Los sindicatos critican la "falsa polémica" de las comunidades del PP con la ley Celaá
La Comunidad de Madrid ha adelantado el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021-22 para “garantizar la libertad de elección” de las familias ante la inminente aprobación de la ley Celaá, que actualmente está pendiente de tramitación en el Senado, según informa el Gobierno regional en un comunicado. El sábado, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció que las comunidades gobernadas por el PP en solitario o en coalición con Cs (Galicia, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Región de Murcia) avanzarían el plazo de inscripción para el próximo curso escolar para sortear las «limitaciones» en la elección de centro contempladas en la nueva ley educativa. De esta manera, Madrid ha sido la primera región en aprobar estas instrucciones, una circunstancia que permitiría continuar como hasta ahora con la admisión de alumnos.
La secretaria de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha asegurado en declaraciones remitidas a la prensa que esta decisión genera «una falsa polémica y alarma» en las familias. Además, ha criticado que el Ejecutivo regional ha «mentido» ya que el curso anterior se abrió el 5 de abril, mientras ahora se iniciará el día 8 del mismo mes. «Es muy grave mentir e involucrar desde el Gobierno en batallas partidistas y ocultar los verdaderos problemas de la escolarización en Madrid», ha remarcado. Algo que también ha expresado desde UGT, Teresa Jurado, quien ha asegurado que los procesos de escolarización «siempre han tenido esas fechas» y está utilizándolo de una manera partidista.
Por su parte, el presidente de ANPE-Madrid, Andrés Cebrián, ha afirmado a Efe que esta decisión visibiliza una ley que se ha aprobado «sin consenso» por lo que se «abre la puerta de atrás para pretender salvaguarda la libre elección» del centro educativo.
El presidente de CSIF-Madrid Educación, Miguel Ángel González, ha espetado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que debería cuidar la enseñanza pública «con la misma convicción con la que apoya a la Concertada y legisla contra la Lomloe». «La única forma de legislar para todos con la mayoría de acuerdo es haciendo una ley educativa consensuada. La ley Celaá no es nuestra ley, pero no es mala para la Educación pública, aunque tampoco es la ley que necesita el país», ha añadido.