Luis García Domínguez: “La ley debería sentar un marco mínimo para una bajada general de ratios en FP”

Luis García Domínguez es el presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, que reúne centros públicos (el 70%), privados y concertados de toda España para impulsar la Formación Profesional a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas. En sus 320 centros estudian 280.000 alumnos de FP, más de una cuarta parte de los matriculados en toda España. La red colabora con más de 20 empresas en diferentes programas.

¿Es la nueva ley la ley que la FP necesitaba?
–Creo que se aproxima bastante a las necesidades de este sector de FP, que cada vez es más complejo. La FP está inscrita en una sociedad que es cada vez más compleja a nivel tecnológico, productivo, cultural. Era necesaria una ley para adaptar la FP a los nuevos tiempos. Había algunos aspectos sin legislar, como la FP Dual, o muy flojos, como la orientación e integración del sistema educativo en el sistema para el empleo, y creemos que en este sentido apunta a las necesidades del sector.

¿Es un cambio radical?
–Yo no lo veo tan cambio. Creo que el aspecto más destacado es la conversión de todo el sistema en una FP Dual, la dualización de la FP. Es el cambio más importante. Otro muy importante y novedoso son los pasos para la integración de todas las ofertas de FP en un único marco, la integración de los dos subsistemas de Educación y empleo. Ya estaba previsto en Lomce (2013) y ley anterior de FP, de 2002, lo apuntaba, pero ahora se hace con más fuerza.

¿Cómo ha funcionado hasta ahora este modelo dual, con solo un 4,2% del alumnado?
–En ninguna de las leyes orgánicas se contemplaba más que como una modalidad y estaba sin regular. Solo había un decreto de 2012, y si queríamos que la colaboración con las empresas fuera más importante necesitábamos que fuera una ley, que se diera ese paso. Hasta ahora ha funcionado de forma muy irregular, pues ha habido 17 sistemas de FP dual, lo que volvía locas a empresas. En unos sitios había una compensación, en otros nada, en otros beca, en unos las empresas pagaban, en otros no. Estaba muy parcheada.

 ¿Cree que se otorgan competencias a la empresa que deberían ser exclusivas del ámbito académico?
–No, la colaboración con las empresas es esencial. Ya colaboraban con la FCT, un módulo obligatorio para titular. El alumno debía haber pasado ese módulo, haberlo completado con éxito, y la opinión de la empresa también contaba. Al hablar de modalidad dual se subraya un poco más esa importancia. La dual general se va a parecer bastante a la FCT antigua. En la avanzada, el peso de la empresa es mayor porque la fase de formación en ella es mayor, algo que ya pasaba en los actuales modelos de FP dual.

¿Logrará más alumnos la FP dual avanzada que el modelo actual?
–Creo que depende de la estructura del sector y que llevará un tiempo que nos vayamos adaptando. Por lógica la dual general es la que se implanta de manera radical, en toda la presencial. La dual avanzada quizá más que incrementándose irá regulándose en sectores donde es más necesaria. En aquellos donde no es tan importante o a las empresas les cueste más o tengan una estructura más pequeña seguirá siendo un reto.

Más tiempo en la empresa no tiene por qué suponer que la formación será mejor.
–También se subraya la importancia del tutor en la empresa, sus competencias técnicas y transversales para poder ser formador. No puede ser solo un mentor o cicerone dentro de la empresa, en realidad es un formador. Se trata de subrayar ese aspecto de formador de personas que están a su cargo.

¿En qué se van a convertir los centros de FP?
–Entiendo que los centros deberían ir transformándose hacia centros más singulares. Que un centro y otro centro no se parezcan tanto entre ellos, que un centro se parezca a su territorio y al sector productivo. Los centros se tienen que adecuar, especializar y adaptar a las necesidades de su territorio, de las personas y de los sectores productivos. No solo de los que se tienen, sino ser elementos clave para transformar el territorio, mascarones de proa, centros avanzados que indiquen cuál es el futuro.

Hay un elemento que echo en falta en la ley, que es importante y aparece poco reflejado, muy suelto, sin un capítulo específico, y es la necesaria autonomía de gestión de los centros: de los recursos económicos y humanos. La necesitan para poder adaptarse.

Sí se habla de unos centros de referencia nacional.
–Sí, unos pocos, por sectores productivos, y ya existían. Lo que yo entiendo es que todo centro de FP, puesto que está pegado a su territorio y a los sectores, debe ser un lugar de referencia donde los ciudadanos, la sociedad, las empresas, sobre todo las pequeñas, vean ese espacio donde apoyarse para innovar, para adquirir nuevas competencias, poder competir en el sector, adaptarse, dentro del ecosistema que forma cada centro con las propias empresas y poderes públicos del territorio. Debe ser un lugar que en vez de ir a remolque de los hechos vaya marcando el camino, como las universidades, donde se haga prospectiva, transferencia de conocimiento, donde se puede ayudar a crecer, a hacer la sociedad mejor. Este es el ideal. Deberíamos ser ese lugar de referencia, especialmente para las pequeñas empresas, las administraciones locales, las asociaciones locales. Deberíamos tener el conocimiento, los recursos y medios para transformar.

¿Será frecuente que un centro ofrezca desde microformaciones (grado A) hasta másteres (E)? ¿Serán más heterogéneos?
–Sí, deseamos que sea así. Ya que existen estos centros y son un recurso público esta es una de las fórmulas, que los centros sean lugares heterogéneos donde acreditar conocimientos previos, hacer una pequeña formación porque la empresa va a cambiar el producto y servicio que está dando o una formación transversal de empresa o del territorio. También grado básico, medio y superior. Probablemente esta siga siendo la parte del león, pero por qué no podemos ofrecer certificados de profesionalidad, por qué se va a tener que ir a otro sitio, a un centro autorizado para emitir esos certificados si ya tenemos el centro, los profesores, los recursos, el espacio para que la gente venga a acreditarse y nosotros les evaluemos. El que sean esos lugares heterogéneos, con formación inicial o donde vienen los trabajadores a recualificarse o a orientarse, enriquece. Serán centros integrados y contarán con un departamento de orientación donde orientar a cualquier ciudadano.

¿Serán competencia desleal para la universidad?
–Sinceramente pienso que no. La universidad tiene su campo de formación, la enseñanza superior universitaria y grados y másteres habilitantes o de investigación. Y desarrolla una labor importantísima en lo que tiene que ver con la investigación.

La FP cubre los niveles que tienen que ver con los grados básicos, medios y superiores y especialidades, aunque pomposamente se le llamen másteres profesionales, una especie de puesta al día y avance de los títulos más generales. Cambia tanto la tecnología, los flujos de trabajo, las técnicas y oficios que es necesaria una base general de grado medio o superior más una especialidad.

No somos competencia, y no está mal que haya una colaboración, que hagamos cursos conjuntos. Ya se hace en algunas comunidades, donde los profesores y cursos de grado medio y superior cubren algunos campos que se quedan fuera de la parte más genérica o conceptual de la universidad. En campos como robótica, mecatrónica o fabricación mecánica que haya colaboración entre escuelas de ingeniería y centros de FP avanzados no solo es buena, es esencial y una pieza importante para la competitividad de las empresas. Se pueden hacer estudios conjuntos de escuelas de ingeniería, centros de FP y empresas punteras y con esas tres patas se va a mejorar. No debemos vernos como rivales ni competidores, sino como leales colaboradores trabajando por elevar la capacitación y preparación de los ciudadanos. Ni nosotros vamos a ofrecer grados o másters universitarios, porque la universidad lo hace muy bien, pero tampoco la universidad debería ofrecer ciclos de grado superior.

¿Cree que la nueva ley puede abrir la puerta a una mayor privatización del sector?
–No lo sé. Creo que es importante que haya una sólida formación pública, gratuita y accesible para todos ciudadanos. Hay derecho a la libre elección de profesión y todo el mundo debe tener garantizado el derecho a acceder a la formación inicial o recualificación o preparación para la búsqueda de nuevo empleo con una buena oferta sostenida con fondos públicos. Si las empresas educativas cumplen los requisitos marcados por las leyes y creen que hay campo para que los estudiantes paguen, nada que decir. En general la oferta de FP va a subir y subirá tanto en público como en concertado y privado. Si la intención es que pasemos de 900.000 a 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000 alumnos matriculados y que la ratio entre universidad y FP se acerque a los parámetros de los países vecinos, al aumentar la oferta va a aumentar todo tipo de oferta. Sí es interesante que quien venga a colaborar en la oferta lo haga de la manera en que se viene haciendo. Con seriedad y cumpliendo unos requisitos que las administraciones regulan.

En el preámbulo de la futura ley se habla de atraer a las clases medias hacia la FP, de clases medias fuertes gracias a la FP ¿se conseguirá?
–Creo que las mentes no las cambian las leyes. Ayudan, pero tienen que ser más cosas. Ya se percibe un cambio en los valores de la sociedad, de la empresa. Hace 10 años un empresario prefería contratar a un ingeniero que a un técnico, a un licenciado en derecho que a un administrativo. Le iba a pagar lo mismo y creía que se adaptaba mejor al puesto. Hoy los departamentos de recursos humanos o los encargados de contratación se han dado cuenta de que los técnicos de FP básicos, medios y superiores tienen una cualificación muy específica y una preparación muy especializada y que en muchos casos son la apuesta correcta. Tenemos informes de que la contratación de titulados de FP ya supera a la contratación de titulados universitarios. Se ha producido un cambio cultural en los departamentos de recursos humanos. Esto, más leyes que refuerzan la presencia de la FP, más inversión, más reconocimiento social hará que la concepción media de la FP y de los oficios ligados a la FP vaya mejorando.

Muchas familias, aunque hubiera menos trabajo, preferían que un chico o chica estudiara Derecho o ADE que un título de FP, porque entendían que eso elevaba el estatus y el capital social de la familia. Y luego veían que un fontanero, un ferrallista, un técnico en hormigón, en mecatrónica o educación ambiental ganaba más, pero es que hay muy pocos ferrallistas y muchos de los otros… es la estructura del mercado laboral ¿cuál es el problema?

¿Se parecerá más la FP de todo el Estado a la FP vasca?
–Sí, el marco de la actual legislación es una apuesta muy fuerte a nivel de organización y creo que se le parece un poco. Veremos cómo se desarrolla todo. Si a cualquier profesor o centro le preguntas cómo le gustaría que fuera la organización y visión de la FP casi todos señalaríamos en el mapa el País Vasco.

¿Será más rica la plantilla docente, con nuevas figuras?
–Esto era algo que estaba pasando en algunas comunidades y se quiere generalizar. Es interesante que aparte de formadores, educadores y PAS vayamos avanzando en otras figuras. Ahí se encuadra el experto senior de empresa y el prospector de empresas, y el reforzamiento del tutor de empresa, a quien se pide cualificación técnica y dedicación de tiempo.

Echamos en falta que aparte de un departamento de orientación profesional haya un departamento de orientación psicopedagógica. No se contempla. En muchos institutos existe, pero debería haber unas ratios correctas, también en FP. Para los alumnos, para saltar barreras, para los profesores, para hacer las adaptaciones curriculares, para acompañar a los equipos educativos. Si hablamos de inclusión, la figura del orientador psicopedagógico de FP ha de estar en los grados A, B, C, D y E.

Porque hay problemas que se van arrastrando y, evidentemente, es necesario en Grado Básico, donde está, pero también en Grado Medio, Superior, para personas en desempleo de larga duración que arrastran complejos y otros problemas de su etapa educativa y de su vida.

¿Cómo ve las estancias de los docentes en empresas, para formarse?
–Figuran como posibilidad desde hace muchos años. Se vuelve a hablar de ellas y es fantástico, pero entendemos que se deben dotar económicamente si lo queremos desarrollar porque si el profesor está tres meses en una empresa hay que sustituirlo. Al final siempre estamos hablando de recursos económicos. Para nosotros es clave que los alumnos y los profesores vayan a las empresas y las empresas a los centros, sobre todo las pequeñas y medianas, para joint ventures para generar conocimiento.

¿Hay algo más que eche en falta?
–No se dice nada de las ratios en los ciclos básicos, medios y superiores. Es necesario por la complejidad de estas enseñanzas, acompañadas de prácticas con elementos complejos, diversos, peligrosos. Es necesaria una apuesta por bajar la ratio alumno-profesor. Estamos en 30 alumnos. En FPB en 25, pero tenemos que bajar entre un 20 y un 30% mínimo la ratio de alumnos, especialmente en las clases prácticas, que son el 75% de las horas totales. Puede ser con grupos más pequeños, de 20 o 25 alumnos en FPGM, FPGS y especialidad y de 15 en FPB, o siendo generosos con los desdobles de profesores, sobre todo en la parte práctica: si hay 30 alumnos en el laboratorio, en el taller, que estén con dos profesores. Los profesores han descubierto con la pandemia que si en el taller están con 15 alumnos en vez de con 30 la calidad de la práctica se multiplica. En la ley debería sentarse un marco mínimo para una bajada general de ratios. No se trata solo de aumentar la oferta sino de aumentar la calidad.

Al hablar de la evaluación del sistema vemos buenas intenciones, pero se debería concretar más. Y un pilar importante que no se menciona es la inspección educativa. No como viene ejerciéndose, sino prospectiva, colaboradora y especializada en FP. Necesitamos inspectores educativos especializados en FP, pues es un sistema muy complejo y lo va a ser más ahora que se dualiza. Quizá profesores de FP y expertos de distintas familias podrían ser inspectores o ayudar en esta evaluación externa.

Antes de acometer toda esta revolución, ¿por dónde habría que empezar? ¿puede que un alumno hoy quiera estudiar FP y se encuentre con que no hay plazas?
–Dentro del plan de modernización las comunidades van a aumentar la oferta sostenida con fondos públicos. Porque, claro, si estamos bombardeando con que la FP es un camino seguro y de éxito y no encuentran plazas… estamos haciendo un pan con unas hostias.

Aquí entra de nuevo la inversión. La ley debería reflejar una memoria económica o un plan económico para garantizar una inversión sostenida y sostenible a lo largo del tiempo, tanto para recursos humanos como para algo muy clave y dramático, la actualización tecnológica. Es otro elemento clave que no he visto en ningún sitio. Yo no soy un experto legislador, pero creo que se debería reflejar como una garantía de sostenibilidad, igual que se debería garantizar una oferta formativa suficiente en todos los territorios. Muchas veces no se abre un ciclo porque hay pocos alumnos, sobre todo en la España vaciada, y se crea un círculo negativo en que esos alumnos al final van por Bachillerato o abandonan su territorio… La oferta formativa pública debería estar garantizada y ser lo suficientemente amplia para que todos los ciudadanos puedan acceder desde el A hasta el E, y no solo en Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia.

La inversión es clave. Se debe poner el acento en trabajar en la orientación e inmediatamente después en la oferta. Si orientamos y ofertamos adecuadamente, llegaremos.