La Lomloe: un ataque a la escuela pública

En Educación la historia se repite una y otra vez, con sus aciertos y sus errores, pero no hay duda de que a la escuela pública le esperan tiempos difíciles.

La alternancia de cuatro leyes de Educación en los últimos treinta años no ha permitido la necesaria estabilidad que cualquier sistema educativo necesita.

La conocida ley del 70, que tuvo una vida de 20 años fue sustituida por la Logse en 1990 que duró 12 años. La Ley de Calidad de 2002, aunque paralizado su desarrollo en 2004, llegó a alcanzar los cuatro años. La LOE, aprobada en 2006 apenas llegó a los siete años y la Lomce desde el 2013 y con los días contados, cumplirá otros siete. Es decir que en lo que llevamos de siglo ninguna ley ha alcanzado dos legislaturas.

Muchos pensamos en su día que con la Lomce el sistema educativo español iba a tocar fondo ya que sus autores, despreciando el programa electoral que les había permitido llegar a ocupar los máximos puestos de responsabilidad en Educación, optaron por una chapuza que tuvieron que ir remendando y cuyos resultados son conocidos.

El último cambio de gobierno daba paso a un esperado borrón y cuenta nueva que, desgraciadamente, ya nadie discutía. Sin embargo, el nuevo escenario político ha convertido la Educación en un arma de destrucción masiva. Da la impresión de que el objetivo es acabar con el sistema.

El campo de batalla lo inundan dos temas: la lengua común, que deja de ser vehicular y un feroz ataque a la enseñanza concertada. Esto, que sin duda alegra y satisface a muchos ignorantes, irresponsables, inconscientes de los efectos que estas medidas pueden producir, siendo muy grave, es una cortina de humo que oculta otros muchos aspectos cuanto menos igual de dañinos, pero especialmente para la escuela pública.

La hoja de ruta política de la actual coalición de Gobierno conduce al enfrentamiento social, a la ruptura y al desmembramiento del Estado y parecen ser conscientes de que la Educación es un buen instrumento para ello. Pero lo que subyace es la hoja de ruta educativa de la izquierda que, desde hace treinta años persigue la mediocridad mediante la eliminación de la excelencia, de la cultura del trabajo y del esfuerzo, con el objetivo de configurar una sociedad acrítica y sumisa.

A la escuela pública no se la defiende atacando a la concertada. Se la defiende mejorándola, y este no parece ser el objetivo de los actuales gobernantes.

La Lomloe no solo supone un paso atrás, no es solo un retorno a la LOE. Supone condenar a cientos de miles de jóvenes a una Educación de baja calidad y a un futuro incierto, especialmente para los más vulnerables.

Desgraciadamente sus propuestas atacan los pilares de la Educación pública y su objetivo es debilitar tanto los contenidos como las estructuras del sistema. He aquí algunos ejemplos:

• Rebaja los niveles educativos al favorecer una promoción casi automática priorizando las competencias sobre los contenidos.
• Infantiliza o “primariza” la Educación Secundaria Obligatoria al permitir su organización en ámbitos y dinamitando la especialización.
• Elimina la excelencia al rebajar los niveles de exigencia académica y suprimiendo la especialización curricular.
• Mantiene, pero devalúa, el título de Educación Secundaria Obligatoria permitiendo su obtención tanto por los alumnos que estudian como por los que no lo hacen. Algo similar ocurre con el título de Bachiller que no tendrá más valor para un alumno que el de haber concluido una etapa educativa.
• Penaliza a los más desfavorecidos ofreciéndoles promoción sin esfuerzo y sin trabajo, mediante vías de diversificación curricular o realización de actividades personalizadas.

El ataque a las estructuras, que se centra en la eliminación del mérito y la capacidad, nos ofrece el siguiente panorama:

• Debilita el sistema invirtiendo los equilibrios de participación, dando a padres, alumnos y personal no docente el mismo poder que a los profesores.
• Debilita y desprofesionaliza la Dirección quitándole competencias que atribuye al Consejo Escolar.
• Politiza los centros al convertir la selección de los directores en una elección encubierta. Los candidatos a director volverán a tener que hacer campañas electorales para ser elegidos.
• Debilita y desprofesionaliza la Inspección permitiendo su nombramiento a dedo.
• Promueve el facilismo permitiendo estudiar un Bachillerato de dos años en tres, es decir aprendiendo en tres años lo que se debe aprender en dos.
• Elimina las evaluaciones nacionales externas y engaña a la sociedad y a las familias con las evaluaciones de diagnóstico de la LOE que ya demostraron su inutilidad y que fueron eliminadas por el propio PSOE en 2009.
• Recupera la selectividad que, además de ser el único resto de la “ley franquista” del 70, no es más que una clasificación de alumnos para ordenar su acceso a la universidad, un ranking que tanto odian en todo lo demás pero que incomprensiblemente mantienen en este nivel.

Se trata en fin de una ley que persigue unos objetivos muy claros y que, envuelta hasta el hastío en términos como inclusividad y perspectiva de género, que en un sistema educativo que escolariza al 100% del alumnado y mayoritariamente ocupado por mujeres dice muy poco, permite ejercer un enorme control sobre el mismo.

Se permite utilizar la mentira a la que nos han acostumbrado los actuales gobernantes y afirma en el preámbulo lo que luego no refleja el texto de la ley. Entre otras, ofrece garantías de éxito a todos los alumnos, pero por la puerta falsa, habla de personalización del aprendizaje, pero condena la Educación Especial, apuesta por un modelo de Dirección profesional, pero deja a los directores como meros gestores a las órdenes del Consejo Escolar.

Si algo no hace esta ley es seguir las orientaciones de los modelos de éxito ni las recomendaciones internacionales.

Los que de verdad hemos defendido siempre la escuela pública y hemos trabajado en ella y para ella sabemos que quien más dice defenderla es quien más la perjudica.

La Educación concertada y privada sobrevivirán, pero con la Lomloe la Educación pública se hundirá sin remedio.

Xavier Gisbert da Cruz, ex-director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte