La Educación: un pilar de los derechos digitales

La reciente presentación en consulta pública de la Carta de Derechos Digitales pone de manifiesto el papel esencial que la Educación debe jugar en esta materia. Se trata de un reto que debe afrontarse en todos los niveles educativos y apela al conjunto de la comunidad educativa.

La Carta recoge en primer lugar los retos que en su día propuso el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Debe recordarse que esta Ley regula el derecho a la Educación digital proponiendo un sistema educativo garante de la plena inserción del alumnado en la sociedad digital, así como un aprendizaje del uso de los medios digitales seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.

Este derecho comporta la inserción de contenidos curriculares dirigidos al fomento de las competencias digitales de estudiantes, a la formación del profesorado, a la reforma de planes de estudio de los títulos universitarios que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado y a la inclusión en los temarios de oposición de materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y la protección de datos. Para ello se fijaba un plazo de un año. Desgraciadamente la interinidad de los gobiernos en 2019 y Covid-19 han retrasado el despliegue de muchas de estas previsiones.

Desde este punto de partida, la Carta de Derechos Digitales profundiza en materia educativa apostando por impulsar la “Educación para la Ciudadanía Digital”. Se trata de considerar el desarrollo de competencias que permitan que el uso de la tecnología sea beneficioso para cada individuo y para el conjunto de la sociedad. Para ello se propone educar a los estudiantes en los siguientes valores:

• El uso ético de las herramientas digitales en cuestiones como el uso de datos y el respecto a la privacidad ajena; o la identificación de información y comportamientos en la red que puede comprometer su salud o bienestar y la de terceros.
• Fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico que les ayude a distinguir hechos objetivos de meras opiniones sin evidencias, que les permitan rechazar estereotipos discriminadores, los discursos de odio o el ciber-acoso.
• Fomentar la capacidad de participar en la generación de información de manera activa, creativa y, sobre todo, responsable.
• Atender la diversidad de talentos y de procesos y ritmos de aprendizaje, particularmente aquéllos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo.

Adicionalmente, la Carta propone:

• Que los planes de formación profesional se ordenen a la inserción de las personas trabajadoras en los procesos de transformación digital.
• Acompañar los procesos de transformación digital proporcionando a las personas trabajadoras una formación adecuada que permita su adaptación a las nuevas condiciones laborales.
• La formación de personas adultas con particular atención a los mayores.
• La Educación audiovisual en el entorno digital, con la finalidad de promover la capacidad crítica y afrontar las prácticas de desinformación.
• Garantizar el derecho a la Educación digital de las personas con discapacidad.

Asimismo, la Carta aborda la formación online desde la libertad de acceso a la Educación y la libertad de creación de centros que presten sus servicios a través de entornos digitales, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes respecto al cumplimiento de la normativa educativa y de la obligación de la escolarización presencial en los niveles de educación obligatoria.

Debe destacarse finalmente cómo la propuesta impulsa un estudio del impacto en el desarrollo de la personalidad de nuestros niños y nuestras niñas que considere los efectos derivados del acceso a entornos digitales, así como a contenidos nocivos o peligrosos. En particular se propone prestar particular atención a sus efectos en la educación afectivo-sexual, las conductas dependientes, la igualdad de género, así como los comportamientos antidemocráticos, racistas y violentos.

A la vista del documento pueden extraerse distintas conclusiones relevantes. En primer lugar, la Educación está llamada a desempeñar un papel fundamental en la transformación digital de nuestra sociedad. Y el espíritu de la Carta hunde sus raíces en una visión ética, humanista y centrada en la garantía de la libertad en una sociedad democrática. Por otra parte, se aborda la Educación en los distintos niveles más allá de considerarla una herramienta para la inserción laboral. Se propone una visión inclusiva, abierta a la generación de talento y orientada a corregir las brechas educativas en el mundo digital.

El proceso de redacción de la Carta abierta hoy a consulta pública apela a la participación del conjunto de la comunidad educativa: al profesorado, a los padres y las madres, a las y los estudiantes, a las personas trabajadoras, a nuestros mayores… La Carta de Derechos Digitales nos reclama para contribuir a diseñar nuestro futuro como sociedad digital. La comunidad educativa puede ahora aportar su opinión y experiencia enriqueciendo el texto y profundizando en su significado.  Y, sin duda, debería hacerlo.