¡FP a la vista!

Las numerosas reformas educativas del siglo XXI en España han acertado en algunas cosas y no tanto en muchas otras, pero, sin duda, la FP está en grupo de las primeras. Se ha logrado no solo mejorar la calidad, oferta y pluralidad de los estudios de FP, sino lo que es más difícil, la imagen y concepción que la sociedad tiene de estos estudios de Formación Profesional.

Así, la nueva ley de FP recién aprobada y publicada en el BOE el día 1 de abril, Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, pretende solventar algunos flecos pendientes en una etapa educativa que, sin duda, ha experimentado una gran mejora en las últimas décadas: la Formación Profesional. La Ley Orgánica 3/2022 deroga la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Asimismo, modifica la disposición adicional 11 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (Lomloe) referida a la extinción del cuerpo de profesores técnicos e FP y el artículo 95 y las disposiciones adicionales 7 y 9 de la LOE. Con estos artículos la nueva ley tiene repercusión también en la función pública docente concretamente en el profesorado que imparte la Formación Profesional: regula la integración del profesorado del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de FP en el Cuerpo de profesores de enseñanzas y crea el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de FP, que también podrá desempeñar de forma extraordinaria la función docente en la ESO.

Dentro de las novedades también se encuentra la vocación de internacionalización de los estudios, la corresponsabilidad de agentes sociales y los poderes públicos, así como la modularidad y flexibilidad.

Esta nueva ley busca abordar el reto de la cualificación de la población activa –yendo más allá del ofrecimiento de titulaciones regladas con una estructura fija y estanca– y apuesta decididamente por la dualidad, esto es, que haya una inmersión en el tejido empresarial del alumnado mientras realiza sus estudios de FP, con todas las innegables ventajas que esto supone.

La nueva ley establece un nuevo marco en forma de grados para la clasificación de estudios o saberes profesionales:

• Nivel de acreditación parcial de competencias (grado A): que se constituye por resultados de aprendizaje que se integran en un nivel superior, con base en lo que se ha denominado como microformaciones.
• Nivel de certificado de competencia (grado B): es un módulo profesional que también formará parte de niveles superiores.
• Nivel de certificado profesional (grado C): se trata de los conocidos certificados profesionales.
• Nivel de ciclo formativo de FP (grado D): los ya asentados CCFF de grados básico, medio y superior.
• Nivel de cursos de especialización (grado E): se corresponde con los llamados másteres profesionales.

La idea de este nuevo concepto es desgranar los saberes y acreditarlos con microformaciones (grado A), de un determinado nivel que, junto a otras, integren uno superior y, así, ir subiendo de nivel, tal que toda la formación resulte acreditable y acumulable.

Los niveles A, B y C son accesibles para mayores de edad. Todas estas enseñanzas se integran en el catálogo nacional de estándares de competencias profesionales. Por su parte, los grados C, D y E tendrán vocación dual.

Así, se pretende ejercer un control que pasa por registrar toda la Formación Profesional a nivel estatal –en un registro estatal a tal efecto–, de modo que se anote toda la formación acreditada de los ciudadanos y que sea accesible para ellos a través de un informe de su vida formativa profesional.

Cabe destacar por otra parte el reconocimiento al papel relevante de la inspección educativa en la Formación Profesional tal y como había solicitado USIE al MEFP y a los grupos parlamentarios. Así se establece en el artículo 110.2 “A estos efectos, se contará con la alta inspección de educación y la inspección educativa para las actuaciones de inspección, supervisión y evaluación del Sistema de Formación Profesional…”.

A pesar de la mejora de las enseñanzas de la FP en nuestro país, el porcentaje de alumnos que optan por estas enseñanzas se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea (12% en España, frente al 25% en la Unión Europea). Por otra parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha propuesto como objetivo la acreditación a 10 millones de personas. Sin embargo, tomando en cuenta que desde 2009 apenas se han acreditado 300.000, no parece un objetivo fácilmente realizable. Quizás, uno de los principales obstáculos pueda ser que la población no tiene claras las ventajas de una acreditación extensiva, salvo que se haga una labor de reconocimiento y efectos previos de estas acreditaciones. Es primordial lograr que la imagen de esas acreditaciones pase por el cambio que sí se ha logrado con el sistema de FP, que otorga titulaciones regladas reconocidas y mejor valoradas por todos, un proceso de cambio que se ha logrado en poco más de tres décadas.

Con respecto a las empresas, surgen diversas preguntas. ¿Se implicarán las empresas realmente? ¿Cómo se abordará esto en las zonas rurales o con poco tejido industrial y/o empresarial? ¿Le compensará a las empresas la dualidad que las implica y propone de forma extensiva este modelo de FP? ¿Se usarán estas prácticas para suplir con menores costes a trabajadores por parte de las empresas? ¿Acabarán marcando las empresas las pautas en materia de FP a las administraciones educativas? ¿Se revisará la planificación actual de ciclos formativos, incluidos los de grado básico, en IES y CIFP valorando el tejido industrial y de servicios actual y su posible evolución? ¿Qué papel asumirán las universidades, públicas y privadas, a las que por primera vez se les ofrece la posibilidad de implicarse activamente en la FP?

Sin duda, todas estas preguntas, y otras muchas más, nos inundan y merecen cierta reflexión, abriendo un nuevo horizonte.

José Luis González Fernández es inspector de Educación (Ministerio de Educacion y FP)