Los editores, preocupados por el retraso de los nuevos currículos de la Lomloe

A un año de que se inicie la aplicación del nuevo currículo en la mitad de los cursos de las diferentes etapas de la enseñanza, la Asociación Nacional de Editores de Libros y Contenidos Educativos (Anele) se muestra inquieta y preocupada “por la dilación que se está produciendo en la elaboración de la propuesta curricular tanto del Ministerio como de las administraciones autonómicas”. Así lo hace en su Informe El libro y contenidos educativos en España. Curso 2021-2022, que analiza, entre otros aspectos, los retos a los que se enfrenta la edición educativa en España.

En este documento, los editores recuerdan que “con una reforma curricular que supone un enfoque por competencias tan explícito, amplio y sistemático como el que se está planteando, los libros de texto (en papel o digitales) se convierten en herramientas que pueden facilitar la tarea del profesorado proporcionándoles orientación y guía en la puesta en marcha del nuevo currículo. También para los padres, ya que en ellos pueden encontrar información sobre los trabajos de sus hijos y herramientas para que puedan ayudarles”.

Para cumplir esta función, es «primordial, en este momento contar con los currículos con el fin de poder iniciar la elaboración de los libros y materiales curriculares para que estén disponibles al comienzo del próximo curso escolar 2022-23». En este sentido, los editores, esperan que, dado que el Ministerio ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés en que el Estado y las autonomías pudieran colaborar y trabajar en paralelo en la elaboración de la normativa curricular, “sería deseable que estas buenas intenciones se concretaran y se lograra algo más de consenso que el que se ha producido en la tramitación de la Ley, dejando al margen las cuestiones partidistas”.

Además, consideran igualmente importante que se pudiera alcanzar un «acuerdo para conseguir una mayor homogeneización de los currículos de las diferentes comunidades autónomas que la que se produjo con la Lomce». “La Lomloe garantiza un importante nivel de autonomía a las comunidades para el desarrollo de sus currículos, pero nada impide que, en los trabajos que éstas están desarrollando con el Ministerio, se pueda producir un alto nivel de acuerdo que, al menos en las áreas científicas, pueda producir una mayor homogeneización de la enseñanza. Resulta de todo punto incomprensible la existencia de 17 ediciones diferentes de un libro de Matemáticas como consecuencia de la dispersión de las políticas educativas”, apunta el informe.  Diferencias que, además, de generar dificultad en la edición escolar que se ve obligada a dividir y multiplicar su oferta, con ediciones cada vez más limitadas a cada territorio y el consecuente encarecimiento de los costos. Situación que acaba repercutiendo en el precio de los libros.

Para los editores, el curso 2021-22 constituye un «año de transición», en primer lugar, hacia una vuelta a la normalidad en las aulas después de dos años marcados por la pandemia del coronavirus. En segundo, por estar a las puertas de un nuevo desarrollo curricular. Y, por último, por la necesidad de revisar el proceso de integración de las nuevas tecnologías en las aulas.

Intervención de las administraciones educativas y pluralismo educativo

Respecto a esto último y, en lo referido a los contenidos, el Informe de Anele alerta de que la intervención de las administraciones educativas autonómicas promoviendo la creación y/o contratación de determinados recursos digitales podría poner en riesgo el pluralismo educativo. Los editores recuerdan que la Ley establece que los docentes son los únicos que pueden seleccionar qué libros y materiales se emplean en sus clases, por lo que, señalarles qué recursos deben emplear podría, además de suponer la vuelta al libro único, poner en riesgo la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra. “Por no hablar de lo que supondría que sea un determinado Gobierno quien determine qué desarrollo de los contenidos se imparten en sus clases”.

El informe menciona las decisiones adoptadas por comunidades como Galicia, Madrid o Castilla y León para contratar directamente determinados contenidos para incorporarlos en sus plataformas educativas dando sólo una opción a los profesores que, además, podría no ser adecuada para la metodología didáctica empleada en el centro.

En una línea similar se manifiestan frente a la promoción de la creación de los Recurso Educativos en Abierto (REA) planteándolos como alternativa a los libros de texto. El Informe de Anele señala que los editores educativos siempre han reconocido el papel beneficioso que desempeñan los materiales creados por los docentes como complemento de los materiales elaborados por las empresas. Así se está produciendo en otros países de nuestro entorno en los que un enfoque híbrido entre libro de texto y REA es algo más que bien recibido por el colectivo docente. “En el caso español, parece irse en sentido contrario y muchos de estos proyectos plantean la dicotomía entre REA y libros de texto”.

El Informe recuerda que la elaboración de libros y contenidos educativos es un proceso que requiere de tareas de revisión y control en el que está involucrado todo un equipo de expertos que se encargan de que estos lleguen a las aulas con los máximos estándares de calidad. “No sería la primera vez que, en España, proyectos REA a través de plataformas públicas carecen de cualquier control no sólo de la calidad de los contenidos que se incorporan a estas, sino, también, del uso indebido de material sujeto a derechos de propiedad intelectual”.

Para los editores, ambas iniciativas, contratación de unos determinados contenidos o la promoción de la creación de REA, son decisiones que, además de innecesarias, dada la amplia oferta de recursos digitales desarrollada por las empresas (más de 25.000 para el curso 2021-22), “carece de cualquier justificación y distorsiona gravemente la competencia y el libre mercado”.

Anele señala en su informe que, durante estos cursos de pandemia, en una situación de necesidad como la vivida, las autoridades educativas, tanto nacional como autonómicas, reclamaron el apoyo del sector editorial para ofrecer herramientas con las que poder continuar con las clases. “Como siempre, la respuesta fue inmediata y útil por la amplitud, variedad y riqueza de la oferta. Durante estos dos cursos el número de acceso a las plataformas online de las editoriales han superado los 3.700.000 alumnos y profesores. Las editoriales asumieron un coste que superó los 40 millones convencidos de que este era el momento en el que debían dar soluciones a la comunidad educativa. No sólo de contenidos, también con actividades formativas para docentes y familias”.  Los editores llaman la atención respecto al valor que se ha concedido a los libros y contenidos editoriales en tiempos de necesidad y al poco valor que se les otorga por las administraciones educativas en tiempos de normalidad.

En lo que respecta al mercado de libros y contenidos educativos este está cada vez más condicionado por las diferentes normativas establecidas por las administraciones educativas autonómicas respecto a los programas de ayudas a las familias que, en su gran mayoría, apuestan por la creación de sistemas de préstamos y bancos de libros. La decisión que las comunidades autónomas adoptan respecto a la dotación presupuestaria y/o los calendarios de renovación establecidos, incluso incumpliendo su propia normativa, acaban condicionando a todo el sector.

El informe de Anele señala que la incertidumbre con la que se inició el pasado curso condicionó decisiones como la renovación de los libros de aquellos cursos que habían cumplido el periodo de vigencia. Una situación que repercutió en el mercado de libros educativos que sufrió una caída del 6,6%. La cifra de facturación alcanzó el curso pasado los 765,47 millones de euros, lo que nos retrotrae a lo registrado en el año 2014 y muy lejos del máximo histórico registrado en 2008 (898,28 millones de euros). Una reducción de alrededor de 130 millones de euros que se produce existiendo 900.000 alumnos más en las aulas. En el curso pasado se vendieron un total de 41 millones de ejemplares con un precio medio de 17,97 euros el ejemplar, una cifra que representa cinco céntimos de incremento respecto al curso 2019-20.

En lo que respecta a la inversión realizada por las familias para la adquisición de libros de texto, el informe señala que como se puede ver en la tabla se está reduciendo de forma gradual en los últimos años. De hecho, en diez años, la disminución de esta ha sido de 18,84 euros. Las razones de esto no tienen tanto que ver con un menor uso de los libros de texto, que sigue siendo mayoritario, sino con el desarrollo de los programas de préstamo.

No obstante, para analizar la inversión media por alumno y el esfuerzo que las familias han de hacer para la adquisición de libros de texto hay que considerar, también, que en los últimos años se ha generalizado la puesta en marcha de sistemas de ayudas a las familias para los libros de texto por sistemas de préstamo y bancos de libros, universal o por nivel de renta. Su repercusión varía de unas comunidades a otras. Por ejemplo, en Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Madrid, Murcia, La Rioja, los modelos son universales y pueden participar todas las familias con hijos en centros sostenidos con fondos públicos. Todas estas iniciativas hacen que alrededor del 50% del alumnado de la enseñanza obligatoria, reciba algún tipo de ayuda para los libros de texto, situación ésta que hay que tener en cuenta a la hora de abordar los cálculos sobre los gastos de la vuelta al cole.

En cuanto a los libros digitales, la oferta de libros y materiales curriculares en formato digital continua su incremento y ya representa el 44% del total del catálogo con 25.805 títulos. Esto no tiene, sin embargo, reflejo en las ventas que, en 2020, registraron una caída de la facturación del 23%, hasta situarse en 20,04 millones de euros. Esto se debe, entre otras cosas a que dada la situación que se ha vivido se ha optado por un formato híbrido. Hoy, la práctica totalidad de los libros de texto en papel incluyen licencias digitales que se adquieren a la vez.