Lomloe: Mucho ruido, alguna nuez

Otra ley de Educación, tan partidista como la anterior. Disgusto, supongo, para los que tanto se esforzaron por un pacto (un recuerdo para Gabilondo y Méndez de Vigo). Van cuatro leyes desde la Logse (1990), dos de derechas y dos de izquierdas. Tienen rasgos en común: ninguna ha cambiado casi nada, todas han movilizado a los electorados; su efecto ha sido más expresivo y simbólico, cantar victoria, que real, mejorar las cosas; de ahí que se las prefiera a los pactos, que no son excitantes aunque puedan ser eficaces. Tienen también rasgos distintivos: las leyes del PP apenas han entrado en vigor, la LOCE de 1993 por falta de tiempo, la Lomce de 2013 por impotencia. Considerar su sucesión produce cierto tedio, pero por eso mismo conviene avivar el seso, no vaya a haber sorpresas.

Un buen criterio para evaluar las leyes de Educación es el grado de equilibrio que logran entre las fuerzas que se disputan el campo. Podemos comenzar por los reconocidos en la Constitución. Esta garantiza por un lado a los padres el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones y por otro impone la obligación de la enseñanza básica, que promete gratuita. Es decir, enseñanza universal e igual por un lado y formación moral particular y diversa por otro, antes, nótese, de mencionar siquiera las escuelas. Pues bien, en este aspecto uno diría que la sucesión de leyes ni converge ni diverge; más bien se superan unas a otras en dejar de lado la competencia del Estado, que es la enseñanza, y en invadir las facultades de los padres, que es la formación religiosa y moral. Las sucesivas leyes han ido añadiendo fines, objetivos, principios y valores morales a los de la ley anterior. La Lomloe añade un principio más, ‘la Educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica”, llegando con él a la letra r, y considera clave para adaptarse a los tiempos “un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomentar en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual”. Expulsa la Religión del horario escolar y del itinerario académico, corrigiendo la Lomce, pero restaura de la LOE una materia de “Educación en valores” e impone una mezcla de feminismo, ecologismo, animalismo, multiculturalismo, y, para poner la guinda, ‘memoria democrática’.  Y todo ello pese a que la CE reconoce la libertad de enseñanza, de la que forma parte la de cátedra, y no encomienda a los poderes públicos la formación moral de los niños más allá del respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Una tras otra las leyes de Educación han sobrepasado este límite, pero la Lomloe va más lejos que todas.

Otra cuestión que la CE deja abierta es la de los centros públicos y privados. La Loece en 1981 y la LODE en 1985 intentaron tejer una única red de centros sostenidos con fondos públicos y regidos por normas comunes sobre gobierno y admisión de alumnos. La experiencia enseña que las redes hechas de materiales diversos tienden a desgarrarse por las zonas de sutura. La tensión viene por muchos lados, uno de ellos la competencia entre los centros. Las familias eligen y los centros intentan influir en su elección. El objetivo es quedarse con los alumnos mejores y dejar para otros los peores. Como todos saben pero solo algunos dicen, la clave de la calidad de un centro está en la calidad de los alumnos, y todos tratan de atraer a los fáciles y de alejar a los difíciles. En esta competencia participan todos los centros, pero en las estadísticas los centros aparecen divididos en públicos y privados, con los concertados aventajando por término medio a los públicos. Como esto ocurre en parte porque hay más centros públicos en las zonas más complicadas, se exige a los concertados cargar con su cuota de alumnos difíciles. La LOCE anunció como uno de sus grandes principios la ‘distribución equitativa del alumnado entre los distintos centros docentes’, pero limitó el alumnado ‘distribuible’ a los alumnos con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo, que comprende tres categorías (Necesidades Educativas Especiales, Superdotados y alumnos de incorporación tardía) identificables con cierta objetividad. La Lomloe extiende la ‘distribución equitativa’ a los alumnos “que se encuentren en situación socioeconómica desfavorecida”. Divide a los ciudadanos en dos clases, los socioeconómicamente favorecidos que pueden elegir y los desfavorecidos que quedan como cargas a repartir. Supongo que serán sociólogos –triste victoria de la Sociología hegemónica– los encargados de la delimitación.

La CE dejó la Educación en un limbo entre Estado y CCAA. Las transferencias se completaron pronto, ya en los 80, pero desde entonces los nacionalistas periféricos no han dejado de ganar nuevas competencias (perpetuas) a cambio de apoyo político (puntual). De la  Lomloe está teniendo mucho eco la supresión del español como lengua de enseñanza, pero poco o ninguno la autorización para crear sistemas propios de becas. Se hace, desde luego, “con el fin de que todas las personas, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la Educación”, no para satisfacer las quejas sobre lo injusto de un sistema centralizado que concede más becas en las regiones pobres que en las ricas. Difícil dirimir si queda peor parada la justicia o la lógica.

Un cuarto motivo de disputas no viene de la Constitución, ni tiene que ver con intereses, sino con la ideología de la igualdad. Viene del empeño en que todos los alumnos logren los mismos resultados. La contradicción está en fijar objetivos iguales para todos los alumnos; por mucho que se rebajen, siempre habrá algunos que no los consigan. Esta incongruencia se ha venido salvando con hipocresías varias, como que las competencias básicas pueden conseguirse igual por el programa común que por diversificaciones curriculares. El recurso a la magia continúa en lo que se refiere a la inclusión en aulas ordinarias de los alumnos con necesidades educativas especiales. La Lomloe nos sorprende con un nuevo tótem, el Diseño Universal del Aprendizaje, doctrina según la cual los métodos y materiales de enseñanza se pueden diseñar de modo que superen cualquier barrera, física o intelectual, presente en los alumnos. En lo que se refiere al final de la ESO, sin embargo, sí que parece que las sucesivas leyes han ido aprendiendo unas de otras, configurando un acuerdo tácito probablemente más estable que si proviniera de un pacto expreso. La izquierda ha ido abandonando la comprensividad de aula que sucedió a la Logse y ha ido admitiendo cada vez más variantes en los últimos cursos de la ESO. La Lomloe va incluso un poco más allá que la Lomce y establece un itinerario al que etiqueta como Ciclo Formativo de Grado Básico. Una lástima que no se haya llegado a sustituir el título de ESO por una simple certificación, como propuso el Consejo Escolar del Estado; se habría parecido mucho a definir la enseñanza básica en términos de tiempo (diez años), y habría encajado con la pretensión de que al cabo de ese tiempo todos tengan opciones de formación posterior. Pero no es poca cosa que haya al menos un punto en el cual la sucesión de leyes vaya hacia el equilibrio en vez de hacia la polarización.

La Lomloe recuerda, por último, la necesidad de incrementar el gasto público educativo, pero en el futuro.  Es un acierto no precipitar las cosas, pues no es poco lo que ya se está gastando: menos porcentaje del PIB total, pero el mismo porcentaje del PIB por alumno  que los países de nuestro entorno.

Julio Carabaña es catedrático (jubilado) de Sociología de la Educación, UCM