El 48% de la población activa tiene un nivel de formación que no le capacita para trabajar

En España, casi 23 millones de personas conforman la población activa, de los cuales 11 millones, el 48,02%, tiene un nivel de formación que no le capacita profesionalmente (o al menos carecen de los documentos oficiales que lo acrediten). Esto hace que algunos de ellos, especialmente de aquellos sectores productivos con una regulación total o parcial de actividad, pierdan empleabilidad debido a la falta de acreditación de sus competencias profesionales, al ser esta acreditación (generalmente carnés profesionales) un requisito específico para la certificación de trabajos realizados. Para la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, “en pleno siglo XXI no podemos permitirnos esta realidad que limita la movilidad de los trabajadores, atenta contra la equidad e impide el acceso a mejores empleos. Sin olvidar que, además, el reconocimiento profesional dignifica a la persona”.

Por otro lado, en España tenemos un exceso de personas con un bajo nivel de cualificación (30% frente al 15% de la Unión Europea) y también necesitamos incrementar, al menos en 10 puntos, el número de ciudadanos con un nivel medio (32% frente al 45% de la UE).

En este marco, desde la implantación del procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral en 2009, las administraciones educativas y laborales han realizado 231 convocatorias, con 266.646 plazas para diferentes unidades de competencia incluidas en el Catálogo Nacional. Si se compara con la cifra ya identificada de 11 millones de personas sin acreditación, este procedimiento ha llegado solo al 2,42% de los potenciales beneficiarios en 10 años (300.000 trabajadores).

Por tanto, la formación y acreditación es un elemento crítico para la empleabilidad y ha sido, entre otras, una de las causas de la mayor incidencia que la crisis tuvo en el empleo y, previsiblemente, será también un elemento fundamental para la recuperación de la nueva crisis generada por la pandemia.

Para generalizar este procedimiento de acreditación de competencias, el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo aprobó un real decreto (BOE de 10 de marzo de 2021) que establece la apertura de un procedimiento permanente para evaluar y acreditar dichas competencias. “Con la nueva regulación, la iniciativa está en manos de cada persona [y no de la Administración, como hasta ahora], que puede dirigirse a la Administración en cualquier momento para que le sea reconocido aquel bagaje formativo del que dispone”, señala Clara Sanz.

Con un presupuesto inicial de casi 852,5 millones de euros, el Ministerio de Educación y FP acreditará las competencias de más de tres millones de personas en cuatro años. Además, el sistema será acumulable para que el beneficiario pueda completar la formación que le lleve a la obtención del correspondiente título de FP o certificado de profesionalidad.

Fases del procedimiento

El proceso se iniciará con una primera etapa en la que un asesor hará un informe orientativo sobre el aspirante. A continuación, tendrá lugar la fase de evaluación a través del análisis del informe señalado, de la documentación aportada por el candidato y de diferentes métodos que permitan comprobar las competencias adquiridas. Finalmente, los resultados se transferirán a un registro de carácter estatal.

En cuanto a los requisitos, los candidatos deberán justificar al menos tres años de trabajo en el desarrollo de la competencia que desea acreditar, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas, en los 15 años previos a la presentación de la solicitud. Para las unidades de competencia de nivel I, aquellas que recogen un conjunto reducido de actividades laborales relativamente sencillas, con conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitadas, se requerirán dos años de experiencia con un mínimo de 1.200 horas trabajadas.

“Queremos que cualquier estudiante, trabajador, empleado o desempleado pueda acceder a la formación que precise en el momento que le sea necesaria”, afirma Clara Sanz. Y, en este sentido, la integración de la Formación Profesional del sistema educativo y de la FP para el empleo que ha efectuado el actual Gobierno “responde directamente a este concepto”, añade la secretaria general. Por ello, el sistema modular es “la piedra angular del sistema integral de Formación Profesional en el que está trabajando el Ministerio de Educación y FP”, concluye Sanz.

• Según la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, “para hacer realidad esta nueva Formación Profesional y satisfacer las necesidades formativas de los ciudadanos de este país, se requiere necesariamente de una oferta formativa flexible, actualizada permanentemente (acorde con las necesidades de los perfiles que demanda el mercado laboral del siglo XXI) y modular”.
• “Para que todas las personas puedan formarse necesitamos hacer ‘oferta modular’, fragmentando los títulos de Formación Profesional para ir haciendo formaciones de menor duración, hasta las microformaciones, que den lugar a microacreditaciones, acreditables y acumulables, para que cualquier persona pueda ir incorporando en su mochila formativa todo aquello que necesite a lo largo de su itinerario profesional”, insiste Sanz. “Ya hemos iniciado este proceso. Pero la configuración definitiva de este sistema vendrá con la Ley de Formación Profesional”, enfatiza Sanz.
• La FP modular es el “complemento necesario para los procedimientos de reconocimiento y acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral: se reconoce lo que ya saben y se facilita la formación en habilidades nuevas que necesitan para seguir manteniendo su empleabilidad. En definitiva, apostamos por un sistema que se adapte a las necesidades de las personas y no al contrario”, añade Sanz.
• “El horizonte –añade la secretaria general– es lograr que la población con baja cualificación descienda del 35% al 15%, dado que las previsiones indican que se reducirán a este porcentaje los empleos de estas características; y, al contrario, que se duplique la población con cualificación intermedia, los técnicos y técnicos superiores”.