El Ministerio prevé que la ley de FP esté aprobada en el primer trimestre de 2022

La futura norma ha superado ya la fase de enmiendas en el Congreso sin que ningún grupo parlamentario presentara una enmienda a la totalidad, por lo que llegará próximamente al pleno de la Cámara Alta, continuando así su tramitación. En paralelo a la tramitación de la ley, tal y como ha explicado la ministra este jueves a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación, están en marcha las actuaciones del Plan de Modernización de la Formación Profesional. Entre otras actuaciones está la ampliación de plazas, la creación o conversión de ciclos formativos en bilingües, la puesta en marcha de aulas de emprendimiento y de digitalización aplicada y la formación de profesorado.

Este proyecto de ley, según ha informado la ministra, es una de las «prioridades» del Gobierno, ya que supone la principal herramienta para culminar la transformación de la Formación Profesional emprendida en 2018. Según ha relatado Alegría a los consejeros del ramo, el objetivo es la integración completa de la oferta formativa y la red de formación para el empleo para poner en marcha «una oferta única, modular y flexible» dirigida tanto a estudiantes como a trabajadores empleados y desempleados.

En una nota de prensa, el Ministerio de Educación ha subrayado que se trata de que la Formación Profesional sea una opción «de primera línea, puerta a un empleo de calidad y remunerado». En la Sectorial, Ministerio y comunidades han abordado también el desarrollo de los currículos de las distintas etapas educativas, que serán aprobados previsiblemente en las próximas semanas. Alegría ha destacado la colaboración de las administraciones para la elaboración de los reales decretos de enseñanzas mínimas, que se han discutido en reuniones bilaterales con cada una de las consejerías de Educación.

Por otro lado, la Conferencia Sectorial ha aprobado los criterios de reparto y la distribución de 200,7 millones de euros a las comunidades por la creación de 21.794 plazas públicas y gratuitas de Educación Infantil de 0 a 3 años. Esta partida forma parte de un plan a tres años financiado con 670,1 millones para la creación de 65.382 plazas gratuitas de titularidad pública de este tramo de edad.

En 2022, las comunidades recibirán 331 millones de euros de este programa, tal y como recoge el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, aprobado este jueves en el Congreso. Estos presupuestos incluyen, según la nota del Ministerio, una inversión «histórica» de 6.036 millones de euros para mejorar la calidad, equidad e igualdad de oportunidades del sistema educativo, la potenciación de la Formación Profesional y la digitalización.

La reforma educativa promovida desde el Gobierno de España, a través de la Lomloe, devalúa el esfuerzo del alumnado a juicio de la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, quien este jueves ha rechazado una vez más que los estudiantes puedan titular en ESO sin calificaciones. Por esta y otras razones, la consejera ha pedido que se demore la implantación, prevista para el próximo curso escolar 2022-23, de los currículos que regirán las enseñanzas mínimas en cada comunidad autónoma tanto en la Educación Primaria como en la Secundaria Obligatoria (ESO).

El análisis de los borradores de las normas que regirán a partir del próximo curso, según lo previsto, ha centrado la reunión de Conferencia Sectorial de Educación (entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas) celebrada durante la tarde de este jueves, han informado fuentes de la Consejería de Educación. Rocío Lucas, de nuevo en una reunión de la Conferencia Sectorial, ha vuelto a expresar su desacuerdo con los reales decretos que desarrollan esta reforma a partir del contenido de la Lomloe, el último de ellos la semana pasada sobre la evaluación, promoción y titulación al término de los cuatro cursos de la ESO.

La posibilidad de titular en ESO (al término del cuarto y último curso) con un número determinado de suspensos, a diferencia del resto de los cursos de esta etapa donde no se puede pasar con más de dos asignaturas sin aprobar, ha suscitado el rechazo de Castilla y León porque conllevará «la ley del mínimo esfuerzo y restará valor al esfuerzo del alumnado que haya obtenido calificaciones superiores». Esta medida es de obligado cumplimiento desde este mismo curso escolar, a punto de finalizar el primer trimestre, algo que ha censurado la consejera por «cambiar las reglas a mitad del partido», y la dificultad de modificar las programaciones didácticas ya diseñadas meses antes del inicio del presente curso 2021-22.

En cuanto a la asignatura de Religión, Castilla y León considera que la ausencia de una materia similar y sustitutiva para quienes no elijan la anterior, «complicará la organización de los centros educativos a la vez que relegará la materia a un papel secundario».

Por su parte, la consejera de Educación y Formación Profesional de Cantabria, Marina Lombó, ha instado al Ministerio a que se agilice la tramitación de los Reales Decretos que fijarán los currículos de Educación Primaria y Secundaria, que entrarán en vigor el próximo curso 2022-23, porque “septiembre está muy cerca” y las “comunidades autónomas necesitan tiempo suficiente para fijar los contenidos que son de su competencia y los docentes para preparar sus programaciones”.

Lombó ha explicado que Cantabria ha optado por “no esperar” a que el Estado fije definitivamente el sesenta por ciento de los contenidos para comenzar a trabajar en el cuarenta por ciento que ha de establecer la Comunidad Autónoma. Así, 70 personas, entre docentes e inspectores, trabajan ya en el diseño de ese porcentaje de los futuros currículos. “Nos hemos adelantado porque hay que contar con margen suficiente para llevar del papel al aula todos los cambios, que son sustanciales”, ha dicho Lombó.

“Si esperamos a que estén terminados no tendríamos margen para las jornadas de formación específica que queremos hacer en el último trimestre del curso con las dos partes, la estatal y la autonómica, ya definidas”, ha señalado. Pese a ello, reconoce que el tiempo “apremia”, porque es necesario saber con exactitud la “estructura” que fija el Ministerio para “poder cerrar la parte autonómica”.