La Universidad, ante sus retos más inmediatos con la vista en el horizonte 2030

Una  vez que el Pleno del Congreso rechazara el 21 de octubre la enmienda de devolución al Gobierno por parte del Grupo Popular –los diputados de ERC retiraron la suya, también a la  totalidad, tras llegar a un acuerdo con PSOE y Unidas Podemos–, arranca ahora la tramitación parlamentaria de la Ley de Convivencia Universitaria. La futura normativa pasará a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de la cámara baja, donde se debatirán las enmiendas parciales, de allí al Senado y, de vuelta en el Congreso, será aprobada para su entrada en vigor, en sustitución del decreto de 1954.

Aun abierta a posibles modificaciones a partir de esas enmiendas parciales, a día de hoy los principales cambios que introduce la Ley de Convivencia Universitaria son su apuesta por la mediación como método preferente para la resolución de conflictos, su respeto a la autonomía universitaria –serán las universidades, públicas y privadas, las que desarrollen sus propias normas de convivencia– o el régimen sancionador que incluye para determinadas conductas consideradas como faltas. Estas se considerarán especialmente graves en casos de acoso sexual o de plagio o fraude universitario.

Esta supone que la convivencia universitaria adquiera un rango mayor –de decreto a ley–. E implica, como subrayaba el ministro Castells en el primer debate de la ley en el Congreso, acabar con una norma «preconstitucional e inconstitucional», en alusión al decreto franquista. Para él, se trata, además, de una oportunidad de dar ejemplo desde la Universidad, en el actual contexto de polarización política e ideológica: “Es en la Universidad donde muchos de nuestros jóvenes aprenden las reglas de la vida en sociedad y es, por tanto, en la Universidad donde hay que hacer especial énfasis en las normas de respeto y tolerancia que luego pueden extenderse al conjunto de la sociedad”.

Salvado el escollo de esta enmienda, que el Grupo Popular presentó, entre otros aspectos, por considerar que antes debería aprobarse la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), quedan todavía algunos flecos, como los que la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup) hacía notar la semana pasada. Entre sus alegaciones, la Creup, que ha llegado a apodar a esta ley  “la ley de los rectores”, figura la extensión de la mediación a los casos de fraude académico.

Pero la Ley de Convivencia no es la única reforma a la que se enfrenta el Sistema Universitario Español, que se encuentra en un panorama efervescente en que muchos creen que es el momento de abordar, ahora o nunca, retos pendientes con la vista puesta en el horizonte 2030.

Es el caso de la Conferencia de Rectores, Crue, que ha elaborado su propio documento, del mismo modo que elaboró sus aportaciones al anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En este último echa en falta una memoria económica y recuerda al ministro Castells “la necesidad de mayor autonomía y mayor financiación para internacionalizar, modernizar y hacer más competitivas a las universidades y al propio sistema”, un sistema que, subrayan, es complejo y, aunque mayoritariamente constituido por universidades públicas (50), está constituido también por universidades privadas (37).

En cuanto a la Ley de Ordenación e Integración de la FP, que arranca ahora su tramitación parlamentaria y se prevé aprobar este mismo año, tendrá su impacto en las universidades, por ejemplo, con las pasarelas formativas que plantea. Ambas enseñanzas comparten, por lo demás, desafíos como la digitalización o la empleabilidad. Respecto al índice de titulados que acceden al mercado laboral con un trabajo de calidad y acorde a su formación, la Universidad española presenta tasas adecuadas, en línea con otras universidades europeas, pero todavía queda camino por recorrer.

• Ley de Convivencia. El abordaje de la convivencia académica en la enseñanza universitaria adquiere un mayor rango –de decreto a ley– y la mediación se convierte en el instrumento prioritario para resolver conflictos.

• LOSU o ‘ley Castells’. Está en constante mutación, en busca de un mayor consenso. Los últimos cambios, en la elección de rectores o los requisitos para ser profesor titular.

• Ley de FP. Afecta colateralmente al Sistema Universitario Español. Busca afianzar las pasarelas entre ambas enseñanzas.