Un total de 3.649 plazas de FP continúan vacantes en la Comunidad de Madrid
De ellas, 703 son de Formación Profesional Básica, 1.030 de Grado Medio y 1.916 de Grado Superior, han indicado a Efe fuentes de la Consejería de Educación. Los alumnos pueden solicitar aún su incorporación a estos estudios que responden a la demanda del mercado laboral.
Con carácter general, de acuerdo con los datos actualizados de esta semana, quedan aún plazas en prácticamente todos los ciclos formativos, incluso en algunos tan solicitados como Educación Infantil, Marketing y Publicidad o Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en Grado Superior y en Cocina y gastronomía o Emergencias Sanitarias en Grado Medio.
Todavía hay plazas vacantes en ciclos con una alta inserción laboral. En Grado Superior, hay más de 250 plazas en informática, más de 340 en Electricidad y Electrónica y más de 130 en energías renovables. En Grado Medio, hay 125 plazas vacantes en atención a personas en situación de dependencia, 170 en los ciclos Electricidad y Electrónica y más de 140 en Gestión Administrativa.
En cuanto a la Formación Profesional a Distancia, la Consejería de Educación se encuentra en pleno procedimiento de admisión y matrícula. Durante los últimos cuatro cursos, el número de plazas formativas se ha visto incrementado en un 25,5 por ciento y, en el caso de Grado Superior, un 30 por ciento.
De esta forma, el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene un aumento constante de la oferta de plazas de Formación Profesional que supera de forma significativa a la media del conjunto de España.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha propuesto una actualización del decreto que regula los criterios de baremación para la admisión en centros sostenidos con fondos públicos, de forma que los concebidos no nacidos cuenten ya como miembros de la unidad familiar al efecto de aplicar las condiciones de familia numerosa al alumno solicitante. Se trata de «una propuesta, por ahora», según fuentes de la Consejería de Educación, que ha presentado este mes de septiembre el proyecto de modificación del decreto de libertad de elección de centro educativo al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, cuya consulta es preceptiva en materia educativa pero no vinculante para el Gobierno regional.
La propuesta del Gobierno madrileño busca modificar el artículo 9 del decreto 29/2013, de 11 de abril, sobre criterios de admisión en centros escolares, de forma que al aplicar la consideración de familia numerosa como criterio de admisión del alumno solicitante, el concebido no nacido contabilice como miembro de la unidad familiar. Se trataría de uno de los «criterios complementarios» junto con otros como ser alumnado nacido de parto múltiple, de familia monoparental, en situación de acogimiento familiar o ser víctima de violencia de género o del terrorismo.
En su Portal de Transparencia, el Gobierno regional explica que tramita el proyecto de decreto sobre libertad de elección de centro escolar -de un solo artículo- y actualiza «los criterios aplicables al proceso de admisión en centros sostenidos con fondos públicos, así como su ponderación, con la finalidad de que, como establece la normativa básica estatal, ninguno de ellos, con la excepción del criterio de proximidad, pueda superar el 30% de la puntuación máxima».
El pasado 23 de septiembre, la propuesta fue sometida a consulta del Consejo Escolar madrileño, integrado por los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF, UGT, USO, FSIE, Sindicato de Estudiantes, la FAPA Giner de los Ríos, representantes de centros concertados y privados, la patronal CEIM, universidades y la Administración, entre otras entidades.
Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la enseñanza madrileña, ha expresado su rechazo a que se modifique dicho decreto porque, entre otros motivos, plantea conceder derechos, como condición de familia numerosa, a los hermanos en cuya familia haya un concebido no nacido. CCOO considera que la modificación pretendida por la Consejería de Educación «se basa en un sistema perverso», y exige abordar un «cambio radical del modelo y sistema de admisión» del alumnado.
Para ANPE, «es un tema jurídico complejo. Puede parecer razonable que, en el momento de hacer la matrícula, se tenga en cuenta a los concebidos no nacidos a efectos de consideración del solicitante como perteneciente a familia numerosa», según su presidente Andrés Cebrián, quien entiende que pueda «acarrear dudas legales en cuanto a validez, justificación o momento de la gestación».
Según la FAPA, las modificaciones del decreto «no solo no mejoran, sino empeoran y dificultan aún más la escolarización», ya que además de incorporar a los concebidos no nacidos, se quita un punto por existencia de discapacidad física, psíquica o sensorial legalmente acreditada, que pasa a criterio complementario con solo 5 puntos. En el criterio de renta anual familiar solo se considera a beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) o Ingreso Mínimo Vital, dejando fuera a muchas familias desfavorecidas, critica la FAPA.