La Ley de FP logra la mayoría absoluta del Congreso, con el único "no" del PP

Finalmente no se ha cumplido la aspiración del Gobierno que la ley de FP se convirtiera en la primera norma educativa de la democracia en aprobarse sin un voto en contra. Por 180 apoyos, 75 abstenciones y los 88 escaños en contra del PP, la ley ha salido adelante ya que precisaba de la mayoría absoluta por su carácter orgánico. Sigue así su tramitación en el Senado que la puede aprobar en sus términos actuales, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, deberá regresar al Congreso.

El proyecto supondrá una profunda reforma del sistema formativo de educación y de empleo para atajar el desbocado paro juvenil del país y fomentar la acreditación de las competencias profesionales, ya que el 48% de la población activa –once millones de españoles– no las tiene reconocidas.

Durante su debate en el hemiciclo, al que ha asistido la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, los portavoces de la mayoría de los grupos han coincidido en la necesidad de esta iniciativa para acabar con el histórico desajuste entre la oferta y demanda laboral (el 55% de las empresas no encuentra el perfil requerido, según la CEOE), y el desempleo juvenil, el más alto de Europa. La norma, que impulsó la antecesora de Alegría, Isabel Celaá, llega a la Cámara con el respaldo de la patronal y los sindicatos tras meses de negociación.

En palabras de Sara Giménez, de Ciudadanos, la aprobación de la Ley de FP supone «un hito en políticas educativas» y pone las bases para dignificar estas enseñanzas, en las que se matriculan solo el 12% de los jóvenes españoles frente al 25% de la Unión Europea. Para ello, ha advertido, se requerirán los recursos suficientes y ha recordado que en comunidades como Madrid y Cataluña miles de estudiantes se han quedado este curso sin plaza, una cuestión por la que el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación.

La memoria económica de la ley contempla una inversión de 5.500 millones –incluidos los procedentes de los fondos europeos– para su implantación en cuatro años, ha recordado Alfredo Sancho (PSOE).

Durante la tramitación en el Congreso se han presentado 592 enmiendas, de las que se han aceptado más de un tercio, entre ellas las de Cs para incorporar las lenguas extranjeras en estos estudios y elaborar un estudio cada cuatro años para evaluar la marcha de la ley, ha subrayado Giménez.

La portavoz de Más País-Equo, Inés Sabanés, ha subrayado que esta norma es «piedra angular» para la transformación del sistema productivo del país y ha lamentado que no se aceptara su enmienda para que todos los centros tuvieran un orientador o psicólogo para cuidar de la salud mental de los jóvenes. Montserrat Bassa, de ERC, ha recalcado que garantizar una oferta amplia de FP implica tener suficientes recursos, algo que en su opinión no asegura esta ley, ni tampoco la generalización de la FP dual –simultanea la enseñanza con las prácticas en las empresas–. En España, la FP Dual apenas roza al 4% frente a países europeos como Alemania donde alcanza el 60%. Según Bassa, la dualidad solo podrá generalizarse en las grandes empresas, no en las pymes, el 80% del tejido productivo.

Beatriz Jiménez (PP) ha recriminado al bloque de izquierdas usar el término consenso cuando «no ha querido hacerlo realidad» y ha puesto el ejemplo de su grupo que planteó 83 enmiendas y solo se aceptaron cuatro. «¿Es este el consenso que dicen buscar? Lo hacen de cara a la opinión pública, pero lo que hacen es imponernos su ideología». La mitad de las enmiendas –ha añadido– han sido negociadas con los partidos nacionalistas, lo que a su juicio deja claro con quién se quiere alcanzar el consenso.

La portavoz de Vox, Georgina Trías, ha comenzado su intervención reconociendo los dos graves problemas del paro juvenil y el desacoplamiento entre la oferta y la demanda laboral, pero ha dicho que esta ley «por mucho que pueda servir para blanquear» ha introducido «un sesgo ideológico». Además, ha criticado, la ley orgánica da prioridad a los centros públicos con lo que «se contraviene el espíritu» de la propia norma. En este sentido, Trías ha explicado que para dotar de agilidad al sistema se precisa de la colaboración pública privada, al tiempo que ha dudado de la consecución del objetivo de generalizar la FP dual.

El portavoz de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, ha recalcado que junto al paro juvenil, esta ley también se dirige a solucionar la falta de técnicos de nivel intermedio. «Es urgente y necesario este camino de la renovación» del sistema de formación profesional e impulsar su adaptación a los cambios productivos, ha agregado Sánchez, que ha mostrado su satisfacción por la inclusión de una de las enmiendas de su grupo para evitar abusos en las prácticas de empresa.

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha deseado una «larga vida» a esta ley, que durante su tramitación ha dicho haber mejorado para acercar la FP de calidad al medio rural. Durante el debate de enmiendas se ha aprobada una de Compromís que incluye al voluntariado entre los colectivos que podrán acogerse al reconocimiento y acreditación de competencias básicas y profesionales a lo largo de la vida. Por último, la portavoz de Bildu, Isabel Pozueta, ha dicho que harán falta muchos recursos para implantar la ley y ha calificado como «importante» haber logrado la inclusión de un servicio psicopedagógico en la FP Básica y Media y que los centros puedan participar en proyectos internacionales.

El grupo parlamentario popular cambió su idea inicial de abstenerse en la votación de la Ley de Formación Profesional, que ha salido por mayoría absoluta en el Pleno del Congreso con el único rechazo del PP, al entender que se discrimina a la enseñanza concertada.

Según fuentes populares, el Gobierno no se ha sentado a negociar la ley con ellos: «En el ámbito parlamentario hemos hecho un esfuerzo por llegar a la abstención aun cuando nuestro modelo era mucho más ambicioso pero la realidad es que han aprovechado las últimas sesiones para introducir enmiendas que nuevamente discriminaban la enseñanza concertada para priorizar la pública». «Este es un Gobierno que no es de fiar», han recalcado a Efe estas mismas fuentes.

En contraposición, fuentes del Ministerio de Educación han considerado que el cambio del sentido del voto se ha producido mientras se estaba votando y no tienen duda de que no ha sido por el contenido de la ley, aprobada en el Pleno con las abstenciones de Vox, Cup, ERC, PdeCat, BNG, Ciudadanos y Junts per Catalunya, y el sí del resto del arco parlamentario.

Según las fuentes de la cartera de Pilar Alegría, la norma ha nacido fruto de una práctica unanimidad y además no generaba tensiones ideológicas o grandes diferencias entre las fuerzas políticas. De hecho, han añadido, el grupo parlamentario socialista ofreció al PP transaccionar más del 40% de las enmiendas que planteó, casi un centenar.

Pese a no comprender este cambio de postura, que habría significado por primera vez en democracia que una ley educativa sale adelante sin un voto negativo, las fuentes ministeriales confían en que el PP reflexione y piense que es una buena ley que demandan sindicatos y patronal. Esas fuentes han recordado que el dictamen de la ley aprobada el pasado día 1 en comisión sí contó con la abstención del PP y ningún voto en contra.