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El Parlamento Europeo atiende la petición de amparo de "Inclusiva sí, Especial también"

El Parlamento Europeo ha atendido la petición de amparo presentada por la plataforma "Educación Inclusiva Sí, Especial También" contra la ley Celaá, y escuchará su voz el próximo día 23, han explicado a Efe fuentes de esta organización.
RedacciónMiércoles, 17 de marzo de 2021
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Manifestacion en Valladolid de la Plataforma "Inclusiva sí, Especial también".

El amparo fue solicitado a la institución europea para que se tenga en cuenta la opinión de este colectivo que se considera afectado por «disposiciones legales contrarias al derecho de la Unión», en alusión a la última reforma educativa (Lomloe) que entró en vigor en enero pasado.

Con la Lomloe, los centros de Educación Especial actuarán como referencia y apoyo a los colegios, motivo por el que este colectivo cree que no se garantiza su supervivencia y entiende que los alumnos pueden ser cambiados sin el acuerdo de sus familias. En concreto, pide a la Cámara europea que declare el derecho de los niños con discapacidad a recibir su Educación en aquella modalidad que garantice el interés superior del menor y dé una mejor respuesta a sus necesidades especiales de entre las reconocidas por la Carta Social Europea.

La plataforma, formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes, también pide a Bruselas que requiera al Gobierno español garantizar que dicho derecho pueda ser ejercido de forma «efectiva y gratuita en el futuro por cualquier alumno que así lo requiera, sea o no el régimen más inclusivo».

La organización confía en que la institución europea «pueda enmendar una situación absolutamente injusta y discriminatoria que solo causará el perjuicio de miles de niños y niñas que hoy acuden a los más de 485 centros de Educación Especial que hay en España y atenta directamente contra el derecho de los padres a decidir sobre la Educación de sus hijos». Espera además que pida a España subsanar «los graves errores de una ley tramitada durante el estado de alarma, sin el consenso de las principales fuerzas políticas y sin escuchar la voz y opinión de los colectivos más afectados».

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