Baleares aprueba su primera ley de Educación tras 23 años de gestión

La presidenta autonómica, Francina Armengol, ha declarado este miércoles que es «un día muy emocionante» para el Govern, la comunidad educativa y la sociedad balear. Se trata, ha afirmado, de «un paso firme y decidido para consolidar y mantener la estabilidad necesaria del sistema educativo de Baleares».

La futura ley deberá iniciar ahora su preceptivo periodo de tramitación en el Parlament balear, por lo que el conseller de Educación, Martí March, ha solicitado a todos los partidos «altura de miras» para aprobar un texto que logre el mayor consenso posible en la cámara legislativa. La presidenta y el conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, han presentado este miércoles en el patio del Consolat de Mar, sede del Ejecutivo, el texto de la ley a los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de las Islas Baleares.

El 17 de noviembre de 1997, con el conseller de Educación Manuel Ferrer, Baleares se convirtió en la primera comunidad de la denominada «vía lenta» que asumió la Educación no universitaria, competencia que fue acompañada de una dotación económica de 40.800 millones de pesetas (245,2 millones de euros) y permitió al Govern gestionar el 30 por ciento del IRPF. La transferencia se hizo efectiva el 1 de enero de 1998, cuando la ministra de Educación era Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, de Administraciones Públicas. Ahora, tras su próxima aprobación en el Parlament, Baleares dispondrá por primera vez en su historia autonómica de una ley de educación propia que nace con un objetivo principal, ha explicado March.

Se trata de dotar de estabilidad al sistema educativo de Baleares fijando unas bases acordadas sobre elementos esenciales de la Educación, de forma que, independientemente de quien gobierne, el sistema educativo se «mantenga estable», una condición «imprescindible para garantizar el camino hacia el éxito educativo».

Se trata de una ley «muy participada» en la que «todos han cedido» para hacerla posible, ha señalado el conseller sobre este texto de 167 artículos. Entre los aspectos destacados de la ley, ha continuado, figuran la autonomía pedagógica y de gestión de los centros y de su organización, lo que permite una descentralización de la actividad educativa y de la evaluación del logro de los objetivos que se planteen.

En línea con las normativas «más avanzadas», la ley balear establece que la gestión de los currículos tiene que tener un enfoque competencial y multidisciplinario, en el cual el alumnado tiene que tener un papel protagonista. La apuesta por la máxima participación de toda la comunidad educativa se refleja en «la amplitud y variedad» de los órganos de participación que se recogen en la ley.

La ley llegará al Parlament acompañada de una memoria económica para garantizar el cumplimiento de lo que se prevé en su articulado, que recoge el compromiso de llegar al menos al 5% del producto interior bruto de inversión en educación en el plazo de ocho años. La ley establece que el modelo lingüístico escolar de Baleares tiene que garantizar que al acabar el periodo de enseñanza obligatoria el alumno adquiera las competencias en catalán y castellano y, al menos, en una lengua extranjera. «No es una ley de lenguas», ha dejado claro el conseller ante posibles críticas de partidos políticos.

La ley dedica un capítulo completo a la Educación inclusiva como principio fundamental de la política educativa de Baleares y regula los diferentes escenarios para hacerlo posible y garantizar una respuesta adecuada a la diversidad educativa y social existente.

El proyecto de ley de Educación parte del documento elaborado por la plataforma Islas por un Pacto, que agrupa más de cuarenta entidades sociales del ámbito educativo y que el Govern asumió como propio en marzo de 2016. Posteriormente se ha tenido en cuenta el informe de la Comisión de Educación del Parlament, además de otras leyes educativas de comunidades autónomas como Cataluña, Canarias, Andalucía y País Vasco y, especialmente, el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (Lomloe) aprobado por el Congreso de los Diputados.

El PP ha situado como «líneas rojas» en la negociación en el Parlament de la futura ley de educación de Baleares la libertad de las familias para elegir el sistema educativo y el «equilibrio» en la enseñanza de las dos lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano.

La diputada del PP y exconsellera de Educación Núria Riera ha explicado que su partido quiere sentarse a negociar esta nueva ley, pero hay «líneas rojas» que se no pueden traspasar. También figuran entre los principios educativos del PP la defensa de la cultura del esfuerzo, la libertad de elección del centro, la libertad para elegir la lengua materna en la primera enseñanza y la igualdad de oportunidades para todos los alumnos. El PP apuesta por una ley consensuada que beneficie a todos los niños de Baleares.

Riera ha señalado que, a día de hoy, el PP no conoce el contenido de la ley porque «ni se nos ha invitado» a su presentación este miércoles en el Consolat de Mar. La diputada ha añadido que, por ahora, en todos los anteproyectos de leyes de educación ha existido «falta total de participación».

Los populares defenderán sus principios, como la escuela concertada, la Educación Especial, la libertad de las familias y el aprendizaje de los niños. El principal partido de la oposición, desde la responsabilidad, negociará una ley desde el consenso y el diálogo por el bien de la Educación en Baleares.

Por su pate, Vox ha anunciado que denunciará ante el Tribunal Constitucional la futura ley. El portavoz de Vox en el Parlament, Jorge Campos, ha criticado que este proyecto lingüístico del Govern «certifica y avala la inmersión lingüística en catalán en las escuelas».

Para el líder de Vox en Baleares, esta ley responde a un ejercicio de «ingeniería social que eleva a rango de ley la inmersión obligatoria en catalán que venimos sufriendo en Baleares desde hace 20 años gracias a la legislación (lingüística) del PP». De la misma manera, Vox se ha reafirmado en su compromiso de derogar toda la normativa lingüística catalanista.

Campos ha apuntado que la intención de la presidenta balear, Franina Armengol y sus socios, no es otra que «construir mediante el adoctrinamiento la masa social favorable a la inclusión de Baleares en ese disparate de los Países Catalanes». «Esto no se trata sólo de la lengua en que se imparten las clases vulnerando la libertad: el objetivo final es la catalanización de las mentes de los alumnos», ha afirmado Campos.