que los centros concertados se consideran asimilados a las fundaciones benéfico-docentes y, por lo tanto, con la misma aplicación de beneficios fiscales y no fiscales y el mismo régimen fiscal de las actividades sin fines lucrativos. En otro nuevo artículo explicitan que las cuotas deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar y ser comunicadas a las administraciones y que estas pueden, junto con las extraescolares fuera del horario escolar, contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros.

También consta expresamente que no constituye discriminación la organización de la enseñanza diferenciada por sexos. Por tanto, prosiguen las enmiendas, en ningún caso la elección de esta Educación “podrá implicar para las familias, alumnos y centros un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas”.

La Lomloe insiste en que la repetición ha de ser excepcional y que, aunque se hayan suspendido dos materias o más, si la naturaleza de las materias no superadas permite seguir con éxito y hay expectativas favorables de recuperación y promoción se beneficiará la evolución académica. En las enmiendas conjuntas del PSOE y Unidas Podemos incluso se va más allá, pues se subraya que solo se podrá repetir un máximo de dos veces en toda la Educación obligatoria. En las enmiendas del PP, si el número de no aprobados es superior a dos se debe repetir, salvo excepciones y siempre que las asignaturas no sean a la vez Lengua y Matemáticas. Eso sí, solo se puede repetir cada curso una vez.

Sobre el título de la ESO, la Lomloe establece que lo obtendrán los alumnos que hayan adquirido las competencias y alcanzado los objetivos de la etapa, por decisión adoptada de forma colegiada por el profesorado. En las enmiendas del PP se especifica que en el título constará la nota media de la etapa y que para obtenerlo se deberán haber superado todas las asignaturas y la prueba de evaluación final de Secundaria, con excepciones en las condiciones que el Gobierno establezca. El Ministerio establecerá los criterios de evaluación y características de la prueba, la diseñará y establecerá su contenido para cada convocatoria.
La Lomloe establece una evaluación de diagnóstico informativa, formativa y orientadora en 2º de ESO, y en ella consta que los datos no pueden ser usados para la valoración individual del alumnado ni para establecer rankings de centros. En cambio, al referirse a las evaluaciones, el PP añade que las administraciones publicarán los resultados obtenidos por los centros, tomando en consideración los factores socioeconómicos y socioculturales.

En cuanto al Bachillerato, las enmiendas del PP no contemplan, como la Lomloe, la posibilidad de hacerlo en tres cursos ni de aprobarlo con una asignatura suspensa e incluyen una prueba general de Bachillerato.

Aparte de la evaluación de los alumnos, se plantea la evaluación del sistema en una especie de PISA para España, dentro de un plan de evaluación general de periodicidad trienal y cuyos resultados se plasmarán en un informe del sistema educativo.

El PP incluye la creación de un Fondo de Cohesión Interterritorial educativo para que el derecho a la Educación sea ejercido en condiciones de igualdad en todo el territorio español y para contribuir a la solidaridad interterritorial que se incorporará a los Presupuestos Generales del Estado. “Para el reparto equitativo de recursos se tendrán en cuenta la población escolarizada, la despoblación, la dispersión geográfica, la insularidad, las necesidades específicas del mundo rural, población inmigrante, alumnado con necesidades educativas especiales y resultados educativos obtenidos en la evaluación general del sistema”, indica.

Además, en su alternativa figuran expresamente las funciones de la Conferencia Sectorial, entre las que consta “informar de las disposiciones legales y reglamentarias, cuya iniciativa corresponde adoptar al Ministerio de Educación, que afecten al conjunto del sistema educativo español”, así como el refuerzo de la Alta Inspección con la creación de un cuerpo específico de la Alta Inspección.

Las enmiendas del PP promueven la especialización curricular de los centros. Cada uno, además, deberá contar con un plan de mejora. Si en sus enmiendas PSOE y Unidas Podemos aspiran a acabar con los centros gueto, el PP propone un plan de centros prioritarios para aquellos que escolaricen a alumnado en situación de desventaja social, con una aportación singular de recursos materiales y de profesorado y apoyos técnicos, humanos y formación y mayor flexibilidad de personal, currículo y organización escolar para garantizar la estabilidad del profesorado, con un sistema de incentivos para captar a los mejores profesores para estos centros.

Dentro de la necesidad de garantizar una asignatura de Religión de oferta obligatoria y elección voluntaria, en el marco de los acuerdos con la Santa Sede y la Constitución, el PP retoma el modelo de la LOCE (2001) de Pilar del Castillo, esto es, con un área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión con dos opciones: confesional y no confesional.

Además, las enmiendas contemplan un plan de emergencia educativa para alteraciones de la normalidad graves como catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves que garantice la continuidad en el aprendizaje, el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades y un plan integral para la modernización y transformación digital del sistema.

En las enmiendas del PP se materializa un nuevo sistema de acceso a la profesión docente, fruto de un largo camino desde que en 2011 Eugenio Nasarre y Francisco López Rupérez publican su artículo Una propuesta sobre el MIR educativo. Ningún docente podrá ejercer sin un Diploma de Aptitud Docente que lo acredite. La propuesta del PP, con ecos también del Libro blanco de la función docente de José Antonio Marina, figura así por primera vez en una ley orgánica de Educación. Además, en el plazo de seis meses desde la publicación de la nueva ley educativa deberá estar listo el Estatuto Básico de la Función Pública Docente con un marco común en todo el territorio español.

Las enmiendas recogen el nuevo acceso a la profesión docente.

• Selección de candidatos. Será previa a la formación de postgrado, tomará en consideración tanto los conocimientos como las actitudes para la docencia y tendrá carácter nacional. Las plazas que se convoquen las determinará la Comisión de Personal de la Conferencia Sectorial de Educación a partir de las necesidades del sistema.
• Formación. El postgrado constará de un máster de un año en Institutos Superiores de Formación del Profesorado y un periodo docente en prácticas de dos años de duración reservado a los candidatos que superen la primera etapa. Los aspirantes serán considerados docentes en prácticas y percibirán una retribución adecuada. Un tutor también retribuido seguirá su tarea.
• Diploma de aptitud docente. La superación de esta segunda etapa culminará con la obtención de un Diploma de Aptitud Docente que habilitará para el ejercicio de la profesión. Ningún maestro de Primaria ni profesor de Secundaria, FP y otras enseñanzas podrá ejercer sin él.