El Senado aprueba la ley de FP con los únicos votos en contra del PP y Vox
De no aceptarse enmiendas en el Pleno del próximo día 22, como es previsible, la aprobación del proyecto de ley será definitiva y, por lo tanto, ya no será necesaria su remisión al Congreso. El dictamen ha sido aprobado este martes por quince votos a favor, tres abstenciones (dos de ERC y uno de UPN) y diez votos en contra (Vox y PP).
Durante la reunión esta mañana de la Ponencia encargada del estudio de la ley de Formación Profesional se acordó por mayoría no introducir enmiendas y votar el mismo texto que se envió el Congreso tras su aprobación por mayoría absoluta en su Pleno del 16 de diciembre. En esa ocasión, el Partido Popular se abstuvo –frente a la negativa de hoy en la Cámara Alta– y Vox la apoyó, frente a la negativa de hoy pese a tratarse del mismo texto.
Una de las principales novedades de esta norma, que cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios y de la patronal, es que la Formación Profesional pasará a ser dual, es decir, combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas en empresas –roza hoy el 4% en España frente al 60% de Alemania–. La norma establece dos tipos de FP: la General, con una duración de formación en la empresa entre el 25% y el 35%, y la Intensiva o Avanzada, con formación en la empresa a partir del 35% de la duración total.
El proyecto establece un nuevo sistema de grados de Formación Profesional (A, B, C, D y E), que contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E). Asimismo, prevé un Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional que incluye todas las opciones formativas que pueden cursarse en el marco de la FP y un Registro Estatal, que permitirá a toda la ciudadanía acceder al mismo y obtener una Vida Formativa-Profesional actualizada.
España presenta una baja proporción de matriculados en FP (el 12% de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente al 25% de media de la OCDE) a pesar de que la demanda es clara: el 40,3% de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas a perfiles con esta titulación. Una de las cuestiones que la nueva ley quiere solucionar es el preocupante nivel de desempleo juvenil, un 30,6% entre los menores de 25 años, el más elevado de la Unión Europea junto a Italia.